EX ANTE – Sobre la posible judicialización de iniciativas aprobadas, en conversación con El Mercurio, Quiroz detalló que “tenemos una propuesta de ley, que emula lo que hace Brasil, donde existe la vía judicial para los reclamos y el inversionista puede desarrollar su proyecto si cuenta con una RCA”. En Brasil, el proyecto fue impulsado especialmente por el “Zar de la economía” de Bolsonaro, Paulo Guedes, que fue formado en la Universidad de Chicago, donde compartió con Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Jorge Selume.
Lo nuevo. Una de las principales tareas que se ha encomendado el gobierno entrante de José Antonio Kast, al asumir el 11 de marzo de 2026, es destrabar los proyectos de inversión y disminuir la burocracia.
- En distintas ocasiones, el ministro de Hacienda designado por Kast, Jorge Quiroz, ha apuntado que llamará al Consejo de Ministros en los primeros 45 días de gobierno para resolver los proyectos de inversión por US$ 12.000 millones que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada y que están a la espera de una decisión del Ejecutivo.
- Respecto a la posibilidad de judicializar la aprobación de iniciativas, Quiroz detalló a El Mercurio que “tenemos una propuesta de ley, que emula lo que hace Brasil, donde existe la vía judicial para los reclamos y el inversionista puede desarrollar su proyecto si cuenta con una RCA”.
- Esto, para reducir el impacto económico de la judicialización por el retraso de las iniciativas. El próximo ministro de Hacienda señaló que hoy “la inversión se retrasa 8, 10 años y, en la mayoría de los casos, la Corte determina que el Estado tenía razón, pero el inversionista ya se fue”.
- En caso de haber un fallo adverso, Quiroz expresó que el riesgo lo correrá el Estado, que deberá indemnizar al inversionista si el fallo judicial rechaza su proyecto.
Por qué importa. En conversación con Ex-Ante, una fuente cercana a Quiroz dio a conocer que el proyecto de ley se está trabajando, y forma parte de las conversaciones legislativas que se harán en febrero de 2026.
- La economista especialista en Minería, María Cristina Betancour, señaló que, en muchos casos, “en estas judicializaciones se retrasan los proyectos sin aportar mejoras medioambientales, solo provoca incertidumbre al inversor”.
- Agregó que lo que se busca con esto es que haya más certidumbre para los inversionistas: “Si vienen a invertir que estén seguros que van a poder materializar el proyecto”.
- En julio de 2025, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entregó a los entonces candidatos presidenciales un documento denominado “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”.
- El gremio propuso que se debía optimizar la tramitación de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de evaluaciones técnicas con criterios objetivos, reglas claras ante la judicialización y establecer un sistema de preanálisis temprano y voluntario, entre otros.
- También expresaron que debían haber reglas claras ante la judicialización; limitar las reclamaciones solo a quienes participaron en el proceso de participación ciudadana, evitando la paralización de proyectos por acciones judiciales o hallazgos arqueológicos, trasladando la defensa del proyecto al Estado.
Caso brasileño. El modelo que busca emular Quiroz tiene su génesis en Brasil, con el proyecto llamado “Ley General de Licencias Ambientales”, que establece normas generales para el licenciamiento de actividades o proyectos que utilicen recursos ambientales, sean efectiva o potencialmente contaminantes, o sean capaces, de cualquier forma, de causar degradación ambiental.
- Este fue ingresado al Congreso brasileño inicialmente en 2004, pero fue reactivado posteriormente por el gobierno de Jair Bolsonaro y logró su aprobación en julio de 2025 bajo la actual administración de Luiz Inácio Lula da Silva.
- Tras su aprobación, el actual mandatario brasileño vetó 63 de los 400 artículos de la ley.
- La iniciativa fue impulsada especialmente por el “Zar de la economía” de Bolsonaro, Paulo Guedes, que fue formado en la Universidad de Chicago, donde compartió con Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Jorge Selume.
- El proyecto original buscaba entregar seguridad jurídica, reducir la burocracia y acelerar inversiones en infraestructura y agronegocio.
Fuente: Ex Ante, Lunes 26 de Enero de 2026
