PAÍS CIRCULAR – Chile enfrenta una profunda crisis hídrica que obliga a replantear la gestión del recurso. En este escenario, la seguridad hídrica —entendida como la posibilidad de acceder al agua en cantidad y calidad adecuadas, considerando las particularidades de cada cuenca, para el consumo humano, la salud, la subsistencia, el desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas, promoviendo resiliencia frente a sequías, crecidas y contaminación— se convierte en un pilar esencial de la planificación.
El problema trasciende ámbitos: acceso al agua potable, protección de ecosistemas y el funcionamiento de los sistemas productivos. Requiere soluciones audaces que combinen innovación técnica y social con voluntad política. En esa línea, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) entregó un informe a los candidatos presidenciales con propuestas en materia de recursos hídricos: se plantea una visión que permita transformar la vulnerabilidad hídrica en una oportunidad de desarrollo integral y sostenible. El próximo gobierno debería avanzar en cuatro ejes prioritarios: fortalecer la institucionalidad y la gobernanza en torno al agua, promover la resiliencia, mejorar los sistemas de agua potable rural y ajustar la legislación vigente.
En materia de institucionalidad, se propone crear una autoridad única que defina una política nacional coherente, coordine organismos, impulse un Plan Nacional de Infraestructura Hídrica y un Sistema Unificado de Información, además de potenciar el rol de los gobiernos regionales y consolidar planes por cuenca. También se requiere un Plan Nacional de Gestión Sostenible de Acuíferos Críticos, clave para proteger reservas subterráneas.
En cuanto a la resiliencia hídrica, es indispensable generar incentivos tarifarios y subsidios que promuevan eficiencia, diversificación de fuentes y ahorro, con información transparente. Se necesita ordenar el territorio, mapear riesgos, ejecutar planes maestros de aguas lluvias e incorporar soluciones basadas en la naturaleza. Asimismo, deben priorizarse proyectos multipropósito, modernizarse los embalses, masificarse el riego tecnificado y ampliarse el monitoreo digital de aguas superficiales y subterráneas.
Respecto a los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), es necesario adecuar la ley para reconocer su carácter comunitario, entregar apoyo técnico, priorizar inversiones permanentes frente a los altos costos del abastecimiento con camiones aljibe y fomentar el saneamiento y reúso de aguas tratadas.
Finalmente, los ajustes legales y regulatorios son urgentes. Mejorar y clarificar la normativa ambiental vinculada a obras hidráulicas y humedales permitirá agilizar proyectos críticos sin debilitar la protección de los ecosistemas, reduciendo trabas que hoy limitan la implementación de infraestructura esencial.
La crisis hídrica ya no admite postergaciones. Chile tiene la oportunidad de transformar la gestión del agua en un motor de equidad, resiliencia y desarrollo sostenible. Apostar hoy por la seguridad hídrica es asegurar el futuro del país y el bienestar de las próximas generaciones.
Fuente: País Circular, Lunes 1 de Septiembre de 2025
