EX ANTE – Hemos visto con interés la importancia que las nuevas autoridades le han dado a la infraestructura. Como CPI hemos estado muy involucrados en la definición de políticas públicas, pues creemos que a través de ellas podemos contribuir a generar las condiciones para que proyectos en las áreas productivas y de servicios puedan desplegarse con mayor efectividad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mediante una mayor disponibilidad de bienes públicos, permitiendo, a la vez, un aumento del empleo, estabilidad y mayores niveles de productividad que impacten el crecimiento y los salarios.
Para avanzar en esa dirección hemos propuesto diferentes iniciativas, aunque hemos evitado proponer proyectos específicos por varias razones.
La primera: creemos que es responsabilidad de las autoridades optar por determinadas iniciativas y, además, elegir un proyecto siempre significa dejar de optar por otro, lo que genera dudas respecto de los compromisos que una entidad transversal como la nuestra debe mantener.
Una vez que las autoridades decidan, es pertinente entregar un punto de vista, tal como lo hemos hecho en relación al Puerto de San Antonio, la desalinizadora de Coquimbo, el Puente del Chacao y los programas de ferrocarriles para pasajeros y carga.
Sin embargo, hay tres áreas en las que sí creemos que debemos proponer acciones concretas.
La primera, corresponde a la creación de una instancia institucional de alta jerarquía que asuma el compromiso de acelerar proyectos. Estamos convencidos de que es posible por esta vía acelerar la inversión en un plazo breve, dándole tiempo a las autoridades para trabajar en paralelo en una institucionalidad pública definitiva que sea proclive a la inversión.
Un segundo tema relevante corresponde a revisar lo que está pasando con el sistema de concesiones y la Asociación Público-Privada en general, para tomar las medidas necesarias que permitan a esta industria recuperar su rol protagónico, supliendo así la escasa capacidad del sector público de destinar recursos a la inversión. Por ejemplo, la modificación a la Ley de Financiamiento Urbano Compartido debería ser de máxima urgencia para crear un instrumento efectivo que incentive la inversión privada en infraestructura pública.
Por último, creemos que no es posible pensar en un proceso de descentralización efectivo sin coordinar políticas de infraestructura entre los gobiernos regionales y el Gobierno Central. No habrá descentralización sin una infraestructura de alto nivel que permita a las personas optar por vivir en zonas más apartadas con acceso a bienes públicos de calidad.
La infraestructura debe ser vista como un aporte para dinamizar la inversión y para ello es fundamental que esté relacionada con objetivos estratégicos que el país se proponga alcanzar.
Pasar de una política de infraestructura a un “Plan de Infraestructura” no es trivial si es que se aspira a priorizar, definir cronogramas realizables e identificar formas de financiamiento. Para avanzar en esa dirección, el CPI está absolutamente disponible.
Fuente: Ex-Ante, Viernes 2 de Enero de 2026
