EL LIBERO – El tema de la desalinización ha ido ocupando un lugar cada día más importante en el debate nacional como resultado de la creciente escasez hídrica que afecta principalmente a la zona central de Chile desde hace 15 años. Hoy, el agua desalada es un insumo muy importante para el desarrollo de diversas industrias tales como la minera en el norte del país, puesto que además de la creciente escasez hídrica, el uso de agua dulce en procesos industriales ha perdido legitimidad para una parte de la sociedad chilena.
Asimismo, cada día es más necesario contar con fuentes hídricas estables como el agua desalada para garantizar que toda persona pueda acceder a agua suficiente, salubre, aceptable, asequible y accesible para uso personal y doméstico (Derecho humano al agua y saneamiento). Es interesante ver cómo ha ido aumentado el abastecimiento de la población en base a esta fuente hídrica. Veamos algunas cifras.
Actualmente, el 100% de la población de las ciudades de Antofagasta y Mejillones -de alrededor de medio millón de personas- se abastecen con agua potable de origen marino con la entrada en operación en marzo de 2025 de la ampliación de la planta desaladora Norte (dicha planta comenzó a operar en 2003, hace más de 20 años, y abastecía a alrededor del 15% de la población). Así, Antofagasta se convirtió en la primera ciudad en Chile y en América Latina que se abastece en su totalidad con agua proveniente del mar.
En la región de Atacama, hay alrededor de 210 mil personas que habitan en las comunas de Copiapó, Chañaral, Caldera y Tierra Amarilla y se abastecen con agua potable de origen marino desde el año 2022 (Planta Nueva Atacama). En noviembre pasado, se adjudicó la construcción y operación de la planta desalinizadora en el sector de Panul, región de Coquimbo, a la empresa Sacyr Agua. Su entrada en operación está prevista para el año 2029 y se estima que permitirá abastecer a más de 540 mil personas en las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle.
Avanzando hacia el sur, en la región de Valparaíso se está construyendo la planta desalinizadora Aguas Pacífico que permitirá destinar 30 litros por segundo para consumo humano, lo que permitirá abastecer a más de 40 mil personas en las comunas de Limache y Olmué a partir del año 2025. Además, abastecerán las operaciones de la mina Los Bronces perteneciente a la empresa Anglo American en la región Metropolitana.
Es decir, hoy son al menos 700 mil personas las que se abastecen con agua potable de origen marino, cifra que podría más que duplicarse hacia fines de esta década como resultado de las nuevas plantas desaladoras en construcción entre las regiones de Antofagasta y Valparaíso.
Adicionalmente, hay diversas plantas de desalinización multipropósito en etapa de prefactibilidad que proveerán agua para consumo humano, entre otros usos, tales como Desala Petorca, Desala Choapa, Desala O’Higgins, Desala Elqui, CRAMSA (región de Antofagasta; 2028), Limarí, Arica, Enapac (Región de Atacama) (ver Catastro Acades ). La inversión en plantas de desalación y sus obras afines avanza en forma sostenida, aun cuando los plazos desde el inicio de los trámites hasta su puesta en marcha varían entre 8 y 12 años.
En paralelo, a la materialización de dichas inversiones, avanza lentamente el Proyecto de ley sobre uso de agua de mar para desalinización (N. 11.608-19). Dicho proyecto de ley ingresó a trámite en enero de 2018 y acaba de iniciar su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, es decir, lleva casi 8 años de tramitación. En este lapso se observa que la industria de desalación se ha ido legitimando, lo que podría traducirse en una tramitación más rápida de aquí en adelante.
Es importante señalar que dicho proyecto de ley contiene un elemento que facilitaría enormemente este tipo de inversiones, claves para la población en algunas zonas del país, y que se refiere a las servidumbres de paso. Dichas servidumbres son necesarias para la instalación de caminos y ductos de distribución del agua desde las plantas de desalación hasta los lugares de uso, similar a lo que existe en la regulación eléctrica. La ausencia de legislación en la materia dificulta enormemente las negociaciones con privados o con el Fisco puesto que se requiere atravesar la propiedad de terceros. Tal vez el esfuerzo legislativo debiera alejarse de las posiciones ideológicas y centrarse en aspectos técnicos, abocándose específicamente a dicha problemática, lo que permitiría reducir los plazos asociados a estas inversiones, y así reducir el riesgo futuro de abastecimiento para la población.
Fuente: El Libero, Miércoles 10 de Diciembre de 2025
