DIARIO CONCEPCIÓN – El Estado invertirá US$ 15 mil millones en la implementación del Plan de Emergencia Habitacional anunciado en 2022. Respecto a la habilitación de equipamientos comunitarios, el Plan determina la construcción de centros deportivos, educativos, de salud y sedes sociales, entre otros, cada 2.000 a 3.500 habitantes, dependiendo el caso. Esto, complementado con 5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, las que muchas veces se disponen en los retazos que deja la urbanización.
Nada se menciona sobre espacios disponibles para la instalación de oficinas fiscales, bancos, supermercados, espacios públicos o comercio. Es decir, en lo que respecta a nuevas urbanizaciones, se seguirá replicando la fórmula de producción de vivienda social utilizada durante las últimas décadas: edificar viviendas sin habilitar barrios. El resultado será posiblemente la misma forma urbana, con familias que continuarán dependiendo de largos tiempos de viaje para acceder a servicios y comercio.
Este modelo resulta de concebir las obras habilitantes como grandes inversiones, desestimando la infraestructura blanda que se necesita para la consolidación de barrios -equipamiento comercial, espacio público, sistemas para la mantención sostenible de áreas verdes-, así como la importancia de su efectiva organización en el espacio. El desafío del gobierno de levantar 260 mil nuevas viviendas de interés público en cuatro años es vigoroso y merece reconocimiento. Sin embargo, no se puede pasar por alto el riesgo de seguir replicando los errores del pasado: persistir en el “viviendismo”, esperando que a la construcción habitacional le seguirá la activación urbana, es a estas alturas, una falta peligrosa de planificación. Congestión vehicular, inseguridad y pérdida de economía local, son algunas de sus consecuencias.
Es tiempo de cambiar la lógica. No diseñar para que los habitantes de estos nuevos barrios dependan de los servicios ubicados en el centro de la ciudad; sino que llevar la ciudad a estos nuevos barrios.
Con la cantidad de recursos disponibles, el hacer ciudad -y buena ciudad- ya no se puede dejar a la improvisación; que las casas se transformen en almacenes o locales comerciales, y que el Programa “Quiero Mi Barrio” deba inyectar recursos públicos para solucionar los problemas que dejó la urbanización subsidiada.
Es tiempo de visibilizar y consolidar aquellas efectivas estrategias de planificación que están surgiendo desde actores públicos y privados. Desde la academia y el CPI hemos identificado dos caminos potencialmente complementarios: que las constructoras financien planes que aseguren la generación de nuevos barrios -y no solo la reproducción de viviendas- o bien que los SERVIU regionales formulen criterios de diseño de ciudad justa para el desarrollo de las urbanizaciones. Esperamos que estas iniciativas se robustezcan y veamos el surgimiento de planes urbanísticos barriales como una renovada forma de gestión urbana, tan imperiosamente demandada por la dispersión normativa actual.
Fuente: Diario Concepción, Jueves 16 de Marzo de 2023
