DIARIO FINANCIERO – Lo que debemos evitar son las relaciones contractuales tensionadas y desequilibradas, que se traducen en demoras, atrasos y sobrecostos que afectan de manera significativa a toda la cadena de actores que participan en ella.
Nuestro país enfrenta el desafío de recuperar al menos un millón de empleos, y para ello, el plan de obras públicas para los próximos cinco años aparece como una solución. Pero para que este sea efectivo no basta desarrollar proyectos que estén en condiciones de licitarse. Debemos contar, además, con una institucionalidad y un marco normativo moderno, que permitan una gestión contractual eficiente y colaborativa.
En los proyectos de ingeniería y construcción, la letra del contrato no es capaz de prever el cambiante futuro, por lo que las discrepancias son inevitables. Lo que debemos evitar son las relaciones contractuales tensionadas y desequilibradas, que se traducen en demoras, atrasos y sobrecostos que afectan de manera significativa a toda la cadena de actores que participan en ella, y, a nivel de política pública, la gestión de infraestructura del país.
En este contexto, el marco normativo es un elemento esencial. En nuestro país, el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, DS N°75, es el referente principal, no solo para las obras públicas sino también para la construcción en el ámbito privado. Sin embargo, es una herramienta desactualizada, que no regula las principales cuestiones y necesidades que se presentan durante la ejecución de las obras, como la determinación de mayores plazos de ejecución y pago de gastos generales; el aumento y disminución de obras, y las obras extraordinarias; la calificación de fuerza mayor; la suspensión y paralización de faenas; y la liquidación de contratos.
A lo anterior se suman factores como las diferencias en los criterios técnicos que aplican en los servicios del Estado y la Contraloría General de la República; una suerte de paralización de los funcionarios públicos en la toma de decisiones, por temor a los juicios sumarios y de cuentas que la Contraloría instruye iniciar en su contra; y la falta de mecanismos de resolución temprana de controversias que resuelvan oportunamente las discrepancias técnicas, jurídicas y económicas que se van presentando durante la ejecución de las obras.
El desbalance que surge de un marco normativo inadecuado pone en evidencia la urgencia de modernizar esta industria, en base a reglas claras que promuevan relaciones contractuales justas y equitativas, que contribuyan a que las divergencias se resuelvan de manera eficiente, evitando que las obras se posterguen, encarezcan y judicialicen.
Se requiere una normativa que incorpore estándares modernos en materia de contratación -como los modelos internacionales de contratos FIDIC, NEC o similares-, y proyectos en los que su ejecución no se entrabe por falta de decisiones o interpretaciones contradictorias, donde el interés de cada parte esté debidamente resguardado, y que sean el reflejo de una equilibrada colaboración de todos los actores. Asimismo, es clave un acompañamiento permanente en los contratos y un sistema eficiente de solución de conflictos. Estos necesarios cambios, como expresión de una renovada colaboración público-privada, aumentarían la productividad y la sostenibilidad, y pondrían a Chile en una posición de liderazgo en la región.
Fuente: Diario Financiero, Martes 08 de Junio de 2021
