Lunes, Abril 15, 2024

Asociación público-privada, clave para la descentralización. Por Paulo Muñoz

ESTRATEGIA – Este año se ha reabierto la discusión sobre las atribuciones que poseen los Gobiernos Regionales para el desarrollo de sus territorios. Y un elemento relevante para este objetivo es la infraestructura, la que parece ser “invisible”, pero que nos recuerda su importancia cuando falla o se hace evidente su déficit, lo que impacta la calidad de vida de las comunidades.

En general, el “nivel central” del Gobierno es el que gatilla las inversiones en infraestructura a nivel nacional. Sin embargo, creemos que los Gobiernos Regionales (Gores) deberían tomar un mayor protagonismo en este ámbito, lo que les permitiría desarrollar proyectos de pequeña y mediana envergadura entre los que se pueden nombrar parques, establecimientos de salud, centros de eventos, tranvías, teleféricos, hospitales, cárceles y corredores de trasporte, entre otros. Se trata de iniciativas que renovarán las ciudades, lo que permite que las personas accedan a mejores servicios.

La asociación público-privada es una buena herramienta para que los privados puedan apalancar esas inversiones públicas, liberando presupuesto para otras acciones más urgentes. Así, observamos que el sistema de concesiones puede ser un instrumento para generar las inversiones requeridas en las ciudades.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) presentó una propuesta para implementar esta modalidad a partir de la legislación vigente. En concreto, se plantea que a partir del marco normativo existente, los Gores pueden disponer de bienes públicos, tienen la capacidad de suscribir convenios con otras instituciones públicas y la posibilidad de disponer de presupuesto a futuro.

La Ley de Concesiones permite que cualquier institución pública como los gobiernos regionales pueda presentar propuestas al Consejo de Concesiones para ser declaradas de interés público. Así, estas entidades pasarían a ser los mandantes de las obras, tal como lo son las carteras de Salud, en el caso de los hospitales y de Justicia, para las cárceles.

En ese marco, se hace necesario generar la capacidad técnica a través de oficinas regionales para la asociación público-privada en todo el país. Los gobiernos locales conocen el territorio, sus necesidades, particularidades y posibles conflictos. Estas instituciones tienen a cargo las estrategias de desarrollo regional trazadas y su ejecución, lo que permite producir una cartera importante de proyectos. De esta forma, se profundiza la descentralización, se activa la industria y la inversión con un marcado sentido local que permita generar identidad y adhesión de las comunidades.

Pensamos que se debe abrir la conversación sobre el aporte que pueden hacer los privados a través de la alianza público-privada para avanzar en una necesaria descentralización. Las concesiones -que cumplen 30 años, a través de 110 proyectos que han involucrado más de US$ 28 mil millones- parecen ser un camino posible para entregar herramientas a las autoridades. La idea es poder cumplir con el compromiso de que sus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida.

Paulo Muñoz
Cientista político UDD
Investigador asociado Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Ver artículo

Fuente: Estrategia, Martes 01 de Agosto de 2023

ESTRATEGIA – Este año se ha reabierto la discusión sobre las atribuciones que poseen los Gobiernos Regionales para el desarrollo de sus territorios. Y un elemento relevante para este objetivo es la infraestructura, la que parece ser “invisible”, pero que nos recuerda su importancia cuando falla o se hace evidente su déficit, lo que impacta la calidad de vida de las comunidades.

En general, el “nivel central” del Gobierno es el que gatilla las inversiones en infraestructura a nivel nacional. Sin embargo, creemos que los Gobiernos Regionales (Gores) deberían tomar un mayor protagonismo en este ámbito, lo que les permitiría desarrollar proyectos de pequeña y mediana envergadura entre los que se pueden nombrar parques, establecimientos de salud, centros de eventos, tranvías, teleféricos, hospitales, cárceles y corredores de trasporte, entre otros. Se trata de iniciativas que renovarán las ciudades, lo que permite que las personas accedan a mejores servicios.

La asociación público-privada es una buena herramienta para que los privados puedan apalancar esas inversiones públicas, liberando presupuesto para otras acciones más urgentes. Así, observamos que el sistema de concesiones puede ser un instrumento para generar las inversiones requeridas en las ciudades.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) presentó una propuesta para implementar esta modalidad a partir de la legislación vigente. En concreto, se plantea que a partir del marco normativo existente, los Gores pueden disponer de bienes públicos, tienen la capacidad de suscribir convenios con otras instituciones públicas y la posibilidad de disponer de presupuesto a futuro.

La Ley de Concesiones permite que cualquier institución pública como los gobiernos regionales pueda presentar propuestas al Consejo de Concesiones para ser declaradas de interés público. Así, estas entidades pasarían a ser los mandantes de las obras, tal como lo son las carteras de Salud, en el caso de los hospitales y de Justicia, para las cárceles.

En ese marco, se hace necesario generar la capacidad técnica a través de oficinas regionales para la asociación público-privada en todo el país. Los gobiernos locales conocen el territorio, sus necesidades, particularidades y posibles conflictos. Estas instituciones tienen a cargo las estrategias de desarrollo regional trazadas y su ejecución, lo que permite producir una cartera importante de proyectos. De esta forma, se profundiza la descentralización, se activa la industria y la inversión con un marcado sentido local que permita generar identidad y adhesión de las comunidades.

Pensamos que se debe abrir la conversación sobre el aporte que pueden hacer los privados a través de la alianza público-privada para avanzar en una necesaria descentralización. Las concesiones -que cumplen 30 años, a través de 110 proyectos que han involucrado más de US$ 28 mil millones- parecen ser un camino posible para entregar herramientas a las autoridades. La idea es poder cumplir con el compromiso de que sus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida.

Paulo Muñoz
Cientista político UDD
Investigador asociado Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

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Fuente: Estrategia, Martes 01 de Agosto de 2023

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