LA TRIBUNA – En pleno siglo XXI, el acceso al agua potable y una conectividad digna siguen siendo problemas sin resolver para miles de familias de la provincia de Biobío. No se trata de aspiraciones de desarrollo sofisticadas, sino de condiciones mínimas para vivir, producir y permanecer en el territorio.
El reciente balance de obras y proyecciones presentado por el Ministerio de Obras Públicas confirma el diagnóstico. Hay inversiones relevantes, proyectos en marcha y una cartera ambiciosa para los próximos años. Sin embargo, el solo hecho de que el agua potable rural y la conectividad sigan encabezando la lista de prioridades evidencia que las brechas persisten y que el ritmo de solución aún no logra ser consistente con la magnitud del problema.
El acceso al agua es el ejemplo más elocuente. En sectores rurales de la provincia de Biobío todavía hay comunidades que dependen de sistemas frágiles, de soluciones transitorias o derechamente de camiones aljibe. Esto no solo tensiona la vida cotidiana, sino que limita el desarrollo productivo, encarece la ruralidad y profundiza una sensación de abandono de parte del Estado. La seguridad hídrica debe dejar de ser un parche anual y transformarse en una política de largo plazo, con estándares de calidad, mantención y proyección demográfica realista.
Algo similar ocurre con la conectividad. Caminos rurales en mal estado, cuestas peligrosas, zonas cordilleranas aisladas durante el invierno y rutas que no resisten el aumento del tránsito son parte de una postal conocida. Mejorar caminos no es solo acortar tiempos de viaje: es garantizar acceso a salud, educación, servicios de emergencia y mercados. Es integrar a comunidades completas al circuito del desarrollo regional.
La infraestructura, además, cumple un rol estratégico frente al cambio climático. Obras de aguas lluvia, refuerzo de rutas críticas y sistemas resilientes son una necesidad urgente. Cada invierno sin soluciones estructurales se traduce en anegamientos, interrupciones y costos que terminan siendo mucho más altos que la inversión necesaria.
El desarrollo no puede medirse solo en cifras globales, sino en la capacidad de un territorio para ofrecer condiciones de vida dignas a todos sus habitantes.
El desafío está planteado. La pregunta es si seremos capaces de sostener una política de infraestructura coherente, priorizada y con mirada de largo plazo. Porque mientras el agua no llegue de forma segura a cada hogar y los caminos sigan marcando fronteras invisibles, la deuda de la sociedad con la provincia de Biobío seguirá abierta.
Fuente: La Tribuna, Lunes 29 de Diciembre de 2025
