Sábado, Mayo 15, 2021

Ampliación de rutas

EL MERCURIO – El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que impulsará la construcción de terceras pistas en las principales carreteras alrededor de Santiago. En la Ruta 5 Sur se propone llegar hasta el bypass a Rancagua; en la 78 (a San Antonio), la extensión llegaría hasta Talagante, es decir, 34,5 km, y en la 68 (a Valparaíso) se propone ampliar la tercera pista 10 km, hasta el túnel Lo Prado. Estas obras deberían mejorar en algo los servicios que proveen estas rutas, hoy muy congestionadas, y requieren modificaciones a los contratos de concesión.

En el caso de la Ruta 78, la renegociación ocurrió durante el gobierno pasado. El MOP llegó a un acuerdo con la concesionaria para que esta licitara un estudio de la ampliación y mejoramiento de la ruta. Una vez aprobado, la empresa deberá llamar a una licitación por las obras. El monto máximo por ellas es de unos US$ 145 millones, más un 7% como retribución al concesionario, y otros US$ 55 millones por costos de explotación y gastos de operación. Suponiendo que las licitaciones que hará la concesionaria serán competitivas, lo que ella obtendría como ganancia debido a la modificación del contrato sería solo el 7% que el Estado le ofrece como compensación, más cualquier reducción en lo acordado para los costos de mantenimiento. Pero esta concesión debía terminar en 2018 o 2019; la modificación contractual retrasa en varios años la entrada de un nuevo concesionario, al que podría habérsele exigido un mejoramiento global y no parcial de la ruta.

En el caso de la Ruta 68, la concesión debería terminar en 2020, pero si se realiza una ampliación a terceras pistas en los primeros 10 km, la compensación se hará mediante una extensión del plazo de al menos un par de años. Dado que las negociaciones son lentas, la construcción del proyecto no podría comenzar en menos de un año, y tal vez más tiempo. ¿No convendría más bien relicitar y poder así renovar toda la ruta y no solo una parte? Esta opción es claramente superior, pero el MOP no dispone de un proyecto suficientemente desarrollado como para realizar una licitación a un nuevo concesionario este año, de manera de poder construir el proyecto apenas termine la actual concesión. Ello muestra la irresponsabilidad con que la cartera se ha manejado a este respecto en el pasado, y de lo que las nuevas autoridades han debido hacerse cargo.

La situación de la Ruta 5 Santiago-Talca es distinta, porque aquí el contrato duraría al menos hasta 2025, y es imposible esperar tanto para las ampliaciones: en este caso se puede justificar la renegociación. Los casos de las rutas 68 y 78, en cambio, repiten lo que sucedió con el aeropuerto de Pudahuel, cuyo contrato se extendió varios años al no tener un proyecto listo a tiempo, con las consecuencias sufridas por los usuarios. Este abandono de obligaciones parece sistemático y requiere ser corregido. El actual ministro ha señalado que en el futuro intentará relicitar las concesiones antes de su extinción, para que estas situaciones no se repitan. Es un objetivo loable, pero no debiera ser solo un compromiso de quien hoy encabeza la cartera, sino establecerse la obligación legal de disponer de los nuevos proyectos dos años antes del término de una concesión, y si ello no ocurre, sancionar políticamente a los responsables.

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Fuente: El Mercurio, Lunes 30 de julio de 2018

EL MERCURIO – El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que impulsará la construcción de terceras pistas en las principales carreteras alrededor de Santiago. En la Ruta 5 Sur se propone llegar hasta el bypass a Rancagua; en la 78 (a San Antonio), la extensión llegaría hasta Talagante, es decir, 34,5 km, y en la 68 (a Valparaíso) se propone ampliar la tercera pista 10 km, hasta el túnel Lo Prado. Estas obras deberían mejorar en algo los servicios que proveen estas rutas, hoy muy congestionadas, y requieren modificaciones a los contratos de concesión.

En el caso de la Ruta 78, la renegociación ocurrió durante el gobierno pasado. El MOP llegó a un acuerdo con la concesionaria para que esta licitara un estudio de la ampliación y mejoramiento de la ruta. Una vez aprobado, la empresa deberá llamar a una licitación por las obras. El monto máximo por ellas es de unos US$ 145 millones, más un 7% como retribución al concesionario, y otros US$ 55 millones por costos de explotación y gastos de operación. Suponiendo que las licitaciones que hará la concesionaria serán competitivas, lo que ella obtendría como ganancia debido a la modificación del contrato sería solo el 7% que el Estado le ofrece como compensación, más cualquier reducción en lo acordado para los costos de mantenimiento. Pero esta concesión debía terminar en 2018 o 2019; la modificación contractual retrasa en varios años la entrada de un nuevo concesionario, al que podría habérsele exigido un mejoramiento global y no parcial de la ruta.

En el caso de la Ruta 68, la concesión debería terminar en 2020, pero si se realiza una ampliación a terceras pistas en los primeros 10 km, la compensación se hará mediante una extensión del plazo de al menos un par de años. Dado que las negociaciones son lentas, la construcción del proyecto no podría comenzar en menos de un año, y tal vez más tiempo. ¿No convendría más bien relicitar y poder así renovar toda la ruta y no solo una parte? Esta opción es claramente superior, pero el MOP no dispone de un proyecto suficientemente desarrollado como para realizar una licitación a un nuevo concesionario este año, de manera de poder construir el proyecto apenas termine la actual concesión. Ello muestra la irresponsabilidad con que la cartera se ha manejado a este respecto en el pasado, y de lo que las nuevas autoridades han debido hacerse cargo.

La situación de la Ruta 5 Santiago-Talca es distinta, porque aquí el contrato duraría al menos hasta 2025, y es imposible esperar tanto para las ampliaciones: en este caso se puede justificar la renegociación. Los casos de las rutas 68 y 78, en cambio, repiten lo que sucedió con el aeropuerto de Pudahuel, cuyo contrato se extendió varios años al no tener un proyecto listo a tiempo, con las consecuencias sufridas por los usuarios. Este abandono de obligaciones parece sistemático y requiere ser corregido. El actual ministro ha señalado que en el futuro intentará relicitar las concesiones antes de su extinción, para que estas situaciones no se repitan. Es un objetivo loable, pero no debiera ser solo un compromiso de quien hoy encabeza la cartera, sino establecerse la obligación legal de disponer de los nuevos proyectos dos años antes del término de una concesión, y si ello no ocurre, sancionar políticamente a los responsables.

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Fuente: El Mercurio, Lunes 30 de julio de 2018

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