Jueves, Junio 24, 2021

Ciudades más amables, por Francisca Astaburuaga

LA SEGUNDA – La reciente promulgación de Ley de Convivencia Vial nos ha enfrentado de golpe a la obligación de madurar cívicamente, en lo que se refiere a la asignación de deberes y derechos, como usuarios de los distintos modos de transporte. La ley viene a dar un marco, estableciendo ciertas lógicas en un espacio limitado que hoy funciona con una organización precaria, lo que ha generado conflictos y lamentables accidentes.

Varias entidades han levantado la voz para manifestar su preocupación por la puesta en marcha de la normativa. El argumento principal es que antes de modificar la ley se debe contar con las condiciones mínimas de infraestructura que velen por la comodidad e integridad física de los actores involucrados.

Sin embargo, esperar a que esté disponible la infraestructura para echar a andar la ley nos tomará mucho más tiempo del que disponemos. En el escenario actual, las obras civiles tendrán que seguir a esta ley que actúa, en este sentido, como apalancadora de la infraestructura.

En el intertanto y con urgencia, cada municipio debería desarrollar un plan de contingencia que contemple medidas como demarcación y vías segregadas, como alternativas de rápido despliegue, que gradualmente sean reemplazadas por un sistema permanente y planificado de infraestructura para ciclos. Todo este movimiento va de la mano de un importante cambio cultural ciudadano, que no va a suceder de la noche a la mañana y va a requerir de educación, apoyo y fiscalización criteriosa.

Este esfuerzo, que involucra un cambio histórico en el ordenamiento de las urbes, está a la altura de los beneficios que ofrecen los ciclos no motorizados: cero emisiones, uso más eficiente del espacio vial, gratuidad y actividad física. Dicho esto, no hay que perder de vista que las bicicletas son un elemento integrante de un sistema mayor cuyo actor principal debe ser un transporte público eficiente y de calidad, al cual se sumen los ciclos como soluciones de última milla, parte de viajes intermodales o como modos de transporte para viajes completos.

El objetivo final es contar con ciudades más amables, eficientes y sustentables, en las que los distintos modos de transporte convivan adecuadamente, incluyendo al peatón. Esta ley es el inicio de un proceso donde los distintos actores deben colaborar para que la nueva normativa tenga resultados exitosos.

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Fuente: La Segunda, Miércoles 28 de noviembre de 2018

LA SEGUNDA – La reciente promulgación de Ley de Convivencia Vial nos ha enfrentado de golpe a la obligación de madurar cívicamente, en lo que se refiere a la asignación de deberes y derechos, como usuarios de los distintos modos de transporte. La ley viene a dar un marco, estableciendo ciertas lógicas en un espacio limitado que hoy funciona con una organización precaria, lo que ha generado conflictos y lamentables accidentes.

Varias entidades han levantado la voz para manifestar su preocupación por la puesta en marcha de la normativa. El argumento principal es que antes de modificar la ley se debe contar con las condiciones mínimas de infraestructura que velen por la comodidad e integridad física de los actores involucrados.

Sin embargo, esperar a que esté disponible la infraestructura para echar a andar la ley nos tomará mucho más tiempo del que disponemos. En el escenario actual, las obras civiles tendrán que seguir a esta ley que actúa, en este sentido, como apalancadora de la infraestructura.

En el intertanto y con urgencia, cada municipio debería desarrollar un plan de contingencia que contemple medidas como demarcación y vías segregadas, como alternativas de rápido despliegue, que gradualmente sean reemplazadas por un sistema permanente y planificado de infraestructura para ciclos. Todo este movimiento va de la mano de un importante cambio cultural ciudadano, que no va a suceder de la noche a la mañana y va a requerir de educación, apoyo y fiscalización criteriosa.

Este esfuerzo, que involucra un cambio histórico en el ordenamiento de las urbes, está a la altura de los beneficios que ofrecen los ciclos no motorizados: cero emisiones, uso más eficiente del espacio vial, gratuidad y actividad física. Dicho esto, no hay que perder de vista que las bicicletas son un elemento integrante de un sistema mayor cuyo actor principal debe ser un transporte público eficiente y de calidad, al cual se sumen los ciclos como soluciones de última milla, parte de viajes intermodales o como modos de transporte para viajes completos.

El objetivo final es contar con ciudades más amables, eficientes y sustentables, en las que los distintos modos de transporte convivan adecuadamente, incluyendo al peatón. Esta ley es el inicio de un proceso donde los distintos actores deben colaborar para que la nueva normativa tenga resultados exitosos.

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Fuente: La Segunda, Miércoles 28 de noviembre de 2018

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