BNAMERICAS – Chile aprobó una ley marco de desalación el 25 de marzo, luego de ocho años de tramitación. Esto finalmente formaliza a un sector que ha crecido significativamente en la última década, con más de 20 plantas en operación.
BNamericas conversó con Gabriel Caldes, consultor en gestión de recursos hídricos del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), acerca de los potenciales impactos de la nueva norma y los vacíos que todavía afectan el marco regulatorio hídrico del país.
BNamericas: En Chile había una división entre la necesidad de establecer reglas claras para desalación y advertencias de que no se debería agregar más burocracia ¿En qué campo estaría usted?
Caldes: Yo soy partidario de no regular de más. Mi argumento está en el hecho que más de 20 plantas ya están en operación y otras 30 están en desarrollo. Somos líderes en América Latina y lo hemos logrado con las reglas vigentes.
Entonces la pregunta es si ya hemos logrado esto, ¿qué nos falta?
Si bien la ley, en general, da legitimidad a lo que ya está y establece orientaciones, la verdad es que no viene a resolver ningún problema trascendental que impida el desarrollo de la desalación.
BNamericas: Dos de los aspectos clave de la ley aprobada por el Senado es que los proyectos de desalación cuyo foco no sea el consumo humano tendrán que reservar hasta un 5% de su producción para esa misma función, y que todas las plantas tendrán que pasar por evaluación ambiental ¿Podrían estos requerimientos ser prejudiciales para ciertas inversiones?
Caldes: En la práctica todas las plantas de desalación ya pasaban por el sistema de evaluación ambiental, y está bien que sea así ya que hay un tema medioambiental que se ha discutido y se ha avanzado mucho en resolver.
Respecto al 5% para consumo humano, es algo que varias empresas ya estaban haciendo. De hecho esto fue parte de la primera planta de desalación instalada en Chile, que fue instalada en 1993 por Corfo a través de la empresa estatal ESSAN, que dio 5% de su producción a las municipalidades de Antofagasta y Tocopilla, aunque en ese entonces era gratuita.
Ahora hay que pagar tarifa, y la nueva ley no indica cómo se va a calcular.
BNamericas: La nueva ley también establece la obligatoriedad de tener una estrategia nacional de desalación ¿Qué debería contener esta a su juicio en términos de metas o requerimientos?
Caldes: De entrada, hubiese preferido que se estableciera una política pública en lugar de una estrategia.
Lo otro es que en el último tiempo se han sacado varias leyes respecto al manejo del recurso hídrico, pero estas actúan de modo independiente. No hay una mirada pública que abarque tanto las aguas continentales como del mar.
Esto también ocurrió con la ley de aguas grises, no se tomó en consideración el sistema completo de agua potable.
Hace falta una política pública que ponga estas leyes en una sola línea. El hacer leyes aisladas del ecosistema hídrico a nivel país, creo que es un error que estamos cometiendo insistentemente.
Cuando tú haces una ley, esta tiene que estar coordinada con el resto del sistema.
BNamericas: ¿Estima que las nuevas regulaciones podrían desacelerar el desarrollo de plantas de desalación en Chile en el mediano o largo plazo?
Caldes: No lo creo. La ley sí da certeza jurídica a los inversores, lo cual es un incentivo crucial para ellos.
Esta nueva norma no es tan trascendental como para ocasionar daños a las inversiones en desalación, aunque hay que tener presente que sí representa un poco más de burocracia, ya que otorga un rol más amplio a la Dirección General de Aguas [DGA].
La DGA ahora tiene la obligación de emitir informes de viabilidad para proyectos de desalinización, lo cual es crucial para su aprobación.
Sin embargo hay un riesgo adicional, porque la DGA actualmente no tiene la capacidad para hacer análisis de esa escala, y va pasar tiempo antes de que pueda contar con los expertos para esto.
BNamericas: Si hablamos de una intención de promover la inversión en desalación ¿Qué esfuerzos pudieron haberse hecho en el plano legislativo?
Caldes: Insisto en que hace falta una política pública que coordine. Falta liderazgo institucional, porque no solo está la DGA, también está la superintendencia de servicios sanitarios, los organismos de cuenca y, en el caso de embalses, la comisión nacional de riego y el ministerio de agricultura.
Falta un liderazgo político que se haga cargo de esto.
Fuente: BNamericas, Jueves 2 de Abril de 2026
