EL DESCONCIERTO – En Chile, existen 58 comunas que se encuentran con escasez hídrica, involucrando a 13 provincias y una población total de casi 1.600.000 habitantes, esto, según cifras del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Dirección General de Aguas (DGA) de 2024.
En el marco del eventual proyecto de ley que regula la desalinización del agua de mar en nuestro país, El Desconcierto conversó con Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), para profundizar en los efectos de las plantas desalinizadoras, su contribución al desarrollo sostenible, la seguridad hídrica para las comunidades que enfrentan la sequía y la futura Estrategia Nacional de Desalinización.
Seguridad hídrica y sequía
-¿En qué beneficia a la seguridad hídrica de Chile la aprobación del proyecto que permitirá al MOP construir plantas desaladoras que priorizan el consumo humano del agua?
Si bien hasta ahora en nuestro país se han construido 24 plantas desalinizadoras, tanto públicas como privadas, sin contar con regulación especial, la nueva ley de desalación le entrega al Estado, a través de las destinaciones, y a los privados a través de las concesiones, la certeza y estabilidad jurídica que requieren para desarrollar estos proyectos, reemplazando la concesión marítima por una concesión de desalación que ampara no sólo las obras marinas, sino que también las instalaciones de producción, transporte y elevación en el continente, entregándole además al titular la facultad de solicitar servidumbres a los propietarios de los terrenos superficiales.
Esta nueva herramienta jurídica, sumada a una Estrategia Nacional de Desalación y a la reserva de capacidad de hasta un 5%, entre otras normas de la nueva ley, reconocen el carácter estratégico de esta industria, proporcionando un marco normativo que impulsará la inversión en la infraestructura hídrica no convencional que necesita el país para alcanzar la seguridad hídrica en un contexto de escasez estructural que proyecta un déficit al 2050 del orden de -5.348 l/s, concentrado fuertemente en la macrozona norte y centro.
En concreto, esta ley le entrega al Estado, a la industria y a las comunidades un marco jurídico claro que viabilizará la inversión en proyectos públicos y privados que permitan garantizar el abastecimiento de la población y de actividades productivas sin depender de la variabilidad de las aguas continentales.
Las regulaciones
-¿Cree que esta decisión fue la correcta respecto a seguridad hídrica, inversión y competitividad de sectores productivos?
Consideramos que la ley alcanza un equilibrio entre incentivar la inversión y la competitividad del sector, resguardando el interés público al priorizar el consumo humano y promover un uso sostenible de los ecosistemas. Además, favorece el desarrollo de infraestructura hídrica multipropósito y multi-cliente que pueda abastecer tanto a sectores mineros e industriales como a servicios sanitarios urbanos y rurales.
Además, crea la tipología de ingreso al SEIA de las plantas desaladoras de tamaño industrial y de los sistemas de extracción intensiva de agua de mar, y faculta al Ministerio del Medio Ambiente a dictar una norma de emisión de salmuera.
Con todo, el desafío ahora está en su implementación. Además de la Estrategia Nacional de Desalación, la ley requiere de cuatro reglamentos que deben resolver diversas consideraciones relevantes, además de una ejecución oportuna y coordinada con otras reparticiones ministeriales, especialmente en permisos, ya que de lo contrario no se logrará reducir los plazos que hoy pueden superar los 10 años para desarrollar estos proyectos.
Desarrollo sostenible
-¿Piensa que los proyectos de desalinización contribuirán al desarrollo sostenible del país?
Absolutamente. El agua es necesaria para todas las actividades humanas, sean o no productivas. Sin agua no hay desarrollo ni crecimiento. Ahora bien, lo importante es que ese desarrollo sea sostenible y las fuentes no convencionales de agua, por cierto, contribuyen a que muchas de las actividades productivas que apalancan el crecimiento de nuestra economía se desarrollen sin mermar la disponibilidad de los recursos continentales.
Actividades clave como la minería, la agricultura y la generación de energía, pero también la producción de hidrógeno verde, la instalación de data centers y el propio crecimiento urbano requieren de un suministro de agua seguro y confiable.
Al obtenerlo de fuentes no convencionales como el agua de mar y las aguas residuales le restan presión a los recursos continentales, cada vez más escasos, permitiendo destinarlos a otros usos esenciales como el abastecimiento de comunidades rurales y el sostenimiento de ecosistemas hídricos.
En otras palabras, la transición hídrica hacia nuevas fuentes de agua como el agua de mar y las aguas residuales es habilitante del desarrollo sostenible en tanto aporta nueva oferta de agua en cuencas con balances hídricos deficitarios entregando seguridad hídrica al país.
Y por otro lado, existe abundante evidencia científica de más de 20 años que demuestra que los proyectos de agua desalada de última generación no generan impactos ambientales relevantes en el medio marino, por lo que podemos estar tranquilos respecto al cuidado del ecosistema costero.
Lo anterior va en línea con el desarrollo sostenible de la desalinización que mandata la propia ley al incorporar explícitamente dimensiones de resiliencia climática, protección de ecosistemas y gestión de riesgos.
Estrategia Nacional de Desalinización
-¿Qué opina de la creación de una futura Estrategia Nacional de Desalinización?
La dictación en el corto plazo de la Estrategia Nacional de Desalinización (END), junto con los cuatro reglamentos que requiere la ley, son elementos críticos para poder impulsar de forma definitiva la inversión en proyectos de uso agua de mar para la desalinización.
En el otorgamiento de las nuevas concesiones y destinaciones de desalación, la Estrategia tiene un rol esencial puesto que definirá el análisis que la Dirección General de Aguas (DGA) realizará del proyecto de desalación en su informe técnico a fin de otorgar, o no, la concesión o destinación solicitada.
Regiones y sectores productivos
Por ello, es esencial que ésta se articule en torno a la seguridad hídrica, considerando todos los componentes del artículo 4 de la ley a través de una mirada territorial centrada en las regiones del país y en sectores productivos como la minería, la agricultura, la pesca, la industria y el sanitario.
Actualmente, la gestión de los recursos hídricos enfrenta debilidades por su fragmentación institucional y la falta de claridad sobre cómo se articulan los distintos instrumentos normativos de planificación territorial.
La Estrategia, entonces, puede ser el puente que permita integrar múltiples instrumentos como los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de Cuencas (PERHC), los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) y las Estrategias de Desarrollo Regional (EDR), entre otros, en torno la seguridad hídrica regional.
Ello permitirá pasar del mero diagnóstico del déficit a la implementación de soluciones concretas que sirvan para trazar una hoja de ruta para el desarrollo de la desalinización.
Por ello, es fundamental que el apoyo declarado por el Ministerio de Obras Públicas para formular esta estrategia se extienda a todos los demás ministerios involucrados, como Medio Ambiente, Defensa, Hacienda, Economía, Minería e Interior, con el fin de que participen con el mismo nivel de prioridad en la génesis de una verdadera política hídrica nacional.
Fuente: El Desconcierto, Lunes 13 de Abril de 2026
