CPI – En el Diálogo “Infraestructura hídrica para Chile” organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), expertos de la academia y sectores productivos plantearon los desafíos que tiene el país en torno al agua a nivel nacional y en particular respecto a la infraestructura multipropósitoEn el Diálogo “Infraestructura hídrica para Chile” organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), expertos de la academia y sectores productivos plantearon los desafíos que tiene el país en torno al agua a nivel nacional y en particular respecto a la infraestructura multipropósito.
En el encuentro participaron la directora del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, Alejandra Stehr; el presidente de ACADES, Alberto Kresse; el gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Federico Errázuriz y el gerente de estudios de la Sonami y director del CPI, Reinaldo Salazar.
Alejandra Stehr -quien además es consejera del CPI-, afirmó que si bien se han registrado precipitaciones en la mayor parte del país en los últimos tres años, hay un déficit hídrico; menores caudales en la cuencas y un menor volumen de agua embalsada, lo que afecta la generación de energía, riego y el acceso para el consumo humano.
“El déficit hídrico se va a profundizar con el cambio climático; debemos tender a que haya seguridad hídrica en las cuencas, acceso al agua en calidad y cantidad adecuada considerando las particularidades de cada cuenca”, sostuvo la académica.
Al mismo tiempo, añadió que se debe avanzar en iniciativas variadas como la construcción de embalses, la desalación y el reúso. “En todas estas podemos avanzar como país; todos los sectores deben participar en llevar adelante esa infraestructura”, dijo.
El presidente de ACADES, Alberto Kresse, sostuvo que Chile cuenta con 26 plantas de desalación operativas distribuidas en siete regiones, las que poseen una capacidad de 10,6 metros cúbicos por segundo. Añadió que también hay que implementar soluciones asociadas a sistemas de desalación para los servicios sanitarios rurales, en zonas que hoy no cuentan con agua de forma permanente. “El 47% de la población rural en Chile no cuenta con abastecimiento formal de agua potable”, señaló Kresse. “Se debe avanzar en infraestructura compartida”, dijo.
Reinaldo Salazar, gerente de estudios de la Sonami, explicó que la minería representa el 4% del consumo de agua continental a nivel nacional, un nivel bajo respecto a otros sectores. Además, dijo que hoy “existen barreras en cuanto a las inversiones hídricas, como superposición normativa; permisos y tramitación y marco regulatorio donde hay dudas sobre concesiones y continuidad de suministro”.
También identificó oportunidades relevantes a través de la puesta en marcha de proyectos multipropósito que se podrían implementar en zonas delimitadas; alianzas público-privadas para extender beneficios hídricos a comunidades y otros sectores productivos, además de la ampliación de los beneficios hacia las necesidades locales.
Federico Errázuriz, gerente de políticas públicas de la Sociedad Nacional de Agricultura, planteó que en Chile existen 900 mil hectáreas que están bajo riego, para la producción agrícola, superficie que ha ido a la baja por cambios de uso de suelo y por la falta de disponibilidad de agua, entre otros factores. Dijo que se “requiere aumentar la eficiencia; mejorar la información sobre los acuíferos; acumulación, conducción y nuevas fuentes”, añadiendo que “sin agua no hay agricultura”.
Gonzalo Pérez, coordinador del Comité de Recursos Hídricos del CPI, dijo que, para enfrentar los escenarios que el cambio climático está instalando, se deben tomar decisiones para generar grandes proyectos de infraestructura a nivel nacional, los que deberían ser “multipropósito, abordando todos los temas en conjunto” y donde exista una colaboración entre los distintos actores, de forma de aprovechar las sinergias del sector.
Señaló, además, la urgencia de impulsar estos proyectos, considerando que, desde la idea hasta su implementación, pueden pasar entre 8 y 10 años.
Fuente: Consejo Políticas de Infraestructura, Miércoles 1 de Abril de 2026
