Lunes, Abril 22, 2024

¿Chile, potencia desalinizadora?

EL LÍBERO – ¿Qué dejó el Congreso Internacional Nuevas Fuentes de Agua para Chile, que organizó Acades (Asociación Chilena de Desalación y Reúso)?

En primer lugar, confirmó el interés que existe en torno a la desalinización y el reúso del agua. El evento, que se realizó el 20 y 21 de marzo, suscitó una convocatoria superior a las 500 personas que siguieron los planteamientos de especialistas nacionales y extranjeros de 60 países.

También, hubo frases que sacaron aplausos y, sin duda, quedaron para la historia. El expresidente y actual presidente del CPI (Consejo de Políticas de Infraestructura) Eduardo Frei señaló que uno de los problemas actuales del país es la “permisología”. Agregó que esta palabra es un invento chileno, ya que no existe en la RAE. Si somos tan creativos, podríamos resolver esta dificultad.

El ex Mandatario llamó a seguir el ejemplo de Chile hace 25 años al fomentar las concesiones de las empresas sanitarias que han situado a nuestro país a la vanguardia mundial en abastecimiento y saneamiento de agua potable.

Hoy el cambio climático y la sequía nos interpelan a dar un nuevo salto. Actualmente una planta desalinizadora tarda más de una década en comenzar a operar, entre permisos y construcción. Es inaceptable decirle a la gente que enfrenta problemas de desabastecimiento de agua en la actualidad que tiene que esperar ocho o diez años. Necesitamos invertir, crecer y duplicar la inversión a USD 20 mil millones, planteó el ex Presidente Frei para cubrir el abastecimiento desde la Región de Antofagasta hasta la cuenca del Aconcagua.

Chile en el concierto latinoamericano corre con ventaja para poder desarrollar plantas desalinizadoras al disponer de un borde costero de 6.435 km. de longitud, tener todas sus ciudades a menos de 150 km. de la costa y poseer un potencial de generación de energía renovable enorme

Y es a través, una vez más, de la asociación entre el sector público y el privado por medio de un modelo de concesiones cómo Chile puede multiplicar su capacidad desalinizadora y dar el salto para que efectivamente en 10 años no sólo el 70% del agua que se use en la minería sea desalinizada, sino que también hayamos resuelto el abastecimiento de todas nuestras ciudades e incluso, seamos exportadores de este recurso.

El gobierno está preocupado de que sólo el 6% de las aguas tratadas se reutilizan, cifra que tiene sus detractores pues sólo considera como reúso las aguas que se derivan directamente desde las plantas de tratamiento hacia otros usos, y no las que se reutilizan luego de ser tratadas y vertidas en cauces naturales. También le preocupa la falta de planificación del borde costero para poder avanzar en la desalinización.

Ya hubo un avance con la publicación de la Ley 21.639 que modificó el DFL 850 del Ministerio de Obras Públicas que amplió del riego al consumo humano y el saneamiento sus facultades para desarrollar directa o por la vía de concesiones plantas desalinizadoras y otras obras de infraestructura hídrica, pero no se puede decir lo mismo del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09).

El 2023 pareció que se reactivaría su tramitación en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. ¿Qué pasó? Curiosamente, esta propuesta legislativa se sumó -más bien se amarró- al “Pacto Fiscal”, presentado por el Ministerio de Hacienda. Uno de los objetivos del pacto es impulsar el crecimiento, que incluye medidas de inversión pública y privada, en donde se encuentra el Plan de Inversión en Infraestructura y Gestión Hídrica. Lo anterior, da un poco más de tiempo para que entre el Ministerio de Obras Públicas y de Bienes Nacionales continúen discutiendo a cuál de los dos le debería corresponder entregar las concesiones marítimas. ¿Es importante esto? Puede ser, pero claramente no es algo central. ¿No es más importante dejar de lado discusiones estériles y buscar cómo acelerar la construcción de plantas desaladoras a través del modelo de concesiones? A menos que no se quiera impulsar el modelo de concesiones para permitir la seguridad hídrica del país.

¿Qué más dejó Acades 2024?

Nos dejó experiencias de sostenibilidad desarrolladas por empresas del sector minero. Dignas de aplausos son aquellas firmas en cuyas operaciones recircula casi el 85% de las aguas hasta siete veces y que han anunciado que dejarán de usar agua continental el 2028 o el 2030. Estas compañías han tomado conciencia de la necesidad de cuidar los recursos hídricos y la preservación de los ecosistemas, han desarrollado estrategias para enfrentar el cambio climático y asumido los riesgos para buscar las mejores modalidades para el transporte de agua.

Otro concepto que irrumpió con fuerza en Acades fue el de la “licencia social para operar”. Esta idea, que surgió en 1997, está siendo aplicada por muchas empresas mineras. Se trata de la legitimidad y el respaldo que la sociedad otorga a una organización para llevar a cabo sus actividades de manera sostenible y responsable y para obtenerla las compañías deben cumplir con ciertos estándares éticos, ambientales y sociales, junto con establecer relaciones positivas con las comunidades locales, respetando sus derechos y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.

Lo anterior incluye el cuidado medioambiental. Las calamidades ecológicas que algunos grupos atribuyen a las desaladoras, no se han visto en Chile. Es más, la investigación de Humberto Díaz, docente de la Universidad de Valparaíso, demuestra lo contrario.

En paralelo, Acades dejó sembrada una inquietud. La desalinización no es la única solución y si se aplica debe complementarse con otras medidas, entre las cuales podrían incluirse la construcción de embalses. Necesitamos una mejor gestión de infraestructura hídrica y habrá que estudiar con sentido de urgencia las dimensiones y capacidades de las obras de ingeniería que se requieran. Con el 20% del agua que vuelve al mar, Chile podría transformarse en potencia agroalimentaria, afirmó Salvador Villarino, gerente general de Aguas Nuevas.

Carlos Foxley, presidente de Acades, apuesta por la desalinización, pero también es consciente que su desarrollo no es compatible con la “permisología”. En estos días no sólo el ex Presidente Frei ha dicho que la permisología está matando a Chile.

Nuestro país puede convertirse en una potencia desalinizadora, capaz de contribuir con la seguridad hídrica para el consumo humano, el desarrollo económico y el cuidado de los ecosistemas, sin dejar de considerar las fuentes de empleo y desarrollo, especialmente para en zonas rurales, que generan las industrias relacionadas.

¿Llegaremos a ser potencia desalinizadora? Esto dependerá, al parecer, de la voluntad de las autoridades para permitir que el sector público y privado puedan impulsar este desarrollo como hace 25 años se hizo con las concesiones sanitarias, cuyos beneficios para el país y la calidad de vida de las personas son indiscutibles.

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Fuente: El Líbero, Miércoles 27 de Marzo de 2024

EL LÍBERO – ¿Qué dejó el Congreso Internacional Nuevas Fuentes de Agua para Chile, que organizó Acades (Asociación Chilena de Desalación y Reúso)?

En primer lugar, confirmó el interés que existe en torno a la desalinización y el reúso del agua. El evento, que se realizó el 20 y 21 de marzo, suscitó una convocatoria superior a las 500 personas que siguieron los planteamientos de especialistas nacionales y extranjeros de 60 países.

También, hubo frases que sacaron aplausos y, sin duda, quedaron para la historia. El expresidente y actual presidente del CPI (Consejo de Políticas de Infraestructura) Eduardo Frei señaló que uno de los problemas actuales del país es la “permisología”. Agregó que esta palabra es un invento chileno, ya que no existe en la RAE. Si somos tan creativos, podríamos resolver esta dificultad.

El ex Mandatario llamó a seguir el ejemplo de Chile hace 25 años al fomentar las concesiones de las empresas sanitarias que han situado a nuestro país a la vanguardia mundial en abastecimiento y saneamiento de agua potable.

Hoy el cambio climático y la sequía nos interpelan a dar un nuevo salto. Actualmente una planta desalinizadora tarda más de una década en comenzar a operar, entre permisos y construcción. Es inaceptable decirle a la gente que enfrenta problemas de desabastecimiento de agua en la actualidad que tiene que esperar ocho o diez años. Necesitamos invertir, crecer y duplicar la inversión a USD 20 mil millones, planteó el ex Presidente Frei para cubrir el abastecimiento desde la Región de Antofagasta hasta la cuenca del Aconcagua.

Chile en el concierto latinoamericano corre con ventaja para poder desarrollar plantas desalinizadoras al disponer de un borde costero de 6.435 km. de longitud, tener todas sus ciudades a menos de 150 km. de la costa y poseer un potencial de generación de energía renovable enorme

Y es a través, una vez más, de la asociación entre el sector público y el privado por medio de un modelo de concesiones cómo Chile puede multiplicar su capacidad desalinizadora y dar el salto para que efectivamente en 10 años no sólo el 70% del agua que se use en la minería sea desalinizada, sino que también hayamos resuelto el abastecimiento de todas nuestras ciudades e incluso, seamos exportadores de este recurso.

El gobierno está preocupado de que sólo el 6% de las aguas tratadas se reutilizan, cifra que tiene sus detractores pues sólo considera como reúso las aguas que se derivan directamente desde las plantas de tratamiento hacia otros usos, y no las que se reutilizan luego de ser tratadas y vertidas en cauces naturales. También le preocupa la falta de planificación del borde costero para poder avanzar en la desalinización.

Ya hubo un avance con la publicación de la Ley 21.639 que modificó el DFL 850 del Ministerio de Obras Públicas que amplió del riego al consumo humano y el saneamiento sus facultades para desarrollar directa o por la vía de concesiones plantas desalinizadoras y otras obras de infraestructura hídrica, pero no se puede decir lo mismo del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11608-09).

El 2023 pareció que se reactivaría su tramitación en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. ¿Qué pasó? Curiosamente, esta propuesta legislativa se sumó -más bien se amarró- al “Pacto Fiscal”, presentado por el Ministerio de Hacienda. Uno de los objetivos del pacto es impulsar el crecimiento, que incluye medidas de inversión pública y privada, en donde se encuentra el Plan de Inversión en Infraestructura y Gestión Hídrica. Lo anterior, da un poco más de tiempo para que entre el Ministerio de Obras Públicas y de Bienes Nacionales continúen discutiendo a cuál de los dos le debería corresponder entregar las concesiones marítimas. ¿Es importante esto? Puede ser, pero claramente no es algo central. ¿No es más importante dejar de lado discusiones estériles y buscar cómo acelerar la construcción de plantas desaladoras a través del modelo de concesiones? A menos que no se quiera impulsar el modelo de concesiones para permitir la seguridad hídrica del país.

¿Qué más dejó Acades 2024?

Nos dejó experiencias de sostenibilidad desarrolladas por empresas del sector minero. Dignas de aplausos son aquellas firmas en cuyas operaciones recircula casi el 85% de las aguas hasta siete veces y que han anunciado que dejarán de usar agua continental el 2028 o el 2030. Estas compañías han tomado conciencia de la necesidad de cuidar los recursos hídricos y la preservación de los ecosistemas, han desarrollado estrategias para enfrentar el cambio climático y asumido los riesgos para buscar las mejores modalidades para el transporte de agua.

Otro concepto que irrumpió con fuerza en Acades fue el de la “licencia social para operar”. Esta idea, que surgió en 1997, está siendo aplicada por muchas empresas mineras. Se trata de la legitimidad y el respaldo que la sociedad otorga a una organización para llevar a cabo sus actividades de manera sostenible y responsable y para obtenerla las compañías deben cumplir con ciertos estándares éticos, ambientales y sociales, junto con establecer relaciones positivas con las comunidades locales, respetando sus derechos y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.

Lo anterior incluye el cuidado medioambiental. Las calamidades ecológicas que algunos grupos atribuyen a las desaladoras, no se han visto en Chile. Es más, la investigación de Humberto Díaz, docente de la Universidad de Valparaíso, demuestra lo contrario.

En paralelo, Acades dejó sembrada una inquietud. La desalinización no es la única solución y si se aplica debe complementarse con otras medidas, entre las cuales podrían incluirse la construcción de embalses. Necesitamos una mejor gestión de infraestructura hídrica y habrá que estudiar con sentido de urgencia las dimensiones y capacidades de las obras de ingeniería que se requieran. Con el 20% del agua que vuelve al mar, Chile podría transformarse en potencia agroalimentaria, afirmó Salvador Villarino, gerente general de Aguas Nuevas.

Carlos Foxley, presidente de Acades, apuesta por la desalinización, pero también es consciente que su desarrollo no es compatible con la “permisología”. En estos días no sólo el ex Presidente Frei ha dicho que la permisología está matando a Chile.

Nuestro país puede convertirse en una potencia desalinizadora, capaz de contribuir con la seguridad hídrica para el consumo humano, el desarrollo económico y el cuidado de los ecosistemas, sin dejar de considerar las fuentes de empleo y desarrollo, especialmente para en zonas rurales, que generan las industrias relacionadas.

¿Llegaremos a ser potencia desalinizadora? Esto dependerá, al parecer, de la voluntad de las autoridades para permitir que el sector público y privado puedan impulsar este desarrollo como hace 25 años se hizo con las concesiones sanitarias, cuyos beneficios para el país y la calidad de vida de las personas son indiscutibles.

Ver artículo

Fuente: El Líbero, Miércoles 27 de Marzo de 2024

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