Sábado, Mayo 8, 2021

Con el 80% de los recursos ya comprometido, el fondo Covid avanza en transparencia

PAUTA – El Ejecutivo define en qué gastar los recursos por US$ 12 mil millones que contiene el fondo Covid, pero el Congreso ejercerá distintas instancias de control para garantizar el correcto uso de los recursos. Así va quedando claro en el debate del proyecto de ley que crea este instrumento, que ha sufrido varios ajustes en la Comisión de Hacienda del Senado, donde cumple su segundo trámite legislativo.
En la instancia el director de Presupuestos, Matías Acevedo, precisó que el fondo Covid ya tiene comprometido cerca de US$ 10 mil millones, que incluye el financiamiento de todas las medidas en ejecución, el reciente anuncio del plan inversiones 2020-21 por US$ 2.972 millones y el subsidio a contratación (que aún no se anuncia) por US$ 1.507 millones.
La autoridad dijo que se han ejecutado US$ 2.700 millones, que en su mayoría responden a transferencias (a hogares y personas, como el bono Covid y el Ingreso Familar de Emergencia, entre otras).
Aunque en el Senado ya se han acordado varias medidas de información y rendición de cuentas sobre los recursos gastados desde el 10 de junio, falta un tema que ya ha sido controversial. En primer trámite, los diputados incorporaron una norma que prohíbe que el fondo Covid traspase recursos a empresas que tengan filiales que operen en paraísos tributarios o que hayan recibido sentencias condenatorias en materia de libre competencia. Ahora el Ejecutivo busca relajar esas normas, las que serán defendidas por la oposición.
Más transparencia
La oposición ha levantado su preocupación porque este gasto se ejecute oportunamente, presionando por mayor transparencia luego que tanto el contralor Jorge Bermúdez; el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Desormeaux, y la Comisión de Gasto Público expresan reparos a la propuesta inicial del Ejecutivo.
Así, la instancia, que debería despachar la iniciativa esta semana, ha introducido varias modificaciones para asegurar la fiscalización de ese gasto. Entre estas, la obligación de informar mensualmente sobre las inversiones públicas financiadas desde el fondo, ya sea que las ejecuten privados vía concesiones o directamente por parte de las carteras de Obras Públicas, Vivienda u otras.


La oposición estimó esencial tener un seguimiento estrecho de estos planes, ya que las obras financiadas por estos recursos podrían partir este año pero se extenderán al menos durante todo 2021.
El senador Carlos Montes (PS) se abstuvo de aprobar esta enmienda, al estimar que el Ejecutivo debe primero informar en detalle su plan de obras, para acelerar su ejecución. Al respecto, Acevedo indicó que la coordinación del plan de inversiones está en manos del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien podría informar en detalle la cartera de proyectos para el bienio.
En la ocasión también se aprobó que las medidas financiadas con cargo al Fondo Covid deben reportar al Congreso “la metodología de elección de beneficiarios y los montos asignados, desagregando según características geográficas, etarias, de género, sector productivo de las empresas o personas beneficiarias, cuando corresponda”.
Fuente: Pauta, Martes 08 de Septiembre de 2020

PAUTA – El Ejecutivo define en qué gastar los recursos por US$ 12 mil millones que contiene el fondo Covid, pero el Congreso ejercerá distintas instancias de control para garantizar el correcto uso de los recursos. Así va quedando claro en el debate del proyecto de ley que crea este instrumento, que ha sufrido varios ajustes en la Comisión de Hacienda del Senado, donde cumple su segundo trámite legislativo.
En la instancia el director de Presupuestos, Matías Acevedo, precisó que el fondo Covid ya tiene comprometido cerca de US$ 10 mil millones, que incluye el financiamiento de todas las medidas en ejecución, el reciente anuncio del plan inversiones 2020-21 por US$ 2.972 millones y el subsidio a contratación (que aún no se anuncia) por US$ 1.507 millones.
La autoridad dijo que se han ejecutado US$ 2.700 millones, que en su mayoría responden a transferencias (a hogares y personas, como el bono Covid y el Ingreso Familar de Emergencia, entre otras).
Aunque en el Senado ya se han acordado varias medidas de información y rendición de cuentas sobre los recursos gastados desde el 10 de junio, falta un tema que ya ha sido controversial. En primer trámite, los diputados incorporaron una norma que prohíbe que el fondo Covid traspase recursos a empresas que tengan filiales que operen en paraísos tributarios o que hayan recibido sentencias condenatorias en materia de libre competencia. Ahora el Ejecutivo busca relajar esas normas, las que serán defendidas por la oposición.
Más transparencia
La oposición ha levantado su preocupación porque este gasto se ejecute oportunamente, presionando por mayor transparencia luego que tanto el contralor Jorge Bermúdez; el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Desormeaux, y la Comisión de Gasto Público expresan reparos a la propuesta inicial del Ejecutivo.
Así, la instancia, que debería despachar la iniciativa esta semana, ha introducido varias modificaciones para asegurar la fiscalización de ese gasto. Entre estas, la obligación de informar mensualmente sobre las inversiones públicas financiadas desde el fondo, ya sea que las ejecuten privados vía concesiones o directamente por parte de las carteras de Obras Públicas, Vivienda u otras.


La oposición estimó esencial tener un seguimiento estrecho de estos planes, ya que las obras financiadas por estos recursos podrían partir este año pero se extenderán al menos durante todo 2021.
El senador Carlos Montes (PS) se abstuvo de aprobar esta enmienda, al estimar que el Ejecutivo debe primero informar en detalle su plan de obras, para acelerar su ejecución. Al respecto, Acevedo indicó que la coordinación del plan de inversiones está en manos del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien podría informar en detalle la cartera de proyectos para el bienio.
En la ocasión también se aprobó que las medidas financiadas con cargo al Fondo Covid deben reportar al Congreso “la metodología de elección de beneficiarios y los montos asignados, desagregando según características geográficas, etarias, de género, sector productivo de las empresas o personas beneficiarias, cuando corresponda”.
Fuente: Pauta, Martes 08 de Septiembre de 2020

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