EL MERCURIO DE VALPARAÍSO – A las 15 horas con 16 minutos del martes 25 de febrero y mientras la zona central del país atravesaba una ola de calor sobre los 33 grados, 14 de las nuestras 16 regiones sufrieron un apagón eléctrico. Semáforos en negro, caos vial, cajeros automáticos descompuestos, celulares sin señal y el esperable estado general de desconcierto y pavor se apoderó de la población por una causa que nadie lego en la materia entiende a la primera: una falla en la línea de transmisión entre Vallenar y Coquimbo.
El desperfecto provocó una desconexión generalizada en la red eléctrica nacional, redundando en un apagón que se extendió por siete horas y afectó a más de ocho millones de personas.
La deficiencia, que según la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) significó una pérdida de 400 a 500 millones de dólares para la economía local, fue la prueba fehaciente del valor de una buena infraestructura en el país.
En un mundo precarizado por el Cambio Climático y la escasez de los recursos, el Consejo de Políticas de Infraestructuras (CPI) envió un documento con 36 propuestas para mejorar la infraestructura a los candidatos en carrera presidencial. Seis de los ocho presidenciables respondieron a El Mercurio de Valparaíso preguntas elaboradas a partir de las iniciativas del CPI.
“Hay una línea transversal en las propuestas del Consejo que tienen que ver con el contexto global de la crisis climática”, explica Montserrat Delpino, académica y consejera del CPI. *Hay un particular énfasis en el tema hídrico y en la transición energética”, agrega la arquitecta de un organismo que desde el 2013 propone políticas públicas a largo plazo y está integrado por expresidentes y autoridades de todos los signos políticos.
En esta oportunidad, enfatiza Delpino, la propuesta tiene “un giro que vincula el impacto del desarrollo de infraestructura con la experiencia cotidiana de las personas, el desarrollo económico y el futuro del país”. A continuación se detallan las respuestas de los equipos de las seis de las ocho candidaturas que accedieron a responder.
– ¿Está de acuerdo que en infraestructura se consideren los criterios de sostenibilidad, Cambio Climático y ecosistema?
Jeannette Jara: No se trata solo de levantar obras, sino de garantizar que éstas contribuyan al bienestar de las personas, al desarrollo económico y a la protección ambiental. Nuestra propuesta es avanzar hacia infraestructura sustentable y resiliente, que cumpla un doble objetivo: ser motor de crecimiento económico y, al mismo tiempo, prepararnos para los desafíos climáticos y sociales del siglo XXI. Para ello impulsaremos un Plan Maestro de Inversiones en infraestructura.
José Antonio Kast: Nuestra infraestructura debe estar preparada para enfrentar la variabilidad climática. Planificar con criterios de sostenibilidad y resiliencia no es opcional: es la única manera de prevenir deterioros o colapsos que frenen el desarrollo del país. Diseñar con esta mirada no solo protege a las comunidades y al medioambiente, también significa un ahorro fiscal futuro, evitando tener que reconstruir o reparar obras mal planificadas desde el inicio.
Evelyn Matthei: El programa contempla medidas de mitigación y de adaptación al Cambio Climático. Promoveremos la inversión en transmisión eléctrica y baterías, electromovilidad, transporte ferroviario y plan nacional de ciclovías. Hay que hacer una fuerte inversión de plantas de desalación, mediante concesiones, y volver a invertir en embalses. Además, proponemos un Sistema de Emergencia Hídrica de acción temprana que permita enfrentar la sequía de manera estructural. Son inversiones urgentes.
Franco Parisi: Recogimos y planteamos en nuestro programa presidencial los aportes del Consejo de Políticas de Infraestructura. Nos parecen completamente atingentes a lo que requiere nuestro país. Su visión de alianza público-privada bajo un Estado cuyo rol sea de habilitador de condiciones que faciliten y potencien la inversión en nuestro país dialoga íntimamente con nuestra visión de Estado como socio estratégico de Chile.
Johannes Kaiser: El programa aborda la gestión ambiental y los permisos de infraestructura, reemplazando el actual Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental por un nuevo Servicio de Permisos Ambientales, que sería “técnico, ágil y respetuoso del mandato constitucional de ‘vivir en un medio ambiente libre de contaminación””. El programa difiere de la recomendación de considerar explícitamente el Cambio Climático y los ecosistemas bajo una perspectiva que el CPI podría abogar.
Harold Mayne-Nicholls: En el programa se encuentran incorporados criterios de sostenibilidad, Cambio Climático y ecosistemas. Se señala que “el desarrollo debe ir de la mano con la sostenibilidad ambiental. Chile enfrenta serios desafíos en esta materia, entre ellos una mega sequía que ya cumple más de una década. Nuestras propuestas centrales al respecto son planificación urbana sostenible, transición energética y acción climática, utilización de hidrógeno verde y transporte sostenible e integración territorial”.
Considerando la escasez del recurso agua se recomienda la creación de una autoridad única, como una agencia o subsecretaria, para una política nacional. ¿Es pertinente?
Jeannette Jara: La escasez hídrica que vive Chile nos exige avanzar hacia una gestión más eficiente. Es necesario fortalecer planificación, monitoreo de recursos disponibles y coordinación entre actores económicos y comunidades. Más allá de la figura institucional que se adopte, hay que avanzar en tres ejes: institucionalidad eficiente; gobernanza territorial fortalecida; y decisiones basadas en información y conocimiento. A esto le sumamos acelerar inversiones en obras de acumulación y desaladoras multipropósito.
José Antonio Kast: La experiencia de Chile en agua y saneamiento ha sido positiva. La fortaleza ha estado en la coordinación entre usuarios y en soluciones privadas alejadas de la burocracia estatal. El desafío del Estado no es crear más instituciones, sino dar certeza regulatoria, mejorar la coordinación, mantener la estabilidad de la industria y avanzar con decisión en nuevas fuentes de agua como desalinizadoras y proyectos de embalse que están en etapas avanzadas.
Evelyn Matthei: Uno de los principales problemas asociados a la gestión hídrica en Chile es la concurrencia, superposición, duplicidad y vacíos de funciones e ineficiencias entre múltiples órganos de la administración. Por eso implementaremos un sistema integrado de información hídrica para mejorar la toma de decisiones y fortaleceremos las funciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para la agilización de la tramitación de permisos, entre otras medidas.
Franco Parisi: Estamos de acuerdo con la necesidad de contar con una autoridad que coordine una política nacional. Debido a la urgencia hídrica, una agencia tendría una instalación institucional y, en ese sentido, una subsecretaría nos parece más acorde a la exigencia. Se puede crearse vía decreto y operar bajo estructuras existentes (Ministerio Agricultura o Ministerio de Obras Públicas), con un mandato claro de coordinación intersectorial y vinculación territorial.
Johannes Kaiser: Respecto a la escasez hídrica, se propone desarrollar la inversión privada en desalación con incentivos fiscales y concesiones, avances tecnológicos en el proceso de desalinización, mejorar redes de distribución de agua desalinizada “sin crear monopolios” y regulaciones claras y sostenibles. El programa no busca la creación de una autoridad única para la política nacional del agua y, por el contrario, su enfoque es liberalizar el sector.
Harold Mayne-Nicholls: Debe existir una agencia que dependa del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Bienes Nacionales y cualquier entidad que ejecute infraestructuras ligadas como pequeños embalses, plantas desalinizadoras, plantas de tratamiento y reutilización de aguas grises y servidas, sistemas de acumulación de aguas lluvias, sistemas de agua potable rural, etc.
También debe fiscalizar el uso de recursos hídricos, proteger los glaciares u otras reservas de agua, promover cambios legales e innovaciones tecnológicas
En cuánto a energía se recomienda la “modernización de las redes de transmisión y distribución, y de los sistemas de almacenamiento, para aprovechar bien el potencial renovable del país”. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esto?
Jeannette Jara: La transición energética es parte fundamental de nuestro programa. El crecimiento debe sustentarse en energías limpias y desarrollo sostenible. Para eso, necesitamos avanzar en transmisión, distribución y almacenamiento. En transmisión, hay que fortalecer la infraestructura para llevar la energía a los principales centros de consumo. En distribución, es urgente la modernización del sistema. Finalmente, el almacenamiento nos permitirá aprovechar las energías cuando no hay sol o viento, evitando los combustibles fósiles.
José Antonio Kast: Debemos actuar en dos planos complementarios: infraestructura y regulación. Desde la infraestructura, urge robustecer y flexibilizar la red de transmisión y modernizar la distribución. Desde la regulación, hay que perfeccionar la remuneración y operación del almacenamiento y consolidar señales de precios y peajes para la congestión y localización, flexibilizando la distribución. Todo con el objetivo de preservar seguridad y, en definitiva, la continuidad y calidad de suministro para las personas.
Evelyn Matthei: Las obras críticas de transmisión de energía se han planificado y ejecutado con rezago y se han transformado en un cuello de botella para los recursos renovables. En distribución, la modernización es urgente. Se requieren cambios regulatorios que incentiven inversiones, resiliencia e integren nuevos actores y tecnologías. En transmisión, el gran desafío es la permisología.
Finalmente, el almacenamiento es un sistema habilitante y esencial: permite guardar excedentes solares diurnos y utilizarlos en la noche.
Franco Parisi: Tal como plantea CPI, el problema del desarrollo de redes no es técnico, es institucional y político. Actualmente se pierde energía renovable porque no hay capacidad de transporte. Modernizar las redes implica reformar la planificación energética, revisar las señales de localización, y garantizar que las regiones generadoras reciban beneficios. También exige una inversión en almacenamiento: sin baterías, bombeo hidráulico u otras tecnologías, la energía renovable no puede ser utilizada cuando más se necesita.
Johannes Kaiser: Las medidas clave del programa en este aspecto son optimización de la demanda eléctrica, abrir mercados para priorizarla, eliminar trabas en permisos, modificar el plan de expansión, pasar de un modelo centralizado a una “ventanilla abierta para presentación de proyectos de transmisión por parte de privados”, abrir el mercado eléctrico y alivianar la boleta mensual. Se coincide con la necesidad de modernización, pero propone lograrla principalmente a través de la liberalización del mercado.
Harold Mayne-Nicholls: Respecto a las redes de transmisión energética, se deben incorporar nuevas tecnologías. Sobre la distribución, su modernización debe implicar cambios legales que obliguen a las empresas a realizar dichas inversiones y asegurando sus ingresos. Acerca del almacenamiento, deben ser la principal fuente de inversiones en el sector eléctrico. Finalmente, se considera pertinentes incentivos económicos para que los clientes aumenten consumo en horas con mayor inyección de energía renovable.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, Domingo 21 de Septiembre de 2025
