MINERÍA CHILENA – La crisis hídrica que atraviesa Chile ha dejado de ser una contingencia climática para transformarse en un desafío estructural de seguridad nacional. Ante este escenario, la desalinización ha emergido no sólo como una solución técnica, sino como un pilar estratégico de nuestra matriz productiva y social.
Sin embargo, para que esta tecnología alcance su máximo potencial, deberíamos transitar desde una visión de proyectos aislados hacia una infraestructura integrada con otras fuentes y soluciones de gestión eficientes para los recursos hídricos, generando una ruta estratégica, crítica y multipropósito.
El éxito de las políticas públicas de largo plazo reside en el diálogo que el Estado sea capaz de liderar. En la desalación, esta premisa adquiere relevancia: la infraestructura hídrica es, ante todo, una responsabilidad del Estado. Sólo el sector público posee la escala y la temporalidad necesarias para visualizar el territorio de manera integral, asegurando que el desarrollo de estas plantas no responda a intereses fragmentados, sino a una planificación nacional coherente.
Chile cuenta con una industria de desalación robusta, con 24 plantas operativas distribuidas en siete regiones y una cartera de proyectos que —según datos de Acades— promete duplicar la capacidad actual en la próxima década. No obstante, el desafío no es sólo construir más, sino construir mejor.
El concepto de infraestructura multipropósito es la clave para la sostenibilidad del modelo. No es eficiente, técnica ni ambientalmente, que cada proyecto industrial o minero construya su propia planta y acueducto. El futuro exige una infraestructura compartida, donde una planta pueda abastecer a la minería, a la industria, al consumo humano y, eventualmente, al riego agrícola a través de modelos de intercambio de agua con otras fuentes. Una planta multipropósito no sólo optimiza costos operativos y de inversión, sino que reduce la huella ambiental al evitar la proliferación de ductos e instalaciones redundantes en las zonas costeras.
Para este fin, la articulación público-privada y la planificación territorial son indispensables. El Estado debe actuar proactivamente en la reserva de espacios y fajas costeras destinadas a estas infraestructuras. La escasez de suelo apto en el litoral y la complejidad de las concesiones marítimas obligan a tener una visión de «derecho de vía» y reservas estratégicas para el despliegue de plantas de gran escala que beneficien a múltiples usuarios. Sin una reserva de espacio planificada por el Estado, corremos el riesgo de asfixiar el desarrollo hídrico por falta de visión territorial.
Apostar por procesos de reflexión bajo el liderazgo de un Estado que reserva espacio y fomenta la colaboración privada, es una garantía para que el agua deje de ser una limitante y se convierta en el motor del desarrollo sostenible. Es tiempo de diseñar una infraestructura que no sólo transporte agua, sino desarrollo productivo, equidad y seguridad para las próximas generaciones.
Fuente: Minería Chilena, Martes 24 de Marzo de 2026
