PAÍS CIRCULAR – La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se reunió con la comisión de Medio Ambiente del Senado, donde dio a conocer las áreas que serán priorizadas por la cartera en los próximos añosDurante la mañana del lunes, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado recibió a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el subsecretario, Juan Ignacio Vial, quienes expusieron sobre las áreas que serán priorizadas durante el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Además, las autoridades ministeriales respondieron inquietudes de los integrantes de la Comisión, presidida por el senador Sergio Gahona (UDI) y conformada por Alfonso De Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD), Andrés Longton (RN), y Miguel Ángel Calisto (ind. Evólopi), quien no participó en la cita del lunes.
La ministra Toledo expuso “los tres grandes ejes en loa que vamos a centrar nuestros esfuerzos estos años”.
El primero de ellos, indicó, es la situación general de los residuos, donde incluyó la emergencia en relación a los rellenos sanitarios, la necesidad de mejorar la gestión de los residuos orgánicos, y revisar algunos aspectos de la Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a los productores de siete productos prioritarios a hacerse cargo de la recolección y valorización de los materiales una vez que cumplen su vida útil.
“Entendemos que el tema de los residuos es multifactorial, que el Ministerio del Medio Ambiente no es el único responsable, no es el único organismo que tiene competencias directas en esto, pero sí, obviamente, le cabe un rol”, dio la ministra.
“Como gobierno, estamos conscientes de la emergencia sanitaria, hay situaciones bastante delicadas que se están dando en el sur del país. Es de nuestro mayor interés afrontar el tema de los residuos, por una parte, trabajando con la Subdere, para efectos de ver los rellenos sanitarios y entendiendo el rol y el trabajo que tienen ellos con los municipios. Pero, en lo que respecta al Ministerio del Medio Ambiente, vamos a revisar la Ley REP, porque entendemos que el cumplimiento de las metas no se está dando con la velocidad que estaba esperada. Hay ciertas observaciones a la implementación de la ley”, agregó.
Asimismo, Toledo se refirió a la Mesa Ejecutiva para la Productividad (MEP), una instancia público-privada que el año pasado analizó la REP para el producto prioritario de Envases y Embalajes, regulado mediante el Decreto Supremo 12, que debiese ser revisado prontamente. “Hubo una mesa bastante interesante que se hizo el año pasado en CORFO, que tuvo un diagnóstico de bastante interés para nosotros, que vamos a estudiarlo y ver qué podemos rescatar de ahí, dado lo que se ha conversado”.
“También nos interesa mucho poder definir un plan concreto respecto de residuos orgánicos, sin perjuicio de que es un tema que se ha venido discutiendo, que está la ENRO (Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos), y hay un proyecto de ley. Consideramos que es necesario hacer un aterrizaje quizás un poco más práctico para asegurarnos de poder iniciar la implementación concreta y efectiva de este tema”, dijo Francisca Toledo.
Agilización institucional
El segundo eje, dijo, es la “agilización institucional”. Esto incluye, en primer lugar, resolver una serie de reclamaciones que se encuentran pendientes en el proceso de evaluación ambiental, “con los ajustes administrativos internos, tanto a nivel de la operación del Comité de Ministros como a nivel del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)”.
“Pero también acá se enmarca la continuidad de dos discusiones legislativas importantes, que una es la reforma al SEA, que está en este momento en votación para la Sala del Senado, y otra es el proyecto de ley de reforma a la SMA. Ambos proyectos vienen del periodo anterior y han tenido modificaciones, pero creemos que hay cosas bastante atractivas que nos interesaría rescatar. Obviamente hay otras donde probablemente vamos a hacer ajustes, pero es una muy buena base de discusión, particularmente por los consensos que se han ido construyendo. También hay que adelantarles que es de nuestra intención el segundo semestre ingresar un proyecto de ley que reforma los tribunales ambientales”, explicó la ministra.
“En la línea siempre de buscar agilización en los pronunciamientos, entendemos que parte del cuestionamiento de los plazos asociados a la evaluación ambiental no pasa únicamente por los procesos que pueden estar al alero del Servicio de Evaluación Ambiental, sino que también hay ciertas cosas que mirar en sede judicial y es de nuestro interés hacer una revisión, resguardando, obviamente, que el pronunciamiento siempre se enmarque dentro de los aspectos legales y ambientales que se hayan definido como país”.
“En lo que respecta al Ministerio del Medio Ambiente, vamos a revisar la Ley REP, porque entendemos que el cumplimiento de las metas no se está dando con la velocidad que estaba esperada. Hay ciertas observaciones a la implementación de la ley”.
Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente.
Implementación del SBAP
El tercer eje priorizado por el MMA será el proceso de implementación del Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas (SBAP), que inició sus operaciones en febrero de este año.
“La primera señal ha sido la utilización de la ‘bala de plata’ en el SBAP”, dijo Toledo, en referencia a que el presidente Kast nombrará a un nuevo Director Nacional de manera directa, sin realizar un concurso por Alta Dirección Pública. “Creo que es una señal potente de este gobierno, del compromiso y de ser conscientes de la importancia de este servicio, no solo por la parte de que unifica y viene a ordenar todo el tema de los distintos instrumentos, sino que también tiene un foco importante y es el que queremos poner mucho foco en todo lo que es gestión de las áreas protegidas y los parques nacionales”.
La autoridad recordó que en agosto se inicia el traspaso de funcionarios de CONAF al SBAP y también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) pasa a ser administrado por el SBAP.
Iniciativas legislativas
Más allá de los 3 ejes, la ministra comentó los intereses legislativos del ministerio, particularmente lo relativo a los Tribunales Ambientales, creados en 2012 con la ley 20.600. “Hay un proyecto que nos interesa mucho, que es uno que viene a hacer un ajuste a los procedimientos de casación de los Tribunales Ambientales. Ahí compartimos la opinión de la Corte Suprema, que mandó el informe en que dice que hay que ajustar, porque se eliminó la palabra ‘definitiva’ de la sentencia y eso podría causar el efecto contrario al espíritu original de la ley. Entendemos que esto está a la espera de informes de la Comisión de Constitución del Senado”, concluyó Francisca Toledo.
Fuente: País Circular, Miércoles 1 de Abril de 2026
