BNAMERICAS – El próximo presidente de Chile, que se decidirá el 14 de diciembre entre el representante de ultraderecha José Antonio Kast y la aspirante comunista Jeannette Jara, tendrá que asumir una holgada cartera de concesiones de infraestructura de US$7.130
millones en 2026, así como la presión de acelerar la ejecución de estos proyectos.
BNamericas conversó sobre este tema con Carlos Cruz, ex ministro de obras públicas y actual director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el cual ha hecho varias recomendaciones a las campañas en esta materia.
BNamericas: Las campañas de Kast y Jara están de acuerdo en la necesidad de acelerar inversiones ¿Es factible hacer esto en el contexto político actual?
Cruz: En términos de acelerar proyectos, yo creo que efectivamente hay cosas que se pueden hacer en términos de dar más atención a resoluciones que toman organismos del Estado, las cuales de repente dificultan acelerar algunos proyectos.
Por ejemplo están las modificaciones a contratos de concesiones, que deben ser aprobados por el Ministerio de Hacienda. Estos causan problemas muchas veces porque implican considerar más obras, compensaciones que no siempre le agradan al ministerio, cuestiones relacionadas con políticas de extensión de plazos, etc.
Lo mismo pasa con los organismos regulatorios. Hay organismos que hoy están poniendo determinadas exigencias en función de lo que los funcionarios interpretan que se debería exigir a un proyecto. Sin embargo, se puede cambiar la dirección de esa institución y dar mayor celeridad a los procesos de toma de decisión.
En ese sentido yo creo que la coincidencia que hay respecto de la necesidad de apurar proyectos es muy alta y eso tiene que ver con la necesidad de aumentar la inversión.
BNamericas: Los equipos de los candidatos también coinciden en que van a haber restricciones en el gasto público ¿Cómo va a afectar esto a los planes de infraestructura?
Cruz: La posibilidad de que se financien proyectos de infraestructura a través del gasto público, más allá de lo que está comprometido, es bien difícil. Después de la discusión presupuestaria en el Parlamento, da la impresión de que hay muy poca holgura.
En esa dirección los proyectos que se van a poder impulsar van a ser los que están dentro de las carpetas de ejecución habitual de los ministerios, como por ejemplo trabajos de pavimentación en el Ministerio de Obras Públicas.
Lo que es proyectos nuevos. en su mayoría, van a requerir un componente de financiamiento privado o modalidades de repago en el largo plazo, que no sean registrados como deuda. Por ejemplo, una carretera que va a ser financiada con peaje perfectamente podría hacerse apostando que va a tener suficiente recaudación futura que no va a comprometer recursos del Estado.
Es una posibilidad que hay que explorar y ver cómo eso se contabiliza para que no aparezca como aumento del endeudamiento público.
Básicamente lo que yo creo que hay que hacer es sentarse a ver cuáles son los proyectos que están hoy en carpeta, los proyectos que podrían impulsarse, y ver de qué forma puedan hacerse lo más rápido posible sin comprometer recursos públicos.
BNamericas: En un seminario organizado con el CPI, los asesores de las campañas de Kast y Jara declararon que no planeaban hacer cambios a la cartera de concesiones ¿Qué impresión tiene de esa postura?
Cruz: La cartera debería venir de la propia unidad de concesiones del MOP y someterlo a las candidaturas a aprobación o rechazo. En este caso creo que no se han estudiado muchos proyectos nuevos para la cartera, por lo que mi impresión es que, si los candidatos están satisfechos con esa cartera, entonces hay que ver cómo sacar esa cartera adelante.
BNamericas: Respecto a las evaluaciones ambientales, si bien no se ha planteado públicamente relajar las exigencias a los proyectos, desde la campaña de Kast se plantea limitar las reclamaciones, mientras que no se espera que se apruebe la reforma impulsada por el gobierno ¿Qué posibilidades tendría la próxima administración para impulsar cambios?
Cruz: Es una necesidad sacar una modificación a la ley del sistema de evaluación ambiental de tal manera de poder agilizar los plazos, y hacer un poco el mismo ejercicio que se hizo con la ley de permisos sectoriales, en el sentido de ir buscando cuáles son las superposiciones que hoy en día se están viviendo, cuáles son los elementos que se contradicen dentro de los mismos procedimientos, el tener que recurrir a organizaciones externas para hacer evaluaciones.
Yo también creo que esa ley no va a salir durante este gobierno, pero que debiera quedar tramitada en el próximo parlamento.
También es importante regularizar las formas de reclamación ante los proyectos, porque no puede ser que cualquier organización o cualquier persona levante una reclamación que paraliza proyectos que son de beneficio nacional.
BNamericas: Respecto al debate de infraestructura en el contexto de la campaña presidencial ¿Qué cree que ha estado ausente?
Cruz: La infraestructura ha estado ausente. No ha habido ninguna referencia a la infraestructura, de lo cual nosotros asumimos que hay bastante acuerdo con lo que nosotros hemos propuesto desde el CPI y en consecuencia estamos muy satisfechos con eso.
Obviamente esto puede sonar aburrido y creemos que debería tener un poco más de urgencia. También vemos mal el hecho de que las campañas no han sido capaces de poner este tema en la opinión pública, dado que la infraestructura es uno de los pilares sobre los cuales se construye el desarrollo del país.
BNamericas: Una de las recomendaciones del CPI era la creación de una nueva agencia para asesorar al gobierno en proyectos estratégicos de infraestructura. La campaña de Evelyn Matthei rechazó esta idea argumentando que aumentaría la burocracia, mientras que Kast y Jara no se han pronunciado sobre el tema ¿Cómo ven esta postura desde el CPI?
Cruz: La idea de esta agencia es justamente disminuir la burocracia. Se trata de integrar a distintas organizaciones que hoy día trabajan por separado para que los proyectos se puedan hacer con cierta armonía.
Lo que nosotros estamos planteando es que haya un organismo que haga un plan nacional de infraestructura; no un levantamiento de 22.000 proyectos individuales sino un plan que fije 150 o 200 proyectos prioritarios para el próximo periodo de cinco años. ¿Qué propósito tienen? ¿Qué cosas son las que se van a realizar y organizar al aparato público para que esos proyectos se puedan ir ejecutando de acuerdo con los recursos disponibles y de acuerdo con las formas de asociación que se puedan lograr con el sector privado?
Eso es lo que nosotros entendemos como la función de esta institución. Eso es algo que vamos a tener que seguir discutiendo con las próximas autoridades.
Fuente: BNamericas, Jueves 4 de Diciembre de 2025
