CPI – Un análisis de los recientes acontecimientos vividos por el país a raíz del estallido social y sus efectos en la infraestructura en el corto y largo plazo, abordaron los asistentes al último consejo del Consejo de Políticas de Infraestructura, que fue conducido en esta ocasión por el expresidente de la República y actual presidente del CPI, Eduardo Frei. En la ocasión se elaboraron además algunas ideas sobre el nuevo prisma con el que se deben abordar las materias vinculadas a este ámbito para dar respuesta a las legítimas demandas ciudadanas que apuntan a superar las inequidades, sin descuidar la mirada a largo plazo.
Los asistentes al encuentro coincidieron además en la condena categórica a la violencia que ciertos grupos han sistematizado en las últimas semanas, que va por una senda distinta a la de las reivindicaciones sociales, y que se traducirá en mayores brechas para la ciudadanía, al afectar bienes de uso público fundamentales para los sectores más vulnerables. De igual forma, se asumió una posición crítica ante los excesos de carabineros que se han detectado en algunas situaciones críticas.
En su presentación, Frei reconoció el esfuerzo que ha realizado el mundo político y el Gobierno por alcanzar un acuerdo constitucional que abre un nuevo camino, a través de un cauce democrático y participativo, recalcando el rol fundamental que juega en este escenario el Consejo de Políticas de Infraestructura, en la elaboración de propuestas concretas que permitan enfrentar los desafíos que las nuevas circunstancias proponen.
El exmandatario afirmó que el primer esfuerzo que se debe realizar a nivel país es reparar el daño que ha sufrido la infraestructura en las últimas semanas -que según estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción alcanza a 4,5 billones de dólares, es decir a 1,5% del PIB. Un segundo énfasis, a su juicio, debe ponerse en la relegitimación, tanto de la inversión en infraestructura como medio para lograr mayores niveles de calidad de vida y desarrollo económico, como en las formas de financiamiento de esta infraestructura, haciendo las correcciones necesarias para promover formas de APP que complementen el financiamiento público. En cuanto a la legitimación social, de gran relevancia, el presidente del CPI hizo un llamado a contemplar, en la validación de los planes de infraestructura, una alta participación ciudadana, que convoque a los sectores público y privado, el mundo académico y a expertos de la sociedad civil, entre otros.
“En ese sentido, nuestra contribución temática en la construcción de ese plan nacional de infraestructura podría contemplar una mayor preponderancia en propuestas de infraestructura ciudadana, con énfasis en la sustentabilidad social y ambiental, que resuelvan los problemas que hoy afectan a nuestras ciudades, así como relevar la infraestructura productiva enfocada en solucionar carencias, tomando en consideración las restricciones financieras con que contará el país”, afirmó. Añadió que no es el momento de descuidar los problemas estratégicos que se enfrentarán, como la escasez hídrica o los rezagos en conectividad digital, y que se debe trabajar en el apoyo al Gobierno con propuestas en estas áreas.
Además, llamó a reflexionar sobre las modalidades de APP a las cuales se podría recurrir para movilizar recursos del sector privado hacia la infraestructura pública o a explorar otros mecanismos para estos fines, contemplando siempre la optimización del uso de los recursos. “En este sentido, la planificación integral de las intervenciones en el territorio pasa a ser fundamental. Ello requiere de una revisión de la institucionalidad vigente; de cómo se diseñan estas intervenciones, dónde radica la decisión de invertir, la elección de los momentos para llevarlas a cabo y la complementariedad que debe existir entre diferentes proyectos. Esto es tan válido para lo que se pretende hacer en las ciudades como en las zonas interurbanas. Creemos que la elaboración de una nueva constitución abre un espacio para que esto sea posible”, finalizó.
Leonardo Daneri, presidente de COPSA, por su parte, hizo referencia al cambio que experimentó Chile, que debiera traducirse en una modificación a la forma en que se produce, genera y administra la infraestructura y a la necesidad de, dado que se requerirá mayor participación privada en infraestructura en función de que el Estado tomará demasiados compromisos asociados con las demandas sociales, hacer ciertas correcciones necesarias, sobre todo en áreas donde se genera mayor fricción con la ciudadanía, como las autopistas.
Por su parte el expresidente Ricardo Lagos se refirió a la presión tributaria que hemos mantenido por más de 25 años sin cambios, lo que se ha traducido en la utilización del IVA – el impuesto más regresivo, que representa el 49% del total de los recursos tributarios de Chile – para inyectar financiamiento en distintos ámbitos. “Esto representa una dificultad grande. Cuando se multiplica el ingreso per cápita de un país por 5, que es lo que se multiplicó en las últimas décadas, la gente comienza a demandar bienes públicos que no se pueden financiar y se van cargando al ámbito privado. Hay una carencia tributaria grave. Ningún país con un 20% de presión tributaria puede abordar las demandas de bienes públicos que la ciudadanía está haciendo y es necesario tomar esto seriamente. Tenemos un gran desafío por delante; debemos discutir hoy qué haremos a futuro, si podemos incrementar el nivel tributario y ver mecanismos para hacerlo gradualmente, porque con un 20% de presión tributaria no vamos a llegar a ninguna parte dado el nivel de ingresos que tenemos”, expresó.
Respecto del rol del CPI en este nuevo espacio, la ex ministra de OO.PP. Loreto Silva afirmó que “adicionalmente, ahora más que nunca, se necesitan las APP, que se han considerado necesarias solo porque faltan recursos. Creo que la participación privada en infraestructura va mucho más allá y tiene que ver con gestión, servicios, mantención, con la forma en que se desarrollan los proyectos. Esta puede ser una oportunidad para avanzar mucho más en el rol de los privados en lo que es la gestión propiamente tal de la infraestructura”, aseveró.
El ex ministro de Vivienda, Alberto Etchegaray, hizo un llamado a no olvidar temas sensibles como la escasez hídrica y la infraestructura urbana y a repensar el tema tarifario, desarrollando un sistema que logre satisfacer a todos los integrantes de la ecuación: quienes invirtieron, el Estado y los usuarios. “Hemos resuelto problemas más complejos en Chile, y el CPI puede aportar mucho en esta discusión”, dijo.
Álvaro González, consejero del CPI, se refirió a la necesidad de comenzar a ver la infraestructura ya no tanto desde la oferta, sino desde la demanda de los usuarios. “Hay una correlación grande entre el servicio que presta la infraestructura –y no la infraestructura misma- en función de la percepción de los usuarios. Si hay congestión en las autopistas, quien las usa cree que son malas porque no le dan el servicio que necesita. Hay desigualdades importantes en algunos servicios y la gente ya no quiere oír de infraestructura, sino del servicio. Para esto debemos sumar a las comunidades y escucharlas”.
El rol del CPI, para que esta crisis se transforme en oportunidad y no en desastre, pasa, para el exministro de OO.PP. Alberto Undurraga, por relegitimar la infraestructura como motor de desarrollo y calidad de vida. Y para esto, llamó a hacer las preguntas correctas en el orden preciso: “Primero, debemos definir qué país queremos; la segunda pregunta a responder es qué infraestructura necesitamos para ese país que queremos, con menos desigualdad. Y la tercera, es cómo lo financiamos. Además, tenemos que hacernos cargo de los elementos de las actuales políticas de infraestructura que no se condicen con esta primera pregunta, para resolverlos en el contexto actual”, aseveró.
Por su parte el arquitecto, urbanista y director de Espacio Público, Iván Poduje, hizo un fuerte llamado a dimensionar el alcance de la destrucción de la ciudad a raíz de las últimas manifestaciones y el golpe que esto representa para la imagen país. “1/3 de locales Walmart han sido saqueados, en Valparaíso hay pérdidas por US$180 millones, hay 22 estaciones de metro dañadas y 15 centros de ciudades afectados. Esto sí tiene un componente de equidad o inequidad, pero también tiene otro de violencia política, delictual y de crimen organizado que no se ha dicho. Para eso propongo dos cosas: primero estimar y visibilizar cuánto se ha retrocedido producto de esa violencia en el último mes y luego, como CPI, hacer una propuesta que permita reconstruir en el corto plazo lo que se ha dañado”, enfatizó.
La reunión concluyó con un gran acuerdo acerca de la necesidad de reflexionar acerca del rol que la infraestructura jugará en el nuevo Chile y en el espacio que para ello tiene el CPI como entidad que colabora con el gobierno en el diseño y seguimiento de políticas públicas en este campo, siempre con una mirada de largo plazo, de transversalidad política y multidisciplinariedad técnica.
Fuente: CPI, Lunes 25 de Noviembre de 2019
