Miércoles, Febrero 21, 2024

Desafíos de la infraestructura para el próximo gobierno, por Eduardo Frei

EL MERCURIO – Tal vez el desafío estructural más relevante que tendrá el próximo gobierno será alcanzar los niveles de inversión que el país requiere para acercarnos al umbral de bienestar al que aspiramos. De acuerdo con el documento “Un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030” —de la Fundación Democracia y Desarrollo, junto a Deloitte y en el que participó el CPI—, se propone llegar a “US$ 70 mil millones de inversión incremental en infraestructura pública y de interés público financiada por los privados. Entre ellas se encuentran los proyectos de metro, ferroviarios, logística, embalses, agua potable, conectividad e infraestructura digital”. Esto supone un nivel de inversión total en infraestructura cercano al 6,5% del PIB anual (US$ 20 mil millones). Esta es una meta de inversión alcanzable, aunque requiere un esfuerzo significativo de permanencia en las políticas públicas para el sector.

Para que este objetivo sea realizable, debe existir una visión compartida respecto de las necesidades que se aspira a satisfacer a través de la inversión en infraestructura y los resguardos para asegurar que estas inversiones sean sustentables social y ambientalmente. Es por eso que como CPI hemos planteado la creación de una instancia al máximo nivel político que piense el país en el largo plazo, defina los principales proyectos de infraestructura de interés público —que debieran impulsarse desde el gobierno central—; convoque a los diferentes actores a compartir esa visión; sugiera las responsabilidades institucionales públicas (de modo de asegurar las complementariedades y coordinaciones necesarias); proponga las modalidades de financiamiento y haga los seguimientos correspondientes para ratificar o enmendar rumbo.

Al margen del esfuerzo de planificación con una mirada de largo plazo, la gran dificultad radica en cómo financiar este importante desafío. Cerca del 50% de la inversión incremental corresponde a inversiones que realizarían las empresas de servicios regulados (agua, telecomunicaciones y energía). Para ellas es fundamental contar con un marco institucional que se adecue a las nuevas necesidades del país (extensión de concesiones, tarifas adecuadas, políticas de subsidios, servicios adicionales) y se establezcan áreas de cooperación con sus contrapartes públicas para complementar los esfuerzos.

Un porcentaje similar de inversión deberá ser impulsado por el gobierno. Conocida es la restricción financiera que enfrentará el presupuesto público. Al respecto, sería un éxito lograr que este mantuviese un compromiso tendencial con la inversión en infraestructura (2,1% del PIB). La diferencia (1% del PIB aproximadamente) podría ser financiada a través de mecanismos de asociación con el sector privado. Este es un requisito si se aspira a alcanzar las metas deseables. Para ello es fundamental validar esta forma de colaboración y proyectarla en el tiempo, para lo cual es necesario recuperar la confianza ciudadana y adecuar la institucionalidad para estos nuevos desafíos. Creemos que algunas acciones en esa dirección podrían ser:

-Demostrar que los proyectos financiados a través de esta modalidad son del interés del Estado (planificación).

-Asegurar una adecuada coordinación vinculante entre las entidades involucradas.

-Reforzar las instituciones públicas (ministerios, empresas del Estado, Gobiernos Regionales, municipios), a cargo de promover formas de asociación público-privada, tanto desde el punto de vista legal como de las capacidades de las unidades encargadas y los recursos destinados para alcanzar los propósitos deseados. Buenos proyectos, a cargo de instituciones con capacidad de ejercer debidamente el rol que les corresponde en la promoción, adjudicación y control de los compromisos contraídos, son un requisito indispensable para dar las seguridades que se requieren para este efecto.

-Un compromiso por parte de todos los actores con procesos que reconozcan a la comunidad, sean sustentables en lo ambiental y den garantías de transparencia en las diferentes fases de los proyectos.

Como se puede apreciar, es una tarea muy importante la que el nuevo gobierno tendrá por delante. Solo una convocatoria amplia para colaborar en este proceso puede augurar el éxito. El CPI está disponible para apoyar, en lo que sea necesario, para avanzar en esta dirección.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura Ex Presidente de la República

Fuente: El Mercurio, Jueves 23 de Diciembre de 2021

EL MERCURIO – Tal vez el desafío estructural más relevante que tendrá el próximo gobierno será alcanzar los niveles de inversión que el país requiere para acercarnos al umbral de bienestar al que aspiramos. De acuerdo con el documento “Un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030” —de la Fundación Democracia y Desarrollo, junto a Deloitte y en el que participó el CPI—, se propone llegar a “US$ 70 mil millones de inversión incremental en infraestructura pública y de interés público financiada por los privados. Entre ellas se encuentran los proyectos de metro, ferroviarios, logística, embalses, agua potable, conectividad e infraestructura digital”. Esto supone un nivel de inversión total en infraestructura cercano al 6,5% del PIB anual (US$ 20 mil millones). Esta es una meta de inversión alcanzable, aunque requiere un esfuerzo significativo de permanencia en las políticas públicas para el sector.

Para que este objetivo sea realizable, debe existir una visión compartida respecto de las necesidades que se aspira a satisfacer a través de la inversión en infraestructura y los resguardos para asegurar que estas inversiones sean sustentables social y ambientalmente. Es por eso que como CPI hemos planteado la creación de una instancia al máximo nivel político que piense el país en el largo plazo, defina los principales proyectos de infraestructura de interés público —que debieran impulsarse desde el gobierno central—; convoque a los diferentes actores a compartir esa visión; sugiera las responsabilidades institucionales públicas (de modo de asegurar las complementariedades y coordinaciones necesarias); proponga las modalidades de financiamiento y haga los seguimientos correspondientes para ratificar o enmendar rumbo.

Al margen del esfuerzo de planificación con una mirada de largo plazo, la gran dificultad radica en cómo financiar este importante desafío. Cerca del 50% de la inversión incremental corresponde a inversiones que realizarían las empresas de servicios regulados (agua, telecomunicaciones y energía). Para ellas es fundamental contar con un marco institucional que se adecue a las nuevas necesidades del país (extensión de concesiones, tarifas adecuadas, políticas de subsidios, servicios adicionales) y se establezcan áreas de cooperación con sus contrapartes públicas para complementar los esfuerzos.

Un porcentaje similar de inversión deberá ser impulsado por el gobierno. Conocida es la restricción financiera que enfrentará el presupuesto público. Al respecto, sería un éxito lograr que este mantuviese un compromiso tendencial con la inversión en infraestructura (2,1% del PIB). La diferencia (1% del PIB aproximadamente) podría ser financiada a través de mecanismos de asociación con el sector privado. Este es un requisito si se aspira a alcanzar las metas deseables. Para ello es fundamental validar esta forma de colaboración y proyectarla en el tiempo, para lo cual es necesario recuperar la confianza ciudadana y adecuar la institucionalidad para estos nuevos desafíos. Creemos que algunas acciones en esa dirección podrían ser:

-Demostrar que los proyectos financiados a través de esta modalidad son del interés del Estado (planificación).

-Asegurar una adecuada coordinación vinculante entre las entidades involucradas.

-Reforzar las instituciones públicas (ministerios, empresas del Estado, Gobiernos Regionales, municipios), a cargo de promover formas de asociación público-privada, tanto desde el punto de vista legal como de las capacidades de las unidades encargadas y los recursos destinados para alcanzar los propósitos deseados. Buenos proyectos, a cargo de instituciones con capacidad de ejercer debidamente el rol que les corresponde en la promoción, adjudicación y control de los compromisos contraídos, son un requisito indispensable para dar las seguridades que se requieren para este efecto.

-Un compromiso por parte de todos los actores con procesos que reconozcan a la comunidad, sean sustentables en lo ambiental y den garantías de transparencia en las diferentes fases de los proyectos.

Como se puede apreciar, es una tarea muy importante la que el nuevo gobierno tendrá por delante. Solo una convocatoria amplia para colaborar en este proceso puede augurar el éxito. El CPI está disponible para apoyar, en lo que sea necesario, para avanzar en esta dirección.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura Ex Presidente de la República

Fuente: El Mercurio, Jueves 23 de Diciembre de 2021

TITULARES