EX ANTE - La infraestructura debe ser vista como un aporte para dinamizar la inversión y para ello es fundamental que esté relacionada con objetivos estratégicos que el país se proponga alcanzar
EL MERCURIO – Los gremios del sector y el CPI proyectan una mejoría en la actividad en 2026, pero advierten obstáculos que se deben despejar en permisos ambientales
LA TERCERA (extracto) - “Confirmado en Obras Públicas está Martín Arrau, jefe de campaña de Kast. El ingeniero civil industrial, quien se desempeñó como intendente de la Región de Ñuble, entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, siendo el primero en ejercer el cargo, tras la creación de la región, ya está preparando su aterrizaje en el edificio de Morandé 59
EL DIARIO INMOBILIARIO - Desde propuestas de política pública hasta una coordinación regional inédita, el debate sobre infraestructura resiliente comienza a consolidarse como un eje estratégico para el desarrollo de Chile y América Latina frente al cambio climático y los desastres naturales
DIARIO FINANCIERO - “No basta con anunciar grandes obras si no se revisan los criterios con que se prioriza. La infraestructura urbana debe ser una prioridad de Estado, con planificación de largo plazo, financiamiento estable y una evaluación que refleje su impacto social”
LA SEGUNDA - La discusión en torno a la toma de San Antonio se ha convertido en un péndulo: mientras la academia y el mundo político oscilan entre condenar o respaldar la tardía decisión gubernamental de expropiar, no se entra al debate de fondo referido a que el Estado debe desplegar acciones más precisas que resuelvan debidamente el déficit de vivienda y de ciudad
EL MERCURIO - “No comparto la idea de un directorio unificado. Los planes estratégicos los hace la autoridad sectorial, que es el Ministerio de Transportes, aunque sí podrían agruparse por zonas” dice Hutt
DIARIO FINANCIERO – Chile requiere de infraestructura concebida como una verdadera política de Estado, orientada a proveer servicios de calidad a las personas y a los sectores productivos
EL MOSTRADOR - La ley que se propone, pone en serio riesgo un sistema que ha sido fundamental para desarrollar exitosamente la infraestructura pública del país durante los últimos 30 años. La impunidad no solo afecta las finanzas de los municipios, sino que empeora las condiciones de futuros contratos debido al aumento del riesgo, lo que se traduce en un alza de costos para el Estado
