Miércoles, Febrero 8, 2023

Campamento o vivienda: tiempo de cambiar la estrategia, por Marcela Ruiz-Tagle

DIARIO FINANCIERO – Sin duda uno de los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno es el significativo aumento de campamentos y la carencia de vivienda. El fenómeno ha sido parte de la historia del país. Ya en los inicios del siglo XIX surgieron los primeros propietarios, principalmente de clase media, que arrendaban espacios de vivienda a la población más vulnerable, como conventillos y cuartos sin ventanas. Estas prácticas fueron resistidas y tratadas como un problema higiénico. Por su cantidad, se transformaban en focos de epidemia, pestilencia y seguridad, motivo por el cual se buscó erradicarlos.

Si bien con el tiempo se impulsaron diversas políticas para disminuir la informalidad y los problemas de habitabilidad y vulnerabilidad de las familias, estableciéndose estándares de calidad y urbanización, la realidad nos muestra que la necesidad no solo ha advertido, sino que su solución se ha complejizado . Hoy, como en el pasado, muchas familias deciden terminar con su hacinamiento y con la espera por un subsidio habitacional yendo a vivir a un campamento, presionando con ello al Estado en un ámbito en el cual su accionar ha definido fallado.

Tres han sido las estrategias de intervención de las empleadas hasta hoy: radicación a partir de una nueva solución habitacional; radicación a partir de un proyecto de consolidación y consolidación barrial; y relocalización, a partir de la obtención de un subsidio para acceder a una vivienda en lugar distinto al campamento, con traslado individual o del conjunto de la comunidad. Esta última es la más utilizada, lo que da cuenta de que el foco sigue siendo el cierre y erradicación de los asentamientos junto a la recuperación del territorio ocupado, a pesar de que ello se logra particularmente en los campamentos de menor tamaño y que el proceso demora entre 6 a 8 años.

Si bien el grueso de los campamentos se localiza en las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, las realidades son muy diversas. Las regiones extremas son las que menos campamentos concentran, aunque Arica y Parinacota y Tarapacá registran los de mayor tamaño promedio. A nivel comunal Lota destaca con campamentos centenarios y Viña del Mar, hasta el año pasado, con los campamentos más numerosos. Realidad que ha sido tristemente superada por Alto Hospicio, en la cual el campamento Toma Alto Molles – La Pampa Sur en tan solo cuatro años se ha expandido hasta albergar más de 2.600 familias, sin acceso a servicios básicos, infraestructura o retiro de basura, en una superficie superior a las 118 hectáreas, equivalentes al 7,5% de la superficie urbana de la comuna.

Pareciera que es tiempo de que las autoridades definan criterios de priorización de los campamentos a intervenir, flexibilicen la estrategia a aplicar en función de cada realidad, establezcan metas respecto a plazos y cobertura de la población a atender, evalúen el acceso y aplicación de los subsidios entregados a las familias, y por sobre todo, asignan el presupuesto público en línea con la magnitud del problema a resolver.

Marcela Ruiz-Tagle, Economista

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Fuente: Diario Financiero, Viernes 11 de Febrero de 2022

DIARIO FINANCIERO – Sin duda uno de los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno es el significativo aumento de campamentos y la carencia de vivienda. El fenómeno ha sido parte de la historia del país. Ya en los inicios del siglo XIX surgieron los primeros propietarios, principalmente de clase media, que arrendaban espacios de vivienda a la población más vulnerable, como conventillos y cuartos sin ventanas. Estas prácticas fueron resistidas y tratadas como un problema higiénico. Por su cantidad, se transformaban en focos de epidemia, pestilencia y seguridad, motivo por el cual se buscó erradicarlos.

Si bien con el tiempo se impulsaron diversas políticas para disminuir la informalidad y los problemas de habitabilidad y vulnerabilidad de las familias, estableciéndose estándares de calidad y urbanización, la realidad nos muestra que la necesidad no solo ha advertido, sino que su solución se ha complejizado . Hoy, como en el pasado, muchas familias deciden terminar con su hacinamiento y con la espera por un subsidio habitacional yendo a vivir a un campamento, presionando con ello al Estado en un ámbito en el cual su accionar ha definido fallado.

Tres han sido las estrategias de intervención de las empleadas hasta hoy: radicación a partir de una nueva solución habitacional; radicación a partir de un proyecto de consolidación y consolidación barrial; y relocalización, a partir de la obtención de un subsidio para acceder a una vivienda en lugar distinto al campamento, con traslado individual o del conjunto de la comunidad. Esta última es la más utilizada, lo que da cuenta de que el foco sigue siendo el cierre y erradicación de los asentamientos junto a la recuperación del territorio ocupado, a pesar de que ello se logra particularmente en los campamentos de menor tamaño y que el proceso demora entre 6 a 8 años.

Si bien el grueso de los campamentos se localiza en las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, las realidades son muy diversas. Las regiones extremas son las que menos campamentos concentran, aunque Arica y Parinacota y Tarapacá registran los de mayor tamaño promedio. A nivel comunal Lota destaca con campamentos centenarios y Viña del Mar, hasta el año pasado, con los campamentos más numerosos. Realidad que ha sido tristemente superada por Alto Hospicio, en la cual el campamento Toma Alto Molles – La Pampa Sur en tan solo cuatro años se ha expandido hasta albergar más de 2.600 familias, sin acceso a servicios básicos, infraestructura o retiro de basura, en una superficie superior a las 118 hectáreas, equivalentes al 7,5% de la superficie urbana de la comuna.

Pareciera que es tiempo de que las autoridades definan criterios de priorización de los campamentos a intervenir, flexibilicen la estrategia a aplicar en función de cada realidad, establezcan metas respecto a plazos y cobertura de la población a atender, evalúen el acceso y aplicación de los subsidios entregados a las familias, y por sobre todo, asignan el presupuesto público en línea con la magnitud del problema a resolver.

Marcela Ruiz-Tagle, Economista

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Fuente: Diario Financiero, Viernes 11 de Febrero de 2022

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