Miércoles, Mayo 12, 2021

Cárceles concesionadas y reinserción

EL MERCURIO – Ha advertido el ministro de Justicia que los resultados de las cárceles concesionadas en materia de reinserción no han sido los esperados. Ello, pese a que, según la normativa, las concesionarias de cárceles deben hacerse cargo de la reinserción y de la atención psicosocial y sanitaria de los internos, además de los servidos de lavandería, educación, economato y mantención y aseo de dependencias, lo que también incluye el control de plagas, encontrándose bajo la supervisión de la inspección técnica del Ministerio de Obras Públicas (ITF).

No puede negarse que, pese a que muchas de las cárceles inicialmente proyectadas no se han levantado, las concesiones para la construcción y administración de ellas han mejorado la infraestructura penitenciaria. Esto explica la buena percepción comparativa de internos y funcionarios respecto de factores como el espacio y privacidad de las celdas, y de cuestiones tan básicas como el estado de los baños y hasta la posibilidad de ducharse diariamente. Sin embargo, también es claro que, respecto del sistema carcelario tradicional, presentan un menor acceso y calidad en su oferta de intervención psicosocial para los internos. Por eso, el que los niveles de reincidencia que se aprecian en el sistema concesionado no difieran significativamente del desempeño exhibido por sus contrapartes públicas no debiera resultar una sorpresa.

Existen algunas aproximaciones que intentan dar razones para esto. Por ejemplo, se menciona el potencial conflicto que existiría entre el interés financiero de las concesionarias (especialmente en los casos en que los contratos están asociados a pago por día de interno) y la reducción de la población penal que a la larga se produciría al implementarse estrategias de reinserción exitosas. Sin embargo, es probable que las dificultades sean mucho más concretas y cotidianas. Aparecen aquí cuestiones como el control de los costos de operación, que incentivarían una menor contratación de personal especializado (trabajadores sociales, psicólogos), optándose por profesionales con poca experiencia y escaso perfeccionamiento en la materia, pero dispuestos a trabajar por remuneraciones más bajas. Además, la existencia de bandas de metas asociadas a reinserción muy amplias incentiva al privado a optar por los umbrales mínimos de cobertura para su oferta programática. Como resultado, las intervenciones tienen bajo impacto.

Desde esta perspectiva es imprescindible tomar nota de la experiencia acumulada e instar para que las cárceles concesionadas recluten y mantengan buenos especialistas dentro de sus equipos técnicos. las intervenciones psicosociales requieren de la permanencia de los profesionales de calidad, pero hay evidencia (Fundación Paz Ciudadana, 2013) de que, comparativamente, los recintos concesionados presentan mayor rotación de profesionales que la de las cárceles tradicionales.

Adicionalmente no puede perderse de vista el hecho de que algunos supuestos con los que opera todo el sistema carcelario —por ejemplo, las tasas de sobrepoblación y hacinamiento— no se han cumplido. Ello hace muy difícil establecer programas de reinserción eficaces. En verdad, la falta de infraestructura, sumada a la dificultad de construir nuevas cárceles debido a la recurrente oposición de las comunidades, es un problema general, que se potencia por la falta de racionalidad en el uso de la cárcel como sanción penal o incluso como medida preventiva, lo cual hace particularmente difícil el trabajo de reinserción.

Con todo, el discreto resultado en esta materia no puede llevar a concluir que el sistema de concesiones sea en sí mismo inadecuado para la gestión de esta necesidad pública. De hecho, este mecanismo puede aportar recursos en un área donde el Estado ha sido endémicamente deficitario. El punto es, a partir de las falencias que las primeras experiencias de concesiones penitenciarias han evidenciado, avanzar hacia un sistema que efectivamente se haga cargo de la realidad carcelaria chilena, con un diseño de contratos que considere los incentivos adecuados y que no opere a partir de supuestos que luego no podrán cumplirse. Todo ello, sin perder de vista que, mientras no racionalicemos el uso de la cárcel y se siga apostando a medidas que solo incrementarán la población penal, es poco probable que se consigan resultados verdaderamente exitosos.

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Fuente: El Mercurio, Jueves 12 de julio de 2018

EL MERCURIO – Ha advertido el ministro de Justicia que los resultados de las cárceles concesionadas en materia de reinserción no han sido los esperados. Ello, pese a que, según la normativa, las concesionarias de cárceles deben hacerse cargo de la reinserción y de la atención psicosocial y sanitaria de los internos, además de los servidos de lavandería, educación, economato y mantención y aseo de dependencias, lo que también incluye el control de plagas, encontrándose bajo la supervisión de la inspección técnica del Ministerio de Obras Públicas (ITF).

No puede negarse que, pese a que muchas de las cárceles inicialmente proyectadas no se han levantado, las concesiones para la construcción y administración de ellas han mejorado la infraestructura penitenciaria. Esto explica la buena percepción comparativa de internos y funcionarios respecto de factores como el espacio y privacidad de las celdas, y de cuestiones tan básicas como el estado de los baños y hasta la posibilidad de ducharse diariamente. Sin embargo, también es claro que, respecto del sistema carcelario tradicional, presentan un menor acceso y calidad en su oferta de intervención psicosocial para los internos. Por eso, el que los niveles de reincidencia que se aprecian en el sistema concesionado no difieran significativamente del desempeño exhibido por sus contrapartes públicas no debiera resultar una sorpresa.

Existen algunas aproximaciones que intentan dar razones para esto. Por ejemplo, se menciona el potencial conflicto que existiría entre el interés financiero de las concesionarias (especialmente en los casos en que los contratos están asociados a pago por día de interno) y la reducción de la población penal que a la larga se produciría al implementarse estrategias de reinserción exitosas. Sin embargo, es probable que las dificultades sean mucho más concretas y cotidianas. Aparecen aquí cuestiones como el control de los costos de operación, que incentivarían una menor contratación de personal especializado (trabajadores sociales, psicólogos), optándose por profesionales con poca experiencia y escaso perfeccionamiento en la materia, pero dispuestos a trabajar por remuneraciones más bajas. Además, la existencia de bandas de metas asociadas a reinserción muy amplias incentiva al privado a optar por los umbrales mínimos de cobertura para su oferta programática. Como resultado, las intervenciones tienen bajo impacto.

Desde esta perspectiva es imprescindible tomar nota de la experiencia acumulada e instar para que las cárceles concesionadas recluten y mantengan buenos especialistas dentro de sus equipos técnicos. las intervenciones psicosociales requieren de la permanencia de los profesionales de calidad, pero hay evidencia (Fundación Paz Ciudadana, 2013) de que, comparativamente, los recintos concesionados presentan mayor rotación de profesionales que la de las cárceles tradicionales.

Adicionalmente no puede perderse de vista el hecho de que algunos supuestos con los que opera todo el sistema carcelario —por ejemplo, las tasas de sobrepoblación y hacinamiento— no se han cumplido. Ello hace muy difícil establecer programas de reinserción eficaces. En verdad, la falta de infraestructura, sumada a la dificultad de construir nuevas cárceles debido a la recurrente oposición de las comunidades, es un problema general, que se potencia por la falta de racionalidad en el uso de la cárcel como sanción penal o incluso como medida preventiva, lo cual hace particularmente difícil el trabajo de reinserción.

Con todo, el discreto resultado en esta materia no puede llevar a concluir que el sistema de concesiones sea en sí mismo inadecuado para la gestión de esta necesidad pública. De hecho, este mecanismo puede aportar recursos en un área donde el Estado ha sido endémicamente deficitario. El punto es, a partir de las falencias que las primeras experiencias de concesiones penitenciarias han evidenciado, avanzar hacia un sistema que efectivamente se haga cargo de la realidad carcelaria chilena, con un diseño de contratos que considere los incentivos adecuados y que no opere a partir de supuestos que luego no podrán cumplirse. Todo ello, sin perder de vista que, mientras no racionalicemos el uso de la cárcel y se siga apostando a medidas que solo incrementarán la población penal, es poco probable que se consigan resultados verdaderamente exitosos.

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Fuente: El Mercurio, Jueves 12 de julio de 2018

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