DIARIO ESTRATEGIA – Chile envejece y este escenario obliga a pensar las políticas públicas con realismo. No basta con hablar de pensiones, salud o cuidados si el entorno cotidiano sigue siendo hostil para quienes avanzan en edad. Por eso resulta relevante que la “Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable” reconozca de manera explícita la infraestructura pública como parte de la respuesta, al señalar entre sus líneas de acción la “Elaboración de estándares de calidad de infraestructura pública específica para personas mayores, asistencia técnica y supervisión de dispositivos de atención para personas mayores, según corresponda.”
Que esta ley incorpore la infraestructura no es un detalle menor. Significa admitir que envejecer no depende solo del ingreso o de la cobertura de salud, sino también de la ciudad, el barrio y la accesibilidad. Una persona mayor no ejerce plenamente sus derechos si no puede movilizarse con seguridad, acceder a un servicio, comprender una señalización, usar una plataforma digital o permanecer en su comunidad, sin que cada trámite se vuelva una prueba de resistencia.
Así, se abre una discusión más amplia. Durante largo tiempo, planificamos infraestructura para crecer: más redes, más capacidad, más extensión territorial. Pero Chile se encamina a una realidad distinta, donde el desafío será sostener bienestar en una sociedad más longeva. Se hace necesario que tanto tomadores de decisiones públicos como privados incorporen esta nueva lógica: tener barrios más cercanos, espacios públicos más seguros, transporte más accesible, servicios más legibles y una conectividad digital inclusiva.
La ley pone por escrito una intuición que ya debiera ordenar nuestra manera de pensar el desarrollo. El envejecimiento no puede seguir tratándose como un asunto sectorial, encerrado en programas específicos o en una institucionalidad aislada. Si el país quiere que la autonomía de las personas mayores sea real, debe construir condiciones materiales para que esa autonomía exista, tanto en la vida personal como en la incorporación laboral, en especial, en los sectores de servicios. Y esas condiciones no se improvisan: se diseñan, se coordinan y se financian.
Aquí está la clave. La infraestructura es proximidad, seguridad, información, movilidad y continuidad de servicios. En una sociedad longeva, la calidad de la infraestructura determina si una persona puede seguir habitando su hogar, su barrio y su vida cotidiana con dignidad.
Esta ley debe leerse como una señal de cambio. Reconoce que planificar para el envejecimiento es también planificar la ciudad, el territorio y los servicios tanto públicos como privados. Y ahí está la verdadera tarea que viene: convertir ese reconocimiento en estándares, inversión y coordinación efectiva. Una sociedad que envejece no necesita solo más protección; requiere un entorno que permita seguir viviendo con autonomía.
Paulo Muñoz
Cientista político
Asesor Consejo Políticas de Infraestructura (CPI)
Fuente: Diario Estrategia, Miércoles 29 de Abril de 2026
