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POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRO DESARROLLO:
CONSTRUYENDO UN CHILE MEJOR
MEDIO AMBIENTE Y CIUDADANÍA
La planificación y desarrollo de la infraestructura pública, sea ésta financiada por el sector
público o por el privado, debe incorporar un conjunto de componentes que es preciso
armonizar entre sí (proyecto, medio ambiente, ordenamiento territorial, comunidades
locales y pueblos indígenas), además de las variables asociadas a factores técnicos y
económicos.
En este ámbito, una de las debilidades críticas es la falta de un ordenamiento territorial
vinculante, que brinde la mayor certeza posible a los titulares de proyectos respecto de
los emplazamientos previstos, otorgue a la autoridad ambiental criterios de ponderación
sobre localizaciones, a la vez que recoja el sentir de las comunidades locales.
Un estudio de agosto de 2016 del Instituto de Derechos Humanos identificó 102 controversias
socio ambientales en el país. Entre las áreas más conflictivas están los proyectos eléctricos,
mineros, portuarios y rellenos sanitarios.
Hay algunos ejemplos emblemáticos recientes que confirman la importancia de las
eventuales controversias, como: la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina que, a pesar
de estar operando tuvo que cerrar por la oposición ciudadana; o la suspensión del mega
proyecto hidroeléctrico Hidroaysén.
A diferencia de muchos países de la OCDE, hoy los valores ambientales de los territorios no
están definidos ni regulados a nivel nacional. Están aún pendientes mecanismos regionales
que, de manera democrática y participativa, permitan establecer los destinos prioritarios
de los territorios. Para esto existen algunos instrumentos legales vigentes, como la Evaluación
Ambiental Estratégica, que han resultado insuficientes y no han disipado las incertidumbres
sobre localización de proyectos.
Tampoco se ha conseguido plasmar una ley de asociatividad, que permita hacer partícipes
a las comunidades locales de los beneficios de los proyectos emplazados en su área de
influencia directa, tal como ocurre en algunas economías desarrolladas.
A nivel de la institucionalidad medioambiental vigente, el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) es percibido por los titulares de proyectos como una barrera que
dilata la inversión pública y privada.
En este contexto, gran parte de los conflictos que enfrentan los grandes proyectos, se