TRADE NEWS – El proceso de reconstrucción tras los devastadores incendios que afectaron la zona centro-sur del país ha puesto en relieve no sólo la magnitud de la tragedia, sino también la oportunidad de repensar la gestión de la infraestructura y la vivienda en Chile.
Así lo plantea Carlos Cruz Lorenzen, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), quien ve en la actual coordinación de emergencia una «buena noticia» que debe ser aprovechada para sentar bases normativas permanentes.
En entrevista con Trade-News, Cruz destacó la visión del gobernador del Biobío Sergio Giacaman García y la convergencia de voluntades entre el sector público y privado para abordar la emergencia.
«El gobernador tiene una visión parecida, para hacerse cargo de la emergencia, yo creo que es una buena noticia», señaló, resaltando la participación del sector privado, las universidades y los alcaldes en el esfuerzo.
De la emergencia a la permanencia: el desafío de la coordinación
El director del CPI, si bien se muestra optimista ante el éxito probable del esfuerzo inmediato, subraya que la verdadera tarea es mirar más allá de la urgencia del desastre. La clave reside en cómo este inédito esfuerzo de articulación, que hoy une a diversos actores bajo un mismo objetivo, puede «mantenerse en el tiempo, al margen de la urgencia de la catástrofe, poniendo como urgente el tema de la vivienda o del barrio».
Para Cruz, la experiencia actual de reconstrucción se presenta como un laboratorio ideal para probar nuevos esquemas de gobernanza. «Eso es lo que yo creo, que deberíamos aprovechar este impulso para usarlo como una experiencia piloto, que permita generar esta articulación y que eso pueda desplegarse posteriormente en algo más permanente», afirmó.
Marco normativo obligatorio: la propuesta del CPI
La transición de una colaboración voluntaria y acotada a la emergencia, hacia un sistema permanente y obligatorio, pasa inevitablemente por el plano legal. Ante la pregunta sobre la figura necesaria para conferirle carácter duradero, Cruz fue enfático: «Para que sea permanente tiene que expresarse de manera normativa, legislativa».
En este sentido, el CPI ha tomado la delantera. El director ejecutivo recordó la propuesta de ley que su consejo ha impulsado a nivel nacional en materia de infraestructura, cuyo fin es crear «un organismo al amparo del Presidente de la República que sea el organismo que articula a todas las agencias ejecutoras en materias de infraestructura para que operen en forma coordinada».
El elemento distintivo de esta propuesta es su carácter mandatorio. No se trata de una invitación a la mesa, sino de una obligación legal de trabajo conjunto. “La coordinación no debe ser compulsiva, sino con carácter obligatorio, o sea que no sea una cuestión puramente voluntaria», explicó Cruz.
Replicar el modelo a nivel regional
El análisis del director del CPI apunta a que una lógica similar debe ser aplicada en los territorios afectados, elevando la capacidad de gestión de las autoridades locales. «Hay que pensarlo a nivel regional, hay que hacer una cosa similar a nivel regional, probablemente proyectos de ley que tengan un impacto regional específico y que después puedan multiplicarse para otras zonas», sostuvo.
La necesidad de un marco normativo que obligue la coordinación se fundamenta en la realidad política y administrativa del país. Cruz citó como factores determinantes la dispersión del sector público, la participación del sector privado y la dinámica de los «periodos políticos cortos», donde las prioridades de gobernadores, alcaldes y el gobierno nacional no necesariamente coinciden.
«Tiene que tener un marco normativo que obligue, porque de otra manera se hace muy difícil, sobre todo en periodos políticos cortos, con gobernadores y alcaldes y gobierno nacional que no necesariamente coinciden con la dispersión que hay en el sector público, con la participación del sector privado», concluyó Cruz, reafirmando que sólo un marco legal sólido puede «darle forma a esto, para poder transformarlo en algo permanente» y, así, asegurar que las lecciones y las capacidades de articulación desarrolladas durante la emergencia se conviertan en una política de Estado para el futuro.
Fuente: Trade News, Lunes 9 de Febrero de 2026
