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De acuerdo con esto
el CPI propone como orientación estratégica principal:
Elevar la tasa de inversión en infraestructura pública de forma de aumentar la
productividad de nuestras empresas, especialmente las de menor tamaño, proveer
a nuestros habitantes de servicios públicos de calidad y un entorno que eleve su
calidad de vida, acercándonos decididamente a los niveles alcanzados por los
países considerados desarrollados. Para ese efecto creemos que es posible volver
a recuperar niveles de inversión en infraestructura pública del orden de 3,5% del
PIB anual (CPI, 2014a)
ii
.
Estos niveles se pueden lograr si el Estado mantiene el promedio de inversión
registrado durante la última década, equivalente a 2,3% del PIB anual, y si
adicionalmente se instalan y profundizan políticas públicas que permitan que el
sector privado aporte al menos un 1% del PIB a este esfuerzo nacional.
Asegurar lacalidadde la inversiónpúblicade formaqueel mayor esfuerzodestinado
a este ítem permita elevar la tasa de crecimiento potencial de la economía de
manera sostenible, a través de aumentos de la competitividad sectorial, regional
y urbana.
Desarrollar una política de inversión en infraestructura pública que incluya dotar
a los sectores de bajos recursos con un entorno de calidad, a fin de disminuir la
concentración de la pobreza en ciertos lugares o barrios, entregándoles acceso
a servicios públicos (escuelas, hospitales, transporte, viviendas sociales y áreas de
recreación) de calidad.
Fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales y locales para planificar,
evaluar y desarrollar proyectos de infraestructura.
Enfatizar diferentes modalidades de asociación público privada para elevar
la inversión pública en infraestructura, dadas las limitaciones que enfrentará el
presupuesto público en los próximos años.