LA SEGUNDA – En medio de la campaña electoral, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) elaboró un Informe con 36 propuestas a los candidatos/as presidenciales en materia de infraestructura, el que incluye un ámbito clave: el financiamiento.
La propuesta contempla la necesidad de contar con una regla fiscal especifica para la Inversión pública en infraestructura. Hoy, el financiamiento de obras estratégicas se encuentra sometido a la disponibilidad anual de recursos fiscales, lo que limita la capacidad del Estado para planificar con visión de largo plazo. Chile invierte, en promedio, un 2,1% del PIB en infraestructura pública, una cifra insuficiente si se compara con países que han superado la trampa del ingreso medio, en que llegan al 5%.
Esta regla otorgarla estabilidad y crecimientos sostenido a la inversión, incorporando criterios técnicos, territoriales y de equidad. También permite que, más allá del ciclo económico, el Estado pueda mantener niveles de Inversión adecuados, aprovechando su rol contracíclico para dinamizar la economía, generar empleo y dar continuidad a proyectos críticos.
La implementación de esta regla exige también fortalecer las capacidades Institucionales, establecer mecanismos de evaluación transparentes y una priorización eficiente de los recursos. Pero, sobre todo requiere voluntad política y una visión que entienda la inversión pública como motor de desarrollo. Esta regla fiscal no es un lujo, sino una herramienta estratégica
En paralelo, las recomendaciones a los candidatos/as también abordan la relevancia del modelo de concesiones, el que ha permitido implementar una red vial moderna, nuevos terminales aéreos y servicios relevantes, como hospitales y otros. Proponemos actualizar este modelo y expandirlo hacia áreas como infraestructura verde, digital, social y resiliente.
Esto Implica mejorar los mecanismos de asignación de riesgo, revisar los incentivos contractuales, simplificar la tramitación de proyectos y fortalecer las capacidades técnicas del Estado. También se requiere una mayor transparencia y participación ciudadana en la formulación y monitoreo de las iniciativas. El objetivo es recuperar la confianza en las asociaciones público-privadas, garantizando que su aporte sea percibido como legitimo, eficiente y al servicio del bien común.
Fuente: La Segunda, Lunes 8 de Septiembre de 2025
