BNAMERICAS – Endurecer las normas de licitación de infraestructura puede ayudar a Chile a evitar costosos retrasos al ejecutar proyectos de infraestructura, siendo los mecanismos de resolución temprana de controversias y una adecuada evaluación de riesgos algunos de los puntos más urgentes a abordar, según Carlos Zeppelin, vicepresidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
“Cuando las bases no resuelven de entrada riesgos como expropiaciones, calidad de antecedentes, modificaciones de obra o eventuales controversias, el conflicto se desplaza a la etapa de ejecución, encarece el proyecto y debilita el interés de nuevos oferentes,” dijo Zeppelin a BNamericas.
El nuevo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se reunió con CPI el mes pasado para analizar sus prioridades, que incluyen una serie de modificaciones a las reglas de licitación para abordar la resolución de controversias y la evaluación de riesgos.
Zeppelin afirma que el marco vigente de Chile no incentiva la resolución temprana de conflictos, lo que lleva a recursos administrativos y disputas judiciales más adelante.
“En ese contexto, la propuesta más sólida es incorporar en las bases un Mecanismo de Resolución Temprana de Controversias (MRTC), con un panel técnico activo desde el inicio del contrato, capaz de acompañar la ejecución, anticipar discrepancias y proponer salidas antes de que los desacuerdos escalen.” explicó.
El vicepresidente de CPI agregó que se llevó a cabo un piloto de esta estrategia por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la cámara de la construcción (CChC) y otros actores técnicos en el instituto de la construcción, y se constató que el MRTC puede reducir el riesgo de disputas judiciales, dar mayor certeza a las partes involucradas y mejorar la ejecución de las obras.
Algunos proyectos que han sufrido retrasos debido a disputas judiciales incluyen el teleférico Bicentenario (US$80 millones) y la segunda terminal portuaria de Valparaíso (US$550 millones).
En términos de evaluación de riesgos, Zeppelin afirma que actualmente los contratistas terminan asumiendo la mayor parte de la carga relacionada con eventuales cambios de diseño, información de base incompleta o cambios posteriores introducidos por el propietario del proyecto.
“Ese diseño contractual genera relaciones desequilibradas, incentiva ofertas más conservadoras para cubrir contingencias y termina elevando la conflictividad durante la ejecución,” explicó.
Zeppelin considera que el MOP debe contar con una evaluación de riesgos clara antes de licitar el proyecto, la cual pueda ser revisada por los oferentes, de modo que ambas partes puedan identificar y asignar los riesgos a la parte mejor posicionada
Entre los proyectos que han registrado desacuerdos sobre diseños y evaluación de riesgos se encuentran el embalse Las Palmas (US$159 millones) y la concesión del aeropuerto internacional de Santiago.
Zeppelin agregó que las demoras provocadas por este problema en proyectos hospitalarios obligaron al ministerio de salud (MINSAL) a gastar 92.300 millones de pesos (US$100 millones) hace una década para reactivar hospitales afectados por la terminación anticipada de contratos, sobrecostos o problemas de diseño.
“Varios de esos conflictos no nacieron solo en la obra, sino antes, en bases que no asignaron de manera adecuada los riesgos previsibles del proyecto,” dijo.
Fuente: BNamericas, Martes 7 de Abril de 2026
