PAÍS CIRCULAR – Este viernes 22 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día del Agua, fecha que fue instaurada en 1992 por Naciones Unidas para crear conciencia sobre la importancia de este recurso y la necesidad de cuidarlo. La crisis es global y, de acuerdo a cifras del organismo internacional, 2.200 millones de personas carecen de servicios de agua potable gestionados de forma segura, es decir, más de un cuarto de la población mundial. En Chile, ya suman 15 años de megasequía, y las precipitaciones un poco más abundantes de año pasado no lograron hacer una diferencia; hasta febrero pasado, el 16,8% de las comunas del país mantenían decretos de escasez hídrica vigentes, afectando al 9% de la población.
Para la campaña 2024 de este Día Mundial, la ONU eligió el lema “Agua para la paz”, explicando -entre otros elementos- que “el agua puede crear paz o desencadenar conflictos. (…) Cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre comunidades y países”.
Sobre Chile, en su reciente evaluación ambiental del país, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resume el problema de la siguiente forma: “Chile enfrenta una crisis hídrica severa y cada vez más profunda, que a su vez va acrecentando los conflictos sociales”.
Consultado al respecto, el director del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica e integrante del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, Guillermo Donoso Harris, señala que “esta frase ‘Agua para la paz’ es muy aplicable al caso chileno”.
Explica que, en términos generales, “atendidos sus variados roles y usos, su valor y el amplio espectro de actores involucrados, el agua es foco de numerosas tensiones. Además, el crecimiento de la población mundial, la globalización de la economía, las prácticas de uso y consumo poco sostenibles, sumado a los cambios en el clima, están aumentando las tensiones en este campo”.
Agrega que “la conflictividad hídrica muestra signos evidentes de aumento en los últimos años en Chile”, pero que no existe una instancia donde esto se recopile, sistematice y analice, ni un estudio pormenorizado y global sobre el tema. “A mayor abundamiento, este tema suele no considerarse en los informes sobre brechas y desafíos de la gobernanza del agua en el país, en donde no se le identifica como un tópico relevante, aunque ciertamente lo es”, sostiene Donoso.
En cuanto a las razones de la conflictividad, sostiene que son diversas, pero “los principales focos de la conflictividad que llega a los tribunales de justicia han estado relacionados con cinco asuntos: constitución de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), acciones de protección, regularizaciones de DAA en virtud del artículo 2° transitorio del Código de Aguas, patente por no uso de aguas, y amparo judicial de aguas”.
Con las acciones de protección se ha producido una diversificación relevante -señala- que ha permitido el ingreso de actores y peticiones distintas a las tradicionalmente asociadas a la titularidad y ejercicio de DAA.
Así, los actores involucrados en la conflictividad de aguas varían dependiendo del tipo de asunto de que se trate, pero entre ellos están principalmente la Dirección General de Aguas (DGA), particulares titulares de DAA, y particulares no titulares de DAA (especialmente en las acciones de protección), comenta el integrante del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC. Agrega que las regiones que concentran los conflictos sobre esta materia están en la zona centro – Valparaíso (20%), Metropolitana (44%) y O´Higgins (15%)- pero a nivel local, en el norte están las comunas que concentran el mayor número de casos, y también hay algunas del centro y sur con elevada conflictividad.
“Es urgente presentar políticas públicas que mejoren de la prevención y resolución de los conflictos de aguas”, concluye Donoso.
En tanto, consultada sobre la forma en que la frase “Agua para la paz” aplicaría para la realidad chilena, la académica de la Universidad de Concepción (UdeC) y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Alejandra Stehr Gesche, responde que “en el caso de Chile, sabemos que hay territorios donde hay conflictos entre distintos usuarios del agua. Como en el norte, entre la minería y las comunidades; o en la zona central, entre la industria agrícola y sector eléctrico versus el consumo humano”.
Esta situación requiere de forma urgente de un diálogo entre las partes, de una gobernanza que permita sentar a la misma mesa a las industrias, comunidades, gobierno, academia, etc. para determinar la forma de hacer frente a las crisis y adoptar medidas para que no se siga profundizando. “A mi entender, la idea es que todos estos sectores se pongan de acuerdo para poder hacer un uso sustentable de los recursos”, sostiene Alejandra Stehr.
A su vez, Linda Daniele, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile e investigadora asociada del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres (CITRID) de la misma casa de estudios, señala que “en Chile el agua es hace tiempo un agente de conflictos sociales. Hay regiones que tienen una tradición histórica en ese sentido, como la Región de Valparaíso, y la pugna por el agua se debe a una serie de factores, no sólo a la sequía. Eso exacerba los conflictos territoriales y altera la paz social”.
La especialista cree que “el lema de la ONU de ‘Agua para la paz’ se debe entender -en Chile y en todo el mundo-, en el sentido de que el agua es un vehículo para lograr una estabilización social, que permita a todos vivir de manera adecuada, con una cantidad de agua que permita satisfacer la necesidades de cada uno. Entonces, esa realidad de conflicto se torna más cruda a medida que falta el agua y, a medida que falta el agua también hay unos desbalances sociales, no solo socioeconómicos, sino en muchos casos también de género”.
“Hay aristas complejas, pero que tributan a unos desequilibrios sociales que claramente tienen que ver con la falta, o también con la mala calidad del agua, porque a veces el agua está, pero no se puede usar para beber, o no es suficiente, o no es adecuada para el riego y, finalmente, todo se convierte en un conflicto -no armado-, que tensa la relación con los vecinos, con las autoridades, con la asociaciones, con todos los involucrados y los otros usuarios del agua”, destaca la investigadora del CITRID.
Crisis extendida
La situación del país en cuanto a escasez hídrica es crítica, coinciden los especialistas, especialmente en las zonas central y norte, aunque la sequía también se ha ido extendiendo hacia el sur, afectando a territorios como Magallanes, donde hay tres comunas (más de 19 mil kilómetros cuadrados) bajo decreto de escasez hídrica.
“La situación más crítica está en la zona central y en el norte, que siempre ha tenido menos recursos disponibles”, explica Alejandra Stehr. Y sobre la región austral, comenta que el escenario no es muy optimista: “Si bien en la zona sur llovió más el año pasado y han estado más altos los caudales que los últimos años, se espera que a mediados de año se inicie el fenómeno de La Niña, con lo que se debería intensificar la sequía nuevamente, con una menor cantidad de precipitaciones”, señala la académica de la UdeC y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura.
Linda Daniele considera que, si bien las situaciones de escasez hídrica en las distintas regiones del país tienen motivos diversos, por las mismas diferencias de los territorios (usos del agua, clima, estructura social, etc.), “finalmente se observa que a lo largo de todo el país hay situaciones críticas, donde el agua escasea y hay siempre una emergencia, donde se interviene solo con soluciones parche, como son los camiones aljibe”.
“Yo hablaría de una extensión de la escasez a lo largo del país, que involucra también regiones que históricamente no han tenido problemas, como por ejemplo Los Lagos, Los Ríos o territorios como Chiloé, conocidos por su lluvia abundante. Entonces, los factores detrás de esta escasez pueden ser distintos, tienen que ser analizados en cada caso, pero finalmente, si pensamos en el territorio afectado, ya no está circunscrito a una localidad o a una región o a una macro zona, sino que el problema del agua se ha vuelto transversal y nos desafía a todos a buscar soluciones que sean flexibles, adaptables a las distintas situaciones”, agrega la académica de la U. de Chile.
A su vez, el director del Departamento de Economía Agraria de la UC explica que “el evento seco plurianual a escala regional en los últimos 15 años ha sido denominado megasequía de Chile central. Se evidencia importantes impactos de esta larga sequía en la hidrología superficial, las aguas subterráneas y la exportación de sedimentos, la vegetación y la actividad de incendios a lo largo de Chile central y muestran, además, que esta sequía de varios años no tiene precedentes en el registro histórico y es bastante inusual en el último milenio”.
Esta crisis hídrica ha tenido un impacto significativo en diferentes áreas del país, afectando la economía, el medio ambiente y la sociedad, subraya Guillermo Donoso.
Posibles soluciones
Entre las medidas que se pueden adoptar a corto plazo para afrontar de mejor manera esta escasez, el académico de la UC destaca principalmente dos: promover la eficiencia en el uso del agua, particularmente en la agricultura, pero también en otros sectores; y avanzar en el reúso de aguas grises.
A mediano plazo, en tanto, el integrante del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC menciona al menos cuatro medidas. La primera de ellas es reducir las pérdidas de agua en la conducción y distribución de agua potable (agua no facturada), que en promedio superan el 30%. Esta cifra es sumamente alta y las empresas sanitarias reconocen que podría ser incluso más, mientras que según estadística mundial, una pérdida razonable del sector sanitario sería en torno al 15%.
Otras medidas a mediano plazo que menciona es “mejorar la gestión de las aguas y gobernanza de las aguas”, donde un modelo exitoso a nivel internacional y ampliamente recomendado para Chile ha sido la implementación de organismos de cuenca; diversificar las fuentes de agua (aprovechamiento del agua de lluvia, la reutilización de aguas residuales tratadas, y la desalinización), reduciendo la dependencia de ríos y acuíferos; y concientizar a la población en cuanto al uso del agua, reduciendo su consumo.
“Es importante que el gobierno, las empresas y la sociedad trabajen en conjunto para encontrar soluciones efectivas y sostenibles”, subraya Guillermo Donoso.
En tanto, para Linda Daniele, es complejo hablar de soluciones de corto o mediano plazo, debido a que la crisis hídrica de Chile posee “aristas estructurales, la ausencia física del agua, problemas de distribución, de administración, de infraestructura, etc”.
“Creo que la prioridad es organizarse en función de la necesidad de los distintos territorios, porque solo así se puede establecer el paso a paso que necesita en un camino que es largo. Desafortunadamente, no hay un conjunto de herramientas de solución que se pueden aplicar de un día para otro, entonces acá se trata de la necesidad de crear un ordenamiento territorial que comprenda también la materia del agua, comprenda hacia dónde queremos ir, cómo quiere desarrollarse el territorio y, a partir de eso construir lo que se necesita”, comenta la académica del Departamento de Geología de la U. de Chile.
Daniele añade que, aunque claramente no se puede abordar todo de una vez, “sí se puede hacer una hoja de ruta para ir mejorando la situación, donde se planteen escenarios y se valide con los habitantes, planteando un ser de soluciones frente a los distintos escenarios que pueden ocurrir”.
Por su parte, Alejandra Stehr apunta que en Chile hay algunos avances en medidas a corto y mediano plazo, especialmente a partir de nuevas legislaciones que han entrado en vigencia los últimos años y que consideran la realidad ambiental que supone el cambio climático y sus consecuencias.
“Hay muchas cuencas que tienen sus planes estratégicos de gestión y ahí se proponen medidas para abordar más que escasez hídrica, queremos lograr lo que se denomina ‘seguridad hídrica’. Se proponen varias medidas y lo más importante sería que esas acciones de los planes se lleven a cabo y que existan los recursos para llevarlas adelante. Esto incluye infraestructura y gestión, dependiendo de cada tipo de cuenca. Esto es parte de la Ley Marco de Cambio Climático y está en el Código de Aguas, donde hay plazos establecidos para que todas las cuencas tengan estos planes”, concluye la académica de la Facultad de Ingeniería de la UdeC.
Fuente: País Circular, Miércoles 20 de Marzo de 2024
