CPI – “El desarrollo de Chile precisa de inversiones en activos alternativos, y para esto es necesario generar los espacios necesarios para que las AFP y compañías de seguros sean actores relevantes desde el punto de vista del financiamiento de la infraestructura que el país requiere”, así lo señaló el secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, al analizar los alcances de la nueva Ley N° 20.956.
Las declaraciones las formuló en el seminario “Llegó la Hora: Inversión en Activos Alternativos”, organizado por la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) y AFP Capital, realizado recientemente en Santiago, y en el que también participaron el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y el gerente de Inversiones de AFP Capital, Francisco Guzmán.
Cruz destacó que “hoy hay cierto escepticismo por parte de los inversionistas, porque no se ven aún muchos proyectos nuevos que sean atractivos, pero si no contamos con su respaldo financiero (de AFP y compañías de seguros) no me imagino que podamos dar el salto cualitativo y cuantitativo en infraestructura que el país necesita”.
En la ocasión, el superintendente de Pensiones explicó que la nueva legislación permite a las AFP invertir entre el 5% y el 10% de su cartera en activos alternativos, lo que podría traducirse, en el largo plazo, en un incremento de la rentabilidad de las pensiones de hasta un 10%.
Por su parte Francisco Guzmán, gerente de Inversiones de AFP Capital, explicó que, si bien los gestores previsionales pueden invertir dicho monto en activos alternativos, se espera que en un principio la cifra alcance un máximo de 6%, la que es esperable aumentar en el tiempo para acortar la brecha con la inversión realizada por otros países, que alcanza casi el 12%.
“Junto con la ley que permite la inversión en activos alternativos, el país ha hecho un esfuerzo importante por crear una institucionalidad que permita que esas inversiones tengan mucha más solidez; la aprobación del Fondo de Infraestructura –en marzo pasado- genera condiciones de garantía muy importantes para que estos recursos puedan invertirse con mayor certeza en proyectos que tienen riesgos de difícil diversificación. El Fondo debiera cumplir una función importante en términos de permitir que estas inversiones tengan rentabilidades más altas, porque tienen más riesgos, pero a la vez con la seguridad que el Estado otorga para que esas inversiones puedan efectivamente redituar a los afiliados en la mejor condición posible”, explicó Carlos Cruz.
Añadió que “este proceso se vincula con la institucionalización del modelo de concesiones, a través de la Dirección General de Concesiones, que también es una buena señal porque permite darle más certeza y apoyo normativo y operativo a la incorporación de recursos privados a infraestructura pública”.
Fuente: CPI, Martes 14 de agosto de 2018
