DIARIO ESTRATEGIA – El análisis sobre la inversión pública urbana en Chile revela una brecha persistente entre el discurso de equidad territorial y la práctica efectiva de asignación de recursos. Que sólo dos de cada cinco proyectos se localicen en entornos de alta vulnerabilidad social no constituye un problema coyuntural, sino un síntoma estructural de una planificación estatal que sigue operando con lógicas espaciales desconectadas de las necesidades sociales.
El estudio de la plataforma Inversión en Ciudades -impulsada por Corporación Ciudades y la Cámara Chilena de la Construcción-, es relevante porque introduce una mirada territorial de alta resolución, cruzando proyectos con manzanas urbanas clasificadas por nivel de vulnerabilidad social y radios de influencia. Este enfoque permite pasar de una noción abstracta de “priorización social” a una evaluación concreta de la localización efectiva de la inversión pública, un ejercicio aún poco habitual en el debate sobre política urbana.
El hallazgo: solo el 40% de los proyectos se emplaza cerca de territorios altamente vulnerables. Esto admite dos lecturas: una interpretación optimista confirma que parte de la inversión sí llega a estos sectores; una lectura más crítica, sin embargo, evidencia que dicha llegada es insuficiente, fragmentada y desigual. El hecho de que cinco comunas con presencia de alta vulnerabilidad no registren proyectos en una década completa, transforma el problema en una cuestión política: ¿cómo se definen realmente las prioridades de inversión?
Regiones como Antofagasta y Atacama presentan bajos niveles de focalización en contextos vulnerables, pese a sus déficits urbanos históricos y crecimiento acelerado. Si bien hay comunas donde el 100% de los proyectos se localiza en territorios vulnerables, esta focalización extrema también presenta riesgos si no va acompañada de continuidad, escala e integración intersectorial.
En este contexto, el desafío no es solo aumentar la proporción de inversión en territorios vulnerables, sino repensar los mecanismos que gobiernan su localización. A ello se suma una reflexión crítica sobre la evaluación social de proyectos. Si bien el Sistema Nacional de Inversiones ha estandarizado criterios de eficiencia y rentabilidad social, continúa mostrando debilidades para capturar de forma robusta los beneficios distributivos y territoriales. Los territorios con mayores carencias suelen enfrentar mayores costos unitarios, más riesgos de ejecución y externalidades difíciles de monetizar, lo que termina penalizándolos en la evaluación ex ante.
Avanzar exige fortalecer la evaluación social incorporando criterios explícitos de equidad territorial, ponderadores por vulnerabilidad y análisis dinámicos de largo plazo. No se trata de renunciar a la eficiencia, sino de ampliarla, entendiendo que los proyectos en zonas vulnerables pueden generar retornos sociales marginales significativamente mayores, los que no necesariamente son detectados por indicadores tradicionales.
Sin este ajuste, la planificación pública seguirá enfrentando una paradoja persistente: instrumentos sólidos, pero insuficientes para orientar la inversión hacia donde el impacto social del Estado resulta más necesario y transformador.
Carlos Aguirre
Académico U. San Sebastián
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura
Fuente: Diario Estrategia, Lunes 9 de Febrero de 2026
