PAÍS CIRCULAR – Hace una semana fue aprobada en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja el proyecto de ley para prohibir al 2025 la instalación y funcionamiento en todo el país de centrales eléctricas alimentadas con carbón. La iniciativa pasó a la sala de la Cámara de Diputados, donde se van a ingresar indicaciones, según adelantó el jefe de la bancada RN, Sebastián Torrealba. Parlamentarios que apoyan la propuesta y la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, valoran los efectos positivos que tendría para el medioambiente y la salud de las personas, creen que la fecha propuesta es factible y que prácticamente no conlleva riesgos. Por parte del gobierno, afirman que el proyecto tiene cinco riesgos: desempleo, racionamiento eléctrico, alza en las cuentas de la luz, la eventual inconstitucionalidad de la norma y las posibles demandas de los dueños de las centrales contra el Estado, cuyo monto se estima en US$20 mil millones en compensaciones.
A principio de este año un grupo de nueve diputados presentó un proyecto de ley que busca que el país sea más ambicioso en abordar la descarbonización de la matriz energética, adelantando la eliminación total de las termoeléctricas a carbón en 15 años, en relación al acuerdo del gobierno con las generadoras anunciado en junio de 2019.
Mientras dicho pacto fija para 2040 el fin de ese tipo de generadoras en Chile, la iniciativa legal señala el 31 de diciembre de 2025 como plazo máximo para que dejen de existir y funcionar, así como el retiro inmediato de las centrales con más de 30 años de antigüedad. Más allá de las distintas fechas, existe una diferencia más consistente entre ambas formas de lograr la descarbonización: el acuerdo es voluntario, mientras que la ley es vinculante.
Hace una semana, el proyecto fue aprobado en particular en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara y fue despachado a la sala para su discusión.
El diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), uno de los firmantes de la moción y quien ha sido encargado como informante, explicó que la idea del proyecto surgió porque consideraron insuficiente el acuerdo al que llegó el gobierno con las generadoras. “Tanto por la extensión de los plazos, que no atienden a la urgencia que representa la existencia de zonas de sacrificio y el cambio climático, como por no tener fuerza legal suficiente para ser cumplido, es decir, queda a la voluntad de los privados”.
En ese sentido, el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara y promotor de la iniciativa, diputado Félix González (Ecologista Verde), consideró muy importante que la descarbonización sea vinculante. “Por ley queremos cerrar las termoeléctricas a carbón, por todo el daño que hacen a la salud de las personas, al mar a través de las aguas muertas, al suelo a través de las cenizas, y a muchas personas en distintas comunas, como Coronel, Quintero, Puchuncaví y Mejillones, donde están respirando todos los días metales pesados”.
Asimismo, a juicio de la directora ejecutiva de la organización ambientalista Chile Sustentable, Sara Larraín, “el aporte real de este proyecto es que lo hace vinculante, porque lo otro es voluntario y no hay ningún decreto”. Añade que los pactos firmados tienen una serie de condiciones, en particular una con la que ella está totalmente en desacuerdo: que las centrales apagadas pueden acogerse al Estado de Reserva Estratégica (ERE). “Eso quiere decir que durante cinco años después del cierre se les va a seguir pagando un 60% del pago por potencia, por estar en el sistema de respaldo sin generar. Eso no corresponde, es una distorsión del mecanismo de respaldo. Y ese fondo lo pagamos todos los chilenos”.
Argumentos en contra
Poco antes de la votación, el comité de la Cámara escuchó a la ministra del Medio Ambiente (MMA), Carolina Schmidt, y al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien planteó cinco posibles riesgos del proyecto: desempleo, racionamiento eléctrico, alza en las cuentas de la luz, demandas de los dueños de las centrales contra el Estado, y eventual inconstitucionalidad de la norma.
En la misma línea que el ministro, el jefe de la bancada de Diputados de RN, Sebastián Torrealba criticó algunos aspectos del proyecto, consideró que “le falta mucha discusión”, y anunció que van a ingresar las indicaciones en particular.
“Compartimos el fondo del proyecto, de limpiar la matriz energética del país, pero creemos que la forma está mal construida (…) Queremos agregarle valor a esta propuesta, para acelerar la eliminación del carbón en Chile de manera responsable y no como un eslogan”.
Torrealba subrayó que “lo que tiene que ver con que no se instale nunca más en Chile una termoeléctrica, eso fue votado a favor por todo Chile Vamos, es un compromiso del presidente Sebastián Piñera que ya está establecido hace mucho rato”. Sin embargo, dijo, rechazaron adelantar los cierres, principalmente, por sus posibles efectos económicos.
“Chile se ha comprometido al 2040 a tener una matriz energética completamente limpia, y ese plan establece que se revisa cada cinco años y se puede acelerar por distintas situaciones, y eso es lo que está pasando (…) La gracia de la agenda de carbono neutralidad que tiene Chile es que no desembolsa ningún peso del Estado. Es al revés de lo que ha pasado en los países de Europa; Alemania, por ejemplo, está pagando compensaciones millonarias para transitar del carbón a una matriz energética más limpia”.
El diputado RN indicó que “se ha calculado” que este proyecto podría tener un costo de 20 mil millones de dólares en compensaciones, una cifra que equivale a casi el doble del programa de gobierno para enfrentar la crisis socioeconómica por la pandemia y que, a su juicio, el país no está en condiciones de asumir.
Asimismo, el parlamentario señaló que no se puede “desconectar de un día para otro la energía del país, porque genera externalidades negativas que no han sido medidas por los mocionantes del proyecto”, como por ejemplo, la reincorporación laboral de las personas que quedarían sin trabajo.
Finalmente, manifestó que la iniciativa tiene “algunas características bastante inconstitucionales”. Consultado al respecto, explicó que existen contratos con las generadoras y “si uno desconectara de un día para otro las termoeléctricas se incumpliría el contrato, por lo tanto, habría elementos inconstitucionales, dado que el Ejecutivo es el único que puede presentar proyectos de ley cuando esto puede generar efectos adversos al Estado (…) y no solo en el tema de las compensaciones, sino también en temas relacionados a la propiedad privada”.
Sobre la posibilidad de tener que pagar compensaciones, Sara Larraín considera improbable que las empresas demanden al Estado, ya que “en el contexto de las obligaciones climáticas y del cumplimiento de los planes de descontaminación hay justificación suficiente para ganar un juicio en cuanto a que estas inversiones tienen cinco años para cerrar”. Haciendo un recuento de las compañías involucradas, la ambientalista recuerda que Enel ya se comprometió a los cierres, Colbún mantiene una sola central a carbón, y Engie, por tener capitales del Estado francés tiene obligaciones financieras para descarbonizar; “la compañía estadounidense AES Gener, que es la principal propietaria de empresas carboneras y que no se ha modernizado desde la perspectiva del cambio climático, quizá podría demandar, pero lo veo muy poco probable”.
Capacidad versus demanda
La directora ejecutiva de Chile Sustentable consideró que los argumentos expuestos por el ministro de Energía son muy débiles, pues existe amplia evidencia que avala lo contrario. “No me parece muy responsable, en términos de discusión política, caer en amenazas como las que hizo Jobet”, comentó.
Larraín se remite a una serie de estudios técnicos donde se concluye que “perfectamente se pueden cerrar todas las termoeléctricas a carbón a 2030”, año que ha planteado Chile Sustentable para que el proceso sea “relajado”.
Entre otras cifras, Sara Larraín menciona la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (25.580 MW), que supera ampliamente la demanda, incluso en las horas de mayor consumo (10.336 MW).
Hasta antes del acuerdo anunciado por el gobierno con las generadoras había 28 termoeléctricas a carbón funcionando en el país. Desde entonces y en virtud del pacto, fueron retiradas tres: una en Tarapacá, CTTAR (22 años de antigüedad); y dos en Tocopilla, U12 (37) y U13 (35).
Según cifras del Boletín del Mercado Eléctrico Sector Generación (julio 2020) emitido por la Asociación de Generadoras de Chile, las 25 centrales a carbón que están operando producen 5.192 MW, es decir, 20,3% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que llega a 25.580 MW. Aunque en esto hay que considerar que hay 2.400 MW solares que no están disponibles de noche, que el viento tampoco lo está las 24 horas y que la generación hídrica enfrenta un escenario de sequía estructural.
No obstante ello, Sara Larraín plantea que dichas cifras dan cuenta de que “lo que dijo el ministro de que podría haber racionamiento y aumentar los costos de energía, porque hoy día Chile tiene prácticamente el doble de la capacidad de generación instalada de lo que está solicitando la demanda. Estamos sobrados de cariño, tenemos un parque excedentario”.
Por lo anterior, subraya, “cerrar las centrales al año 2025 es totalmente factible en términos técnicos e incluso si no hiciéramos nuevas líneas de transmisión”.
Existe actualmente un debate en relación a las líneas de transmisión necesarias para incluir más energía de fuentes renovables al sistema, sin embargo, Larraín indica que los estudios muestran que “con las renovables que están y las que se están construyendo, que son hartos mega, la línea Cardones-Polpaico sirve perfectamente”.
De aquí al 2025 o 2030, dice, habría que construir líneas de transmisión, “pero son las que ya están en todos los escenarios proyectados de la Planificación energética de largo plazo (PELP) del Ministerio de Energía”. Eventualmente, comenta, se tendría que adelantar la construcción un par de años.
En cuanto a los costos de las líneas, se compensan con los menores costos de operación, explica la directora de Chile Sustentable. “Hicimos un estudio con KAS Ingeniería – consultora que ha trabajado con las empresas generadoras y para el Estado modelando-, y vimos que al 2030 los costos de operación se reducen significativamente debido a que ya no van a comprar carbón ni gas, sino que van a funcionar con sol, agua, viento, etc. Esa reducción de costos compensa los aumentos del valor de la transmisión llegando prácticamente a cero; el costo adicional es insignificante”. “Es absurdo seguir hablando de 2040”, agrega.
Desde el Senado, el presidente de la comisión de Medio Ambiente, senador Alfonso de Urresti (PS) cree que la discusión sobre los plazos que provoca este proyecto de ley es absolutamente legítima. “Así como muchos valoran el hecho de que el gobierno se haya puesto como meta el año 2040, otros consideran que es muy lejano y proyecta demasiado en el tiempo los efectos de la contaminación y su impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente. Otros dicen que técnica y económicamente es viable adelantar esa fecha, tal como parecen ratificarlo algunos cierres anticipados decididos por las propias empresas, una medida positiva especialmente cuando se trata de plantas muy antiguas, cuya vida útil está prácticamente superada”.
Tal como señala De Urresti, en el actual parque de termoeléctricas a carbón hay cinco cuya antigüedad supera los 30 años, y que serían inmediatamente cerradas en caso de aprobarse la ley: Tocopilla U14 y U15 (33 y 30 años), Bocamina 1 (51 años), Ventanas 1 (56) y Ventanas 2 (43). Las restantes, con menos de 30 años desde su apertura, tendrían plazo para culminar su funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2025.
Consultado sobre este proyecto de ley, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach prefirió no referirse a él hasta que sea votado en la sala.
Cifras de desempleo
De las 25 centrales a carbón que siguen operando, las empresas acordaron con el gobierno que cerrarían ocho antes de 2024, resolviendo en cada caso la situación de sus trabajadores.
Es decir, un retiro anticipado a 2025 afectaría a los trabajadores directos e indirectos de las restantes 17 termoeléctricas a carbón.
En su comparecencia ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el ministro Jobet dijo que el proyecto de ley significaría una pérdida de 13 mil empleos, basándose en el estudio “Impacto económico y laboral del retiro y/o reconversión de unidades a carbón en Chile”, desarrollado para el Ministerio de Energía, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y publicado en octubre de 2019.
Dicho informe cifra en 4.391 los trabajos directos y en 9.505 los trabajos indirectos (sector comercio, transporte, almacenamiento y servicios conexos, industria, servicios administrativos y de apoyo y servicios profesionales) asociados a las termoeléctricas a carbón.
El estudio fue incluido en un informe para la comisión de Medio Ambiente de la Cámara en relación al nuevo proyecto de ley, donde se explica que las condiciones han cambiado, debido a que fueron evaluadas por el BID “previo al cierre voluntario de centrales termoeléctricas producido durante el año 2019 y el contemplado para el año 2020”.
Frente a lo anterior, Sara Larraín advierte que las cifras presentadas por el ministro “son una trampa”. Sostiene que en el marco de la crisis económica y la reactivación el desempleo es un tema muy sensible, por lo que pide seriedad en el uso de las cifras. El informe del BID, agrega, “fue hecho para la Mesa de Descarbonización a nivel macroeconómico de todo el sector carbón, incluyendo la minería, transporte, puertos, etc. Eso no se puede extrapolar al cierre de 17 centrales que se verían afectadas por la nueva ley”.
“Considero que eso no es honesto en términos de informar a la opinión pública”, señala la directora de Chile Sustentable.
Larraín menciona otros estudios, como un informe preparado por la consultora Inodú (diciembre 2018) para el Ministerio de Energía como insumo técnico de la Mesa de Descarbonización, donde se establece que el promedio de empleados directos en las centrales a carbón es de 154 personas. Es decir, el cierre adelantado de 17 significaría la pérdida de un promedio de 2.618 empleos directos.
Entre otras soluciones, Larraín cree que las empresas pueden buscar fórmulas para reubicar a un porcentaje de esos trabajadores, y el Estado puede elaborar planes de reinserción.
En cuanto a los trabajos indirectos (permanentes y esporádicos) son un promedio de 689 por central, de acuerdo al informe de Inodú. A juicio de Larraín, en las comunas de Coronel, Puchuncaví y Mejillones, donde existen parques industriales, esos empleos debieran ser absorbidos sin mayores problemas. En Huasco y Tocopilla, en cambio, sería necesario planes de desarrollo regional –turismo y olivocultura, por ejemplo- “con una parte de la inversión destinada a una transición con componente social”.
Salud y medio ambiente
La idea matriz descrita en la iniciativa legal es “prohibir la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” (31% de los cuales son en Chile responsabilidad de la generación eléctrica). Esto con al menos dos propósitos principales: honrar los compromisos del país en el marco del Acuerdo de París para frenar el calentamiento global, y combatir los efectos nocivos que la contaminación del aire generada por dichas centrales produce en la salud de las personas y externalidades negativas en los suelos y agua donde se encuentran instaladas.
Ante la comisión de la Cámara, la ministra del MMA, Carolina Schmidt, no profundizó en ese aspecto y apuntó a los factores económicos que estarían relacionados con el proyecto de ley. “Es importante legislar conociendo todas las variables, porque la idea es que sea un beneficio para el medio ambiente, pero también para las personas. Es decir, que no sea más cara la energía”, dijo.
Frente a estas declaraciones, el diputado Ibáñez señaló que “se han expuesto estudios en los que se da cuenta que transformar la matriz de forma rápida es técnicamente viable, pero requiere inversiones y voluntad política. A nuestro parecer la inversión en energía limpia, si bien es costosa en un inicio, se paga por lejos en calidad de vida, salud y bienestar del medio ambiente”.
“Lamentamos que la ministra Schmidt no haya sido capaz de relevar estos aspectos en la discusión y más bien se haya plegado al discurso defensor de las generadoras del Ministerio de Energía. Falta una voz en el gobierno que defienda realmente el medio ambiente y la salud de las personas”, añadió.
En la fundamentación del proyecto se hace referencia a los severos daños que causan los residuos de las termoeléctricas en la salud de las personas que viven cerca de ellas. Entre otros estudios se menciona un informe desarrollado por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encargado por Chile Sustentable para las comunas de Tocopilla, Huasco y Mejillones, publicado en agosto de 2019.
Entre los resultados destacan cifras alarmantes, como que el riesgo de morir por una enfermedad cerebrovascular en Huasco es 281% mayor que el promedio nacional; las probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas de las vías respiratorias es 139% más alta y la presencia de pacientes con asma es casi cuatro veces mayor que en el resto del país.
En Tocopilla, el riesgo de fallecer a causa de tumores malignos en tráquea, bronquios y pulmón es 172% mayor, mientras que las atenciones médicas de pacientes con patologías crónicas de las vías respiratorias y con enfermedades isquémicas del corazón prácticamente duplican a las del promedio nacional. Los datos de Mejillones, en cambio, no arrojaron diferencias estadísticamente significativas con el resto del país.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, señalo que los planes descontaminación para esas comunas no se han cumplido, y “esas poblaciones hoy en día están siendo violentadas en su garantía constitucional de tener un medio ambiente libre de contaminación” (Artículo 19, N°8).
En cuanto a las razones ambientales y sanitarias del proyecto, el senador De Urresti cree que son muy importantes y son, además, las que las personas perciben con mayor nitidez, porque les afectan directamente su salud y su calidad de vida.
“La calidad del aire es tan importante como el acceso al agua, es vital. No sirve tener un gran ‘desarrollo económico’ a costa de la población de algunos territorios, si al final esas personas no podrán disfrutar de las supuestas ventajas de ese desarrollo. Las personas deben ser el centro de cualquier modelo de desarrollo. Para eso, junto con la modernización tecnológica y el cambio de matriz energética, debemos avanzar mucho en materia de ordenamiento territorial”, señala el senador del PS.
En relación a los daños ambientales, De Urresti es tajante: se necesitan regulaciones que garanticen que no se superarán los límites aceptables y que, si ello ocurre, habrá sanciones. “Hasta ahora a muchas empresas, todo su impacto les ha salido gratis. Y no se dice, pero existen estudios que demuestran de qué manera, además de vidas, el país pierde importantes recursos debido a esta situación. No podemos seguir en esta lógica de que, por la necesidad energética, que siempre es el fantasma que se agita, las empresas tengan utilidades y deba ser el Estado el que se haga cargo de sus externalidades”.
Próximos pasos
Consultado sobre la posible llegada del proyecto al Senado, De Urresti cree que es un poco aventurado estimar cuál será el resultado y los tiempos de tramitación que aún le quedan a este proyecto en la Cámara. “Ahora deberá ser votado en la sala y volver a la comisión (…). Además, se trata de una moción que está sin urgencia, frente a la cual seguramente el gobierno buscará reaccionar. Después de la votación en la sala tendremos una mejor apreciación sobre el futuro de este proyecto”.
Sobre el resultado en la sala, el diputado Ibáñez es cautamente optimista: “La oposición ha demostrado ser capaz de alinearse para impulsar aquellos proyectos que son fundamentales y urgentes para enfrentar la crisis que representa el Covid-19, así que creemos que eso debe repetirse en este caso”.
Larraín no aventura resultados, pues cree que “el gobierno está con bastante presión de las empresas, especialmente de AES Gener”. Si bien admite que en el Congreso “hay consenso en que hay que cerrar las carboneras lo antes posible”, cree que “los diputados y senadores oficialistas pueden ser leales al gobierno en el sentido de no querer apurar más al ministro”.
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Fuente: País Circular, Lunes 10 de Agosto de 2020
Cierre de termoeléctricas en cinco años: las visiones encontradas sobre el proyecto de ley ya aprobado en comisión por la Cámara
PAÍS CIRCULAR – Hace una semana fue aprobada en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja el proyecto de ley para prohibir al 2025 la instalación y funcionamiento en todo el país de centrales eléctricas alimentadas con carbón. La iniciativa pasó a la sala de la Cámara de Diputados, donde se van a ingresar indicaciones, según adelantó el jefe de la bancada RN, Sebastián Torrealba. Parlamentarios que apoyan la propuesta y la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, valoran los efectos positivos que tendría para el medioambiente y la salud de las personas, creen que la fecha propuesta es factible y que prácticamente no conlleva riesgos. Por parte del gobierno, afirman que el proyecto tiene cinco riesgos: desempleo, racionamiento eléctrico, alza en las cuentas de la luz, la eventual inconstitucionalidad de la norma y las posibles demandas de los dueños de las centrales contra el Estado, cuyo monto se estima en US$20 mil millones en compensaciones.
A principio de este año un grupo de nueve diputados presentó un proyecto de ley que busca que el país sea más ambicioso en abordar la descarbonización de la matriz energética, adelantando la eliminación total de las termoeléctricas a carbón en 15 años, en relación al acuerdo del gobierno con las generadoras anunciado en junio de 2019.
Mientras dicho pacto fija para 2040 el fin de ese tipo de generadoras en Chile, la iniciativa legal señala el 31 de diciembre de 2025 como plazo máximo para que dejen de existir y funcionar, así como el retiro inmediato de las centrales con más de 30 años de antigüedad. Más allá de las distintas fechas, existe una diferencia más consistente entre ambas formas de lograr la descarbonización: el acuerdo es voluntario, mientras que la ley es vinculante.
Hace una semana, el proyecto fue aprobado en particular en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara y fue despachado a la sala para su discusión.
El diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), uno de los firmantes de la moción y quien ha sido encargado como informante, explicó que la idea del proyecto surgió porque consideraron insuficiente el acuerdo al que llegó el gobierno con las generadoras. “Tanto por la extensión de los plazos, que no atienden a la urgencia que representa la existencia de zonas de sacrificio y el cambio climático, como por no tener fuerza legal suficiente para ser cumplido, es decir, queda a la voluntad de los privados”.
En ese sentido, el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara y promotor de la iniciativa, diputado Félix González (Ecologista Verde), consideró muy importante que la descarbonización sea vinculante. “Por ley queremos cerrar las termoeléctricas a carbón, por todo el daño que hacen a la salud de las personas, al mar a través de las aguas muertas, al suelo a través de las cenizas, y a muchas personas en distintas comunas, como Coronel, Quintero, Puchuncaví y Mejillones, donde están respirando todos los días metales pesados”.
Asimismo, a juicio de la directora ejecutiva de la organización ambientalista Chile Sustentable, Sara Larraín, “el aporte real de este proyecto es que lo hace vinculante, porque lo otro es voluntario y no hay ningún decreto”. Añade que los pactos firmados tienen una serie de condiciones, en particular una con la que ella está totalmente en desacuerdo: que las centrales apagadas pueden acogerse al Estado de Reserva Estratégica (ERE). “Eso quiere decir que durante cinco años después del cierre se les va a seguir pagando un 60% del pago por potencia, por estar en el sistema de respaldo sin generar. Eso no corresponde, es una distorsión del mecanismo de respaldo. Y ese fondo lo pagamos todos los chilenos”.
Argumentos en contra
Poco antes de la votación, el comité de la Cámara escuchó a la ministra del Medio Ambiente (MMA), Carolina Schmidt, y al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien planteó cinco posibles riesgos del proyecto: desempleo, racionamiento eléctrico, alza en las cuentas de la luz, demandas de los dueños de las centrales contra el Estado, y eventual inconstitucionalidad de la norma.
En la misma línea que el ministro, el jefe de la bancada de Diputados de RN, Sebastián Torrealba criticó algunos aspectos del proyecto, consideró que “le falta mucha discusión”, y anunció que van a ingresar las indicaciones en particular.
“Compartimos el fondo del proyecto, de limpiar la matriz energética del país, pero creemos que la forma está mal construida (…) Queremos agregarle valor a esta propuesta, para acelerar la eliminación del carbón en Chile de manera responsable y no como un eslogan”.
Torrealba subrayó que “lo que tiene que ver con que no se instale nunca más en Chile una termoeléctrica, eso fue votado a favor por todo Chile Vamos, es un compromiso del presidente Sebastián Piñera que ya está establecido hace mucho rato”. Sin embargo, dijo, rechazaron adelantar los cierres, principalmente, por sus posibles efectos económicos.
“Chile se ha comprometido al 2040 a tener una matriz energética completamente limpia, y ese plan establece que se revisa cada cinco años y se puede acelerar por distintas situaciones, y eso es lo que está pasando (…) La gracia de la agenda de carbono neutralidad que tiene Chile es que no desembolsa ningún peso del Estado. Es al revés de lo que ha pasado en los países de Europa; Alemania, por ejemplo, está pagando compensaciones millonarias para transitar del carbón a una matriz energética más limpia”.
El diputado RN indicó que “se ha calculado” que este proyecto podría tener un costo de 20 mil millones de dólares en compensaciones, una cifra que equivale a casi el doble del programa de gobierno para enfrentar la crisis socioeconómica por la pandemia y que, a su juicio, el país no está en condiciones de asumir.
Asimismo, el parlamentario señaló que no se puede “desconectar de un día para otro la energía del país, porque genera externalidades negativas que no han sido medidas por los mocionantes del proyecto”, como por ejemplo, la reincorporación laboral de las personas que quedarían sin trabajo.
Finalmente, manifestó que la iniciativa tiene “algunas características bastante inconstitucionales”. Consultado al respecto, explicó que existen contratos con las generadoras y “si uno desconectara de un día para otro las termoeléctricas se incumpliría el contrato, por lo tanto, habría elementos inconstitucionales, dado que el Ejecutivo es el único que puede presentar proyectos de ley cuando esto puede generar efectos adversos al Estado (…) y no solo en el tema de las compensaciones, sino también en temas relacionados a la propiedad privada”.
Sobre la posibilidad de tener que pagar compensaciones, Sara Larraín considera improbable que las empresas demanden al Estado, ya que “en el contexto de las obligaciones climáticas y del cumplimiento de los planes de descontaminación hay justificación suficiente para ganar un juicio en cuanto a que estas inversiones tienen cinco años para cerrar”. Haciendo un recuento de las compañías involucradas, la ambientalista recuerda que Enel ya se comprometió a los cierres, Colbún mantiene una sola central a carbón, y Engie, por tener capitales del Estado francés tiene obligaciones financieras para descarbonizar; “la compañía estadounidense AES Gener, que es la principal propietaria de empresas carboneras y que no se ha modernizado desde la perspectiva del cambio climático, quizá podría demandar, pero lo veo muy poco probable”.
Capacidad versus demanda
La directora ejecutiva de Chile Sustentable consideró que los argumentos expuestos por el ministro de Energía son muy débiles, pues existe amplia evidencia que avala lo contrario. “No me parece muy responsable, en términos de discusión política, caer en amenazas como las que hizo Jobet”, comentó.
Larraín se remite a una serie de estudios técnicos donde se concluye que “perfectamente se pueden cerrar todas las termoeléctricas a carbón a 2030”, año que ha planteado Chile Sustentable para que el proceso sea “relajado”.
Entre otras cifras, Sara Larraín menciona la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (25.580 MW), que supera ampliamente la demanda, incluso en las horas de mayor consumo (10.336 MW).
Hasta antes del acuerdo anunciado por el gobierno con las generadoras había 28 termoeléctricas a carbón funcionando en el país. Desde entonces y en virtud del pacto, fueron retiradas tres: una en Tarapacá, CTTAR (22 años de antigüedad); y dos en Tocopilla, U12 (37) y U13 (35).
Según cifras del Boletín del Mercado Eléctrico Sector Generación (julio 2020) emitido por la Asociación de Generadoras de Chile, las 25 centrales a carbón que están operando producen 5.192 MW, es decir, 20,3% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que llega a 25.580 MW. Aunque en esto hay que considerar que hay 2.400 MW solares que no están disponibles de noche, que el viento tampoco lo está las 24 horas y que la generación hídrica enfrenta un escenario de sequía estructural.
No obstante ello, Sara Larraín plantea que dichas cifras dan cuenta de que “lo que dijo el ministro de que podría haber racionamiento y aumentar los costos de energía, porque hoy día Chile tiene prácticamente el doble de la capacidad de generación instalada de lo que está solicitando la demanda. Estamos sobrados de cariño, tenemos un parque excedentario”.
Por lo anterior, subraya, “cerrar las centrales al año 2025 es totalmente factible en términos técnicos e incluso si no hiciéramos nuevas líneas de transmisión”.
Existe actualmente un debate en relación a las líneas de transmisión necesarias para incluir más energía de fuentes renovables al sistema, sin embargo, Larraín indica que los estudios muestran que “con las renovables que están y las que se están construyendo, que son hartos mega, la línea Cardones-Polpaico sirve perfectamente”.
De aquí al 2025 o 2030, dice, habría que construir líneas de transmisión, “pero son las que ya están en todos los escenarios proyectados de la Planificación energética de largo plazo (PELP) del Ministerio de Energía”. Eventualmente, comenta, se tendría que adelantar la construcción un par de años.
En cuanto a los costos de las líneas, se compensan con los menores costos de operación, explica la directora de Chile Sustentable. “Hicimos un estudio con KAS Ingeniería – consultora que ha trabajado con las empresas generadoras y para el Estado modelando-, y vimos que al 2030 los costos de operación se reducen significativamente debido a que ya no van a comprar carbón ni gas, sino que van a funcionar con sol, agua, viento, etc. Esa reducción de costos compensa los aumentos del valor de la transmisión llegando prácticamente a cero; el costo adicional es insignificante”. “Es absurdo seguir hablando de 2040”, agrega.
Desde el Senado, el presidente de la comisión de Medio Ambiente, senador Alfonso de Urresti (PS) cree que la discusión sobre los plazos que provoca este proyecto de ley es absolutamente legítima. “Así como muchos valoran el hecho de que el gobierno se haya puesto como meta el año 2040, otros consideran que es muy lejano y proyecta demasiado en el tiempo los efectos de la contaminación y su impacto sobre la salud de las personas y el medio ambiente. Otros dicen que técnica y económicamente es viable adelantar esa fecha, tal como parecen ratificarlo algunos cierres anticipados decididos por las propias empresas, una medida positiva especialmente cuando se trata de plantas muy antiguas, cuya vida útil está prácticamente superada”.
Tal como señala De Urresti, en el actual parque de termoeléctricas a carbón hay cinco cuya antigüedad supera los 30 años, y que serían inmediatamente cerradas en caso de aprobarse la ley: Tocopilla U14 y U15 (33 y 30 años), Bocamina 1 (51 años), Ventanas 1 (56) y Ventanas 2 (43). Las restantes, con menos de 30 años desde su apertura, tendrían plazo para culminar su funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2025.
Consultado sobre este proyecto de ley, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach prefirió no referirse a él hasta que sea votado en la sala.
Cifras de desempleo
De las 25 centrales a carbón que siguen operando, las empresas acordaron con el gobierno que cerrarían ocho antes de 2024, resolviendo en cada caso la situación de sus trabajadores.
Es decir, un retiro anticipado a 2025 afectaría a los trabajadores directos e indirectos de las restantes 17 termoeléctricas a carbón.
En su comparecencia ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el ministro Jobet dijo que el proyecto de ley significaría una pérdida de 13 mil empleos, basándose en el estudio “Impacto económico y laboral del retiro y/o reconversión de unidades a carbón en Chile”, desarrollado para el Ministerio de Energía, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y publicado en octubre de 2019.
Dicho informe cifra en 4.391 los trabajos directos y en 9.505 los trabajos indirectos (sector comercio, transporte, almacenamiento y servicios conexos, industria, servicios administrativos y de apoyo y servicios profesionales) asociados a las termoeléctricas a carbón.
El estudio fue incluido en un informe para la comisión de Medio Ambiente de la Cámara en relación al nuevo proyecto de ley, donde se explica que las condiciones han cambiado, debido a que fueron evaluadas por el BID “previo al cierre voluntario de centrales termoeléctricas producido durante el año 2019 y el contemplado para el año 2020”.
Frente a lo anterior, Sara Larraín advierte que las cifras presentadas por el ministro “son una trampa”. Sostiene que en el marco de la crisis económica y la reactivación el desempleo es un tema muy sensible, por lo que pide seriedad en el uso de las cifras. El informe del BID, agrega, “fue hecho para la Mesa de Descarbonización a nivel macroeconómico de todo el sector carbón, incluyendo la minería, transporte, puertos, etc. Eso no se puede extrapolar al cierre de 17 centrales que se verían afectadas por la nueva ley”.
“Considero que eso no es honesto en términos de informar a la opinión pública”, señala la directora de Chile Sustentable.
Larraín menciona otros estudios, como un informe preparado por la consultora Inodú (diciembre 2018) para el Ministerio de Energía como insumo técnico de la Mesa de Descarbonización, donde se establece que el promedio de empleados directos en las centrales a carbón es de 154 personas. Es decir, el cierre adelantado de 17 significaría la pérdida de un promedio de 2.618 empleos directos.
Entre otras soluciones, Larraín cree que las empresas pueden buscar fórmulas para reubicar a un porcentaje de esos trabajadores, y el Estado puede elaborar planes de reinserción.
En cuanto a los trabajos indirectos (permanentes y esporádicos) son un promedio de 689 por central, de acuerdo al informe de Inodú. A juicio de Larraín, en las comunas de Coronel, Puchuncaví y Mejillones, donde existen parques industriales, esos empleos debieran ser absorbidos sin mayores problemas. En Huasco y Tocopilla, en cambio, sería necesario planes de desarrollo regional –turismo y olivocultura, por ejemplo- “con una parte de la inversión destinada a una transición con componente social”.
Salud y medio ambiente
La idea matriz descrita en la iniciativa legal es “prohibir la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” (31% de los cuales son en Chile responsabilidad de la generación eléctrica). Esto con al menos dos propósitos principales: honrar los compromisos del país en el marco del Acuerdo de París para frenar el calentamiento global, y combatir los efectos nocivos que la contaminación del aire generada por dichas centrales produce en la salud de las personas y externalidades negativas en los suelos y agua donde se encuentran instaladas.
Ante la comisión de la Cámara, la ministra del MMA, Carolina Schmidt, no profundizó en ese aspecto y apuntó a los factores económicos que estarían relacionados con el proyecto de ley. “Es importante legislar conociendo todas las variables, porque la idea es que sea un beneficio para el medio ambiente, pero también para las personas. Es decir, que no sea más cara la energía”, dijo.
Frente a estas declaraciones, el diputado Ibáñez señaló que “se han expuesto estudios en los que se da cuenta que transformar la matriz de forma rápida es técnicamente viable, pero requiere inversiones y voluntad política. A nuestro parecer la inversión en energía limpia, si bien es costosa en un inicio, se paga por lejos en calidad de vida, salud y bienestar del medio ambiente”.
“Lamentamos que la ministra Schmidt no haya sido capaz de relevar estos aspectos en la discusión y más bien se haya plegado al discurso defensor de las generadoras del Ministerio de Energía. Falta una voz en el gobierno que defienda realmente el medio ambiente y la salud de las personas”, añadió.
En la fundamentación del proyecto se hace referencia a los severos daños que causan los residuos de las termoeléctricas en la salud de las personas que viven cerca de ellas. Entre otros estudios se menciona un informe desarrollado por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encargado por Chile Sustentable para las comunas de Tocopilla, Huasco y Mejillones, publicado en agosto de 2019.
Entre los resultados destacan cifras alarmantes, como que el riesgo de morir por una enfermedad cerebrovascular en Huasco es 281% mayor que el promedio nacional; las probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas de las vías respiratorias es 139% más alta y la presencia de pacientes con asma es casi cuatro veces mayor que en el resto del país.
En Tocopilla, el riesgo de fallecer a causa de tumores malignos en tráquea, bronquios y pulmón es 172% mayor, mientras que las atenciones médicas de pacientes con patologías crónicas de las vías respiratorias y con enfermedades isquémicas del corazón prácticamente duplican a las del promedio nacional. Los datos de Mejillones, en cambio, no arrojaron diferencias estadísticamente significativas con el resto del país.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, señalo que los planes descontaminación para esas comunas no se han cumplido, y “esas poblaciones hoy en día están siendo violentadas en su garantía constitucional de tener un medio ambiente libre de contaminación” (Artículo 19, N°8).
En cuanto a las razones ambientales y sanitarias del proyecto, el senador De Urresti cree que son muy importantes y son, además, las que las personas perciben con mayor nitidez, porque les afectan directamente su salud y su calidad de vida.
“La calidad del aire es tan importante como el acceso al agua, es vital. No sirve tener un gran ‘desarrollo económico’ a costa de la población de algunos territorios, si al final esas personas no podrán disfrutar de las supuestas ventajas de ese desarrollo. Las personas deben ser el centro de cualquier modelo de desarrollo. Para eso, junto con la modernización tecnológica y el cambio de matriz energética, debemos avanzar mucho en materia de ordenamiento territorial”, señala el senador del PS.
En relación a los daños ambientales, De Urresti es tajante: se necesitan regulaciones que garanticen que no se superarán los límites aceptables y que, si ello ocurre, habrá sanciones. “Hasta ahora a muchas empresas, todo su impacto les ha salido gratis. Y no se dice, pero existen estudios que demuestran de qué manera, además de vidas, el país pierde importantes recursos debido a esta situación. No podemos seguir en esta lógica de que, por la necesidad energética, que siempre es el fantasma que se agita, las empresas tengan utilidades y deba ser el Estado el que se haga cargo de sus externalidades”.
Próximos pasos
Consultado sobre la posible llegada del proyecto al Senado, De Urresti cree que es un poco aventurado estimar cuál será el resultado y los tiempos de tramitación que aún le quedan a este proyecto en la Cámara. “Ahora deberá ser votado en la sala y volver a la comisión (…). Además, se trata de una moción que está sin urgencia, frente a la cual seguramente el gobierno buscará reaccionar. Después de la votación en la sala tendremos una mejor apreciación sobre el futuro de este proyecto”.
Sobre el resultado en la sala, el diputado Ibáñez es cautamente optimista: “La oposición ha demostrado ser capaz de alinearse para impulsar aquellos proyectos que son fundamentales y urgentes para enfrentar la crisis que representa el Covid-19, así que creemos que eso debe repetirse en este caso”.
Larraín no aventura resultados, pues cree que “el gobierno está con bastante presión de las empresas, especialmente de AES Gener”. Si bien admite que en el Congreso “hay consenso en que hay que cerrar las carboneras lo antes posible”, cree que “los diputados y senadores oficialistas pueden ser leales al gobierno en el sentido de no querer apurar más al ministro”.
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Fuente: País Circular, Lunes 10 de Agosto de 2020
