EX ANTE – El desarrollo de la infraestructura involucra oportunidades: agua segura, menores tiempos de viaje y resiliencia frente a terremotos e incendios, además de generación de empleo. Por eso, el próximo gobierno que asumirá en marzo debe liderar un pacto a nivel nacional que traduzca inversión en obras en crecimiento, productividad y bienestar.
El primer punto a abordar es la gobernanza y el rumbo. Chile necesita una institucionalidad que mire a 2030-2055, priorice y empuje proyectos clave con una ventanilla única y plazos ciertos. Una Agencia de Infraestructura Estratégica, más la figura de “Prioridad Nacional/Presidencial”, permitirían coordinar carteras interministeriales y acelerar permisos sin renunciar a estándares técnicos y ambientales.
Segundo, foco en proyectos habilitantes que muevan la aguja: logística (puertos y ferrocarriles), agua (embalses, desalación multipropósito, APR) y conectividad digital/energética. Una lista acotada, pública y trazable es una condición para recuperar la confianza.
Como tercer desafío, se debe implementar una regla simple: sostener la inversión pública en infraestructura en torno al 3,2% del PIB por al menos una década, apalancada por los instrumentos de Asociación Público-Privada (Concesiones, Ley FUC y Desarrollo País). Es una señal “contracíclica” que acelera empleo y la productividad regional.
El cuarto reto corresponde a cerrar la brecha de agua con institucionalidad y ejecución. Se requiere una autoridad única para la política hídrica, un plan nacional de infraestructura del agua y un sistema unificado de información; además, destrabar normas para embalses y acelerar obras para contar con Agua Potable Rural, donde siguen llegando camiones aljibe. Es seguridad social básica y habilita la producción.
El quinto punto corresponde a los contratos. Se deben modernizar los marcos contractuales, incorporar resolución temprana de controversias y asegurar el pago oportuno para evitar paralizaciones y sobrecostos. Obras bien contratadas son más baratas, rápidas y seguras.
El sexto foco corresponde a la reconstrucción y resiliencia permanente. Un país sísmico y con eventos extremos requiere una unidad de reconstrucción al alero de la Presidencia que active protocolos y atribuciones claras; la infraestructura debe anticipar riesgos, no solo responder.
Finalmente, un Estado que habilite: menos discrecionalidad y más previsibilidad en permisos; evaluación ex-ante y ex-post, y trazabilidad pública de resultados. La certeza regulatoria es el puente entre inversión y bienestar.
La buena noticia para Chile es que existe gran convergencia en la necesidad de avanzar en estas propuestas. La alianza público -privada puede ser la bisagra que convierta ese consenso en crecimiento y calidad de vida en las regiones.
Fuente: Ex-Ante, Lunes 12 de Enero de 2026
