EL MOSTRADOR – En la Convención Constitucional se ha aprobado en general, en la comisión que trata los temas de medio ambiente y desarrollo económico, la idea de caducar los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) concedidos a partir de la promulgación del Código de Aguas de 1981. Para una adecuada comprensión de la opinión pública (y de los propios convencionales) de lo que esa medida implicaría, es conveniente entregar algunos antecedentes.
Los DAA otorgados desde 1981 corresponden principalmente a derechos sobre aguas superficiales del sur del río Bío-Bío y de los cursos inferiores de los ríos de la zona central, derechos sobre recursos eventuales (para ser embalsados), derechos no consuntivos (que no consumen el agua, en hidroelectricidad, por ejemplo) y derechos sobre aguas subterráneas.
Veamos los impactos de la propuesta aprobada. En primer lugar, en lo que se refiere a la provisión de agua potable para la población, es necesario tener presente que los DAA han contribuido para que, desde 1981, los chilenos que tienen acceso a agua potable en zonas urbanas se hayan incrementado en 7 millones y se hayan construido unos 1500 sistemas de agua potable rural.
En relación con el abastecimiento de energía, durante la pasada década un tercio de la energía eléctrica se generó en centrales hidráulicas, las que en un 70% aproximadamente proviene de centrales construidas con posterioridad a 1981 (por ejemplo: Colbún, Ralco, Pangue, Pehuenche y Canutillar, entre muchas otras). Además, desde 1981 se han construido más de 40.000 pozos de aguas subterráneas, los que han contribuido al desarrollo agrícola, en especial para la producción frutícola y la vitivinicultura, y han permitido el abastecimiento de miles de actividades industriales. Por su parte, el Estado sobre la base de dichos derechos ha construido en distintas cuencas embalses tales como Santa Juana (Huasco), Puclaro (Elqui), Corrales y El Bato (Choapa), Ancoa (Maule) y Chironta (en construcción en el río Lluta). En síntesis, en relación con el uso productivo del agua, se debe tener presente que el 83% de las exportaciones chilenas (2019) dependen del ejercicio de DAA (y más del 20% del empleo), los que en un porcentaje importante se constituyeron después de 1981, como es el caso de toda la salmonicultura (DAA no consuntivos) y buena parte de otros rubros (celulosa, minería, vinos, frutas, etc.).
Con estos antecedentes cabe preguntarse si se sabe de qué estamos hablando cuando se propone la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua constituidos en los últimos 40 años.
Fuente: El Mostrador, Jueves 17 de Febrero de 2022
