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POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRO DESARROLLO:
CONSTRUYENDO UN CHILE MEJOR
FINANCIAMIENTO
Otro tema central es cómo se concreta el esfuerzo de inversión que se requiere para una
mejor y mayor infraestructura, sin alterar los equilibrios económicos.
Alcanzar la meta que hemos propuesto de inversión en infraestructura pública, del 3,5%
del PIB anualmente, no puede ser financiada sólo en base a recursos públicos. Conocidos
son los compromisos de Estado que se han adquirido en los últimos años en relación a
educación, salud, pensiones y transporte público, entre otros. Todo ello hace difícil pensar
que las inversiones en infraestructura pública se puedan financiar sólo con recursos públicos.
Por eso, como CPI hemos propuesto que el Fisco estabilice su nivel de inversión en torno al
2,1% del PIB anual. Esto es equivalente a lo que el gobierno ha destinado a inversión pública
durante los últimos 10 años. El 1,4% restante de la inversión en infraestructura debería ser
aportada por el sector privado fundamentalmente, aunque no únicamente, sobre la base
del principio que “el que usa paga”, especialmente en aquellas inversiones que proveen
un evidente beneficio privado.
Así, el Estado podría hacerse cargo de repagar, en forma diferida, aquellas obras que,
habiendo sido financiadas en una primera etapa por el sector privado, por su naturaleza
es más difícil que los usuarios paguen directamente, como colegios, hospitales, caminos
rurales, etc. Otras, como carreteras, autopistas urbanas, ferrocarriles, deberán contar con
un aporte significativo de sus usuarios directos para asegurar el repago de las inversiones.
Para progresar en este sentido se deberá profundizar en las diferentes expresiones de
alianza público-privada en materia de inversión de infraestructura pública, aspecto en el
que Chile tiene una larga trayectoria y una extendida experiencia.
El Programa de Concesiones del MOP ha permitido acumular activos en carreteras,
aeropuertos y autopistas urbanas, principalmente, por más de US$ 27.750 millones (valor de
la inversión) que, con las actuales tarifas, tienen un elevado valor económico.
No debiera ser complejo consensuar áreas de colaboración y formas de distribuir los riesgos
inherentes a las inversiones en infraestructura para que las inversiones se materialicen
rápidamente.
Para ello será necesario contar con una manifiesta disposición de las autoridades a invitar
al sector privado a ser parte de las iniciativas de mayor relevancia, asumiendo que la
generación de confianzas requiere un esfuerzo compartido. Por su parte, será función de