Jueves, Enero 8, 2026

CPI participa en Diálogo “Política Nacional de Desarrollo Urbano, nuevas oportunidades para las ciudades”

CPI – La importancia de consolidar y conformar un plan para implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano en Chile fue el principal foco del Diálogo organizado este miércoles por la Cámara Chilena de la Construcción. En el encuentro participaron Paola Jirón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial; Sergio Baeriswyl, past president de esa entidad; Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI y Tomás Riedel, gerente de vivienda 2035 de la Cámara.

Recientemente, los ministerios -que conforman la COMICIVYT-, aprobaron la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y pronto será ingresada a la Contraloría, por lo que sus alcances generan interés en el sector público y privado.

La presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), Paola Jirón, explicó que la actualización de la Política entrega orientaciones prácticas en ocho ámbitos temáticos (institucionalidad, gobernanza y participación; vivienda adecuada y hábitat residencial, espacio público, movilidad, identidades culturales y patrimonios, sustentabilidad y resiliencia, desarrollo económico y planificación integrada y gestión de suelo) con el objetivo de generar impacto en la calidad de vida de las personas. “En vivienda, amplía las opciones de acceso incorporando modalidades de arriendo, promueve la mixtura social, la incorporación de equipamientos colectivos y estrategias de regeneración urbana y densificación equilibrada, en respuesta a los cambios demográficos y a la diversidad de los hogares. En movilidad, fortalece el transporte público sustentable, impulsa planes de movilidad integrados y reconoce como esenciales las ciclovías, los espacios caminables y la logística urbana. La política avanza además en la adaptación de las ciudades al cambio climático, incorporando medidas de gestión hídrica, eficiencia energética y expansión de áreas verdes con criterios de equidad, y pone énfasis en resguardar la interfaz urbano-rural, protegiendo suelos agrícolas, con riesgo de desastre o con fragilidad ambiental”, dijo Jirón.

Sobre los temas prioritarios de esta Política, el past president del CNDU, Sergio Baeriswyl, explicó que la “prioridad sería abordar hoy día el flagelo más importante de las ciudades, que es la vivienda. El tema de la vivienda se nos fue de las manos. Se está construyendo ciudades en la informalidad sin ningún control. Se están tomando decisiones políticas a propósito de la informalidad”, sostuvo, a raíz del caso de San Antonio.

Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, planteó que un desafío relevante para la Política Nacional de Desarrollo Urbano corresponde a “pensar en una forma de gobernanza específica que recoja el principal desafío que tiene que ver con la pertinencia territorial, teniendo en cuenta las prioridades nacionales. Así se pueden priorizar cuáles son los tipos de intervenciones que se requieren en función de objetivos compartidos”.

Añadió que no hay descentralización sin transferencia efectiva de facultades en el ámbito de la infraestructura a los gobiernos regionales y que también se requiere una articulación con el sector privado, fomentando así la asociación público privada, para concretar proyectos que beneficien a las comunidades y a la economía.

Fuente: Consejo Políticas de Infraestructura, Miércoles 17 de Diciembre de 2025

CPI – La importancia de consolidar y conformar un plan para implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano en Chile fue el principal foco del Diálogo organizado este miércoles por la Cámara Chilena de la Construcción. En el encuentro participaron Paola Jirón, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial; Sergio Baeriswyl, past president de esa entidad; Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI y Tomás Riedel, gerente de vivienda 2035 de la Cámara.

Recientemente, los ministerios -que conforman la COMICIVYT-, aprobaron la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y pronto será ingresada a la Contraloría, por lo que sus alcances generan interés en el sector público y privado.

La presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), Paola Jirón, explicó que la actualización de la Política entrega orientaciones prácticas en ocho ámbitos temáticos (institucionalidad, gobernanza y participación; vivienda adecuada y hábitat residencial, espacio público, movilidad, identidades culturales y patrimonios, sustentabilidad y resiliencia, desarrollo económico y planificación integrada y gestión de suelo) con el objetivo de generar impacto en la calidad de vida de las personas. “En vivienda, amplía las opciones de acceso incorporando modalidades de arriendo, promueve la mixtura social, la incorporación de equipamientos colectivos y estrategias de regeneración urbana y densificación equilibrada, en respuesta a los cambios demográficos y a la diversidad de los hogares. En movilidad, fortalece el transporte público sustentable, impulsa planes de movilidad integrados y reconoce como esenciales las ciclovías, los espacios caminables y la logística urbana. La política avanza además en la adaptación de las ciudades al cambio climático, incorporando medidas de gestión hídrica, eficiencia energética y expansión de áreas verdes con criterios de equidad, y pone énfasis en resguardar la interfaz urbano-rural, protegiendo suelos agrícolas, con riesgo de desastre o con fragilidad ambiental”, dijo Jirón.

Sobre los temas prioritarios de esta Política, el past president del CNDU, Sergio Baeriswyl, explicó que la “prioridad sería abordar hoy día el flagelo más importante de las ciudades, que es la vivienda. El tema de la vivienda se nos fue de las manos. Se está construyendo ciudades en la informalidad sin ningún control. Se están tomando decisiones políticas a propósito de la informalidad”, sostuvo, a raíz del caso de San Antonio.

Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, planteó que un desafío relevante para la Política Nacional de Desarrollo Urbano corresponde a “pensar en una forma de gobernanza específica que recoja el principal desafío que tiene que ver con la pertinencia territorial, teniendo en cuenta las prioridades nacionales. Así se pueden priorizar cuáles son los tipos de intervenciones que se requieren en función de objetivos compartidos”.

Añadió que no hay descentralización sin transferencia efectiva de facultades en el ámbito de la infraestructura a los gobiernos regionales y que también se requiere una articulación con el sector privado, fomentando así la asociación público privada, para concretar proyectos que beneficien a las comunidades y a la economía.

Fuente: Consejo Políticas de Infraestructura, Miércoles 17 de Diciembre de 2025

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