Lunes, Mayo 17, 2021

Agua y control de la información: ¿autoritario o visionario? Por Ignacio Puga Gerente general Welko

DIARIO FINANCIERO – En junio de 2019 comenzó a regir la resolución N° 1238 de la Dirección General de Aguas (DGA), que “determina las condiciones técnicas y plazos a nivel nacional para cumplir con la obligación de instalar y mantener un sistema de monitoreo para la extracción de aguas subterráneas”. Esta, como su enunciado lo dice, obliga a los tenedores de pozos y captaciones a invertir en un sistema de medición confiable para sus extracciones y reportar los datos a la DGA.

Desde cierta perspectiva, esta medida podría parecer autoritaria e incómoda para quienes tienen derechos de aprovechamiento, puesto que se verán obligados a generar un gasto no contemplado para cumplir con la exigencia de la entidad fiscalizadora, mientras que aquellos que sacan aguas a escondidas, sin derechos ni pagos, seguirían operando bajo las sombras y sin costos asociados. Pero la verdad es que, a partir de esta normativa, cualquier extracción irregular a lo que constituyen los derechos podrá ser fiscalizada y sancionada acorde a lo que dicta la ley.

A partir de este nuevo conocimiento aplicado, se obtendrán luces de los sectores donde se presentan datos irregulares y de esa forma podrán fiscalizar a los ilegales de manera más efectiva. Asimismo, permitirá desarrollar modelos integrados con una gran cantidad de información fidedigna, para entender con mayor claridad qué pasa cada año con el agua subterránea en nuestro país. Dos razones de peso para validar una normativa que, por primera vez, permitirá recopilar, almacenar y organizar la información de los niveles de las napas subterráneas y sobre el rendimiento de los pozos, de forma contínua, descentralizada y progresiva sobre el territorio nacional, para una mejor toma de decisiones sobre la gestión hídrica frente a escenarios climáticos cada vez más complejos.

Para muchos puede resultar poco comprensible invertir en un valor abstracto como es la información, sin embargo, las nuevas tecnologías de big data, machine learning y otras técnicas informáticas actuales, generan un conocimiento único sobre la disponibilidad de aguas en nuestro país, en beneficio de poder desarrollar mejores y adecuadas políticas públicas respecto al recurso hídrico dentro de nuestro territorio nacional. Una mirada de largo plazo que debemos fomentar y aplaudir.

Sobre los procesos de fiscalización, existen dos técnicas para fomentar el cumplimiento de las normativas. El “garrote” -quién infringe las normas tendrá elevadas multas- y la “zanahoria” que consiste en dar premios a quienes efectivamente las cumplen. En el caso de la fiscalización sobre extracciones se utilizan ambas, multas y fondos concursables de cofinanciamiento, no obstante, a partir de este nuevo hito se podría innovar en la forma en cómo se distribuyen “las zanahorias” a quienes entregan sus datos de forma libre e invirtiendo recursos para una mejor calidad de los mismos. ¿Qué pasaría si hubiera una tarifa o un beneficio tributario por proporcionar información ambiental de calidad? ¿Si además de medir las napas, caudales, niveles y precipitaciones, también se fomentara medir variables analíticas de calidad del agua, por ejemplo?

Está claro que obligar a las personas a medir todo tipo de variables no tiene sentido, pero buscar los incentivos correctos que fomenten el uso de tecnología para generar las mediciones precisas en todos los rincones del país, podría ser una segunda etapa interesante de evaluar.

Ver artículo

Fuente: Diario Financiero, Martes 16 de Febrero de 2021

DIARIO FINANCIERO – En junio de 2019 comenzó a regir la resolución N° 1238 de la Dirección General de Aguas (DGA), que “determina las condiciones técnicas y plazos a nivel nacional para cumplir con la obligación de instalar y mantener un sistema de monitoreo para la extracción de aguas subterráneas”. Esta, como su enunciado lo dice, obliga a los tenedores de pozos y captaciones a invertir en un sistema de medición confiable para sus extracciones y reportar los datos a la DGA.

Desde cierta perspectiva, esta medida podría parecer autoritaria e incómoda para quienes tienen derechos de aprovechamiento, puesto que se verán obligados a generar un gasto no contemplado para cumplir con la exigencia de la entidad fiscalizadora, mientras que aquellos que sacan aguas a escondidas, sin derechos ni pagos, seguirían operando bajo las sombras y sin costos asociados. Pero la verdad es que, a partir de esta normativa, cualquier extracción irregular a lo que constituyen los derechos podrá ser fiscalizada y sancionada acorde a lo que dicta la ley.

A partir de este nuevo conocimiento aplicado, se obtendrán luces de los sectores donde se presentan datos irregulares y de esa forma podrán fiscalizar a los ilegales de manera más efectiva. Asimismo, permitirá desarrollar modelos integrados con una gran cantidad de información fidedigna, para entender con mayor claridad qué pasa cada año con el agua subterránea en nuestro país. Dos razones de peso para validar una normativa que, por primera vez, permitirá recopilar, almacenar y organizar la información de los niveles de las napas subterráneas y sobre el rendimiento de los pozos, de forma contínua, descentralizada y progresiva sobre el territorio nacional, para una mejor toma de decisiones sobre la gestión hídrica frente a escenarios climáticos cada vez más complejos.

Para muchos puede resultar poco comprensible invertir en un valor abstracto como es la información, sin embargo, las nuevas tecnologías de big data, machine learning y otras técnicas informáticas actuales, generan un conocimiento único sobre la disponibilidad de aguas en nuestro país, en beneficio de poder desarrollar mejores y adecuadas políticas públicas respecto al recurso hídrico dentro de nuestro territorio nacional. Una mirada de largo plazo que debemos fomentar y aplaudir.

Sobre los procesos de fiscalización, existen dos técnicas para fomentar el cumplimiento de las normativas. El “garrote” -quién infringe las normas tendrá elevadas multas- y la “zanahoria” que consiste en dar premios a quienes efectivamente las cumplen. En el caso de la fiscalización sobre extracciones se utilizan ambas, multas y fondos concursables de cofinanciamiento, no obstante, a partir de este nuevo hito se podría innovar en la forma en cómo se distribuyen “las zanahorias” a quienes entregan sus datos de forma libre e invirtiendo recursos para una mejor calidad de los mismos. ¿Qué pasaría si hubiera una tarifa o un beneficio tributario por proporcionar información ambiental de calidad? ¿Si además de medir las napas, caudales, niveles y precipitaciones, también se fomentara medir variables analíticas de calidad del agua, por ejemplo?

Está claro que obligar a las personas a medir todo tipo de variables no tiene sentido, pero buscar los incentivos correctos que fomenten el uso de tecnología para generar las mediciones precisas en todos los rincones del país, podría ser una segunda etapa interesante de evaluar.

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Fuente: Diario Financiero, Martes 16 de Febrero de 2021

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