REVISTA NUEVA MINERÍA Y ENERGÍA – La ingeniería de consulta entra a 2026 en una posición mucho más sólida que hace un par de años, pero el verdadero punto de inflexión no será la estadística, sino la capacidad del país para convertir este ciclo favorable en política de Estado y no en una nueva temporada de coyuntura pasajera.
Durante 2025, el Índice de la Actividad de la Industria de la Ingeniería (ICON) se ha movido de manera consistente en una zona de “actividad alta”, con crecimientos interanuales cercanos al 10%, lo que habla de una industria que ya no está solo rebotando desde la crisis, sino consolidando niveles de demanda más estructurales. La cartera está fuertemente anclada en minería -alrededor de 56% de las horas de consultoría- con energía e infraestructura general como segundos motores, y con un urbanismo inmobiliario aún pequeño en volumen, pero que aporta las tasas de crecimiento más altas, anticipando un desplazamiento progresivo hacia proyectos de ciudad, vivienda e infraestructura urbana.
En paralelo, el contexto macro juega a favor: los principales informes de mercado proyectan para 2026 un cobre alto en perspectiva histórica, con un rango de referencia que va desde 4,25-4,55 US$/lb hasta escenarios más agresivos sobre 5 US$/lb, impulsados por la electrificación global y una oferta que no crece al mismo ritmo. Para Chile, primer productor mundial, esto no debiera traducirse solo en mayores excedentes, sino en una oportunidad de encadenar más valor local mediante servicios de ingeniería, innovación y gerenciamiento de proyectos a lo largo de toda la cadena minera y energética.
En ese escenario, la proyección razonable es que el ICON se mantenga levemente sobre 1,20 durante 2026, con sesgo al alza si el próximo gobierno acelera la inversión en infraestructura y energía, y entrega certezas regulatorias a la minería, permitiendo que
aumente el peso de la ingeniería de preinversión y de detalle respecto del actual predominio del gerenciamiento de proyectos.
FOCOS DEL NUEVO GOBIERNO
Infraestructura y permisos: aumentar sostenidamente la inversión total en infraestructura hacia el entorno de 4,3% del PIB, simplificando trámites que hoy pueden tomar hasta 85 meses antes de iniciar obras, y poniendo en régimen la nueva ley de autorizaciones sectoriales, con ventanilla única interoperable con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Agenda hídrica: adoptar el Plan Nacional de Seguridad Hídrica con inversión anual cercana a 0,7% del PIB, reduciendo pérdidas de agua del 33,5% a menos de 20% y masificando desalación, reutilización y embalses multipropósito, todo lo cual requiere estudios, modelación y proyectos complejos donde la ingeniería de consulta es clave.
Energía y transmisión: ejecutar un plan plurianual de resiliencia (servicios complementarios, ciberseguridad) y una cartera priorizada de transmisión y almacenamiento BESS 2025–2030 para reducir vertimientos renovables y costos marginales, generando demanda intensiva por ingeniería eléctrica, civil y ambiental.
Minería y encadenamientos: agilizar permisos ambientales y sectoriales para exploración y nuevos proyectos, estandarizar criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y acelerar la transición hídrica y energética de la gran minería (uso de agua de mar, energías renovables, electrificación y H 2 V), aprovechando el ciclo de precios del cobre para encadenar más valor en servicios de ingeniería.
Ciudad, transporte y sostenibilidad: impulsar un programa robusto de transporte público regional, logística urbana y barrios sostenibles, incorporando certificación de infraestructura, criterios de resiliencia climática e inteligencia artificial para la gestión de sistemas, ámbitos donde la consultoría de ingeniería nacional ya tiene propuestas maduras.
Para concluir, consideramos que independientemente del resultado positivo esperado para los siguientes años; la pregunta adecuada no es si será “mejor o peor” que 2025, sino en algo más estratégico: ¿qué hará Chile, su próximo gobierno y sus principales mandantes públicos y privados con un cobre alto, y una cartera de desafíos país ampliamente diagnosticada?
PRECIO DEL COBRE
Lo anterior se vincula con el escenario favorable de que el cobre vuelve a niveles históricamente altos. En los mercados internacionales, la tonelada supera los US$12.000 y el valor por libra se acerca a los US$6. Para un país como Chile, principal productor mundial, la reacción inmediata suele ser de alivio, cuando no de celebración. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿qué hacemos, como país, cuando el cobre está caro?
El problema de fondo no es el precio. El cobre es y seguirá siendo un commodity cíclico, con fases de precio alto y bajo que nadie puede anticipar con precisión en su duración o magnitud. Lo que sí es evidente es si el precio está alto o bajo, y frente a esa realidad Chile actúa, una y otra vez, como si no hubiera diferencia.
Cuando el precio está alto, no se construye una estrategia de largo plazo. No se consolidan ahorros con un propósito país, no se aceleran inversiones en educación, capital humano o infraestructura habilitante para nuevas actividades productivas. Tampoco se generan certezas regulatorias que conviertan esta bonanza en proyectos futuros. Administramos el presente con lógica de corto plazo político, como si el ciclo favorable fuese a durar indefinidamente.
Cuando el precio baja, el guion se invierte: ajustes, recortes y postergaciones. La inversión en educación vuelve a tratarse como gasto y, sin políticas de Estado sostenidas, las reformas han ampliado la brecha entre educación pública y privada en vez de reducirla. La infraestructura se difiere, atrapada en permisos largos e inciertos que frenan proyectos y, al final, encarecen y fragilizan el desarrollo futuro. El resultado es conocido: Chile pierde valor dos veces en cada ciclo, cuando el precio sube y no se prepara, y cuando baja y no tiene con qué amortiguar el golpe.
Esto no es fatalidad, es una decisión institucional. Países sin recursos naturales comparables decidieron pensar su desarrollo a 20 o 30 años. Corea del Sur es un ejemplo: invirtió de manera sostenida en educación, formación técnica e ingeniería, aún sabiendo que los resultados no se verían en uno ni dos gobiernos. Hoy esa apuesta se traduce en industrias sofisticadas y competitivas a escala global.
Chile, en cambio, sigue viviendo al día, todavía dependiendo de un recurso cuyo carácter cíclico conoce de sobra. No ha logrado construir una política de Estado que intervenga cuando el precio del cobre esté alto, como oportunidad para estabilizar la economía futura, nivelar el desarrollo y corregir una debilidad institucional persistente.
El ciclo del cobre no es el verdadero problema: la demanda estructural existe y todo indica que seguirá creciendo. Lo que falla es la conducta colectiva frente a los ciclos. No se trata de predecir el futuro, sino de dejar de improvisar cuando el presente nos favorece. No importa cuánto vale hoy la libra, importa qué país tendremos cuando el cobre deje de estar en máximos o se hunda por años. Sin una política de Estado que ahorre en serio, invierta en personas e infraestructura y ofrezca reglas estables, esta bonanza será solo otra fiesta corta pagada a crédito.
Por Juan Pablo Negroni, presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC) y Marcelo Aguilar, presidente del Comité de Minería de la AIC.
Fuente: Revista Nueva Minería y Energía, Lunes 2 de Marzo de 2026
