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POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
LA VISIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA (CPI)
La disponibilidad de recursos públicos para invertir en infraestructura puede verse
fuertemente afectada por la situación macroeconómica nacional, por las políticas
de endeudamiento del sector público y por las demandas presupuestarias de otros
sectores. Como las demandas son múltiples y los recursos para invertir en infraestructura
son limitados, a pesar de su importancia para el desarrollo nacional, es necesario contar
con otras fuentes de financiamiento. La principal de ellas corresponde a las inversiones
que pueden provenir del sector privado y que los usuarios pagan por la vía de tarifas o
peajes.
Cabe destacar que la infraestructura pública construida por el sector privado bajo el
sistema de concesiones es de propiedad del Estado y es el Gobierno el que decide si la
operación y mantenimiento de esos activos queda en manos públicas o privadas una
vez terminado el respectivo contrato. El beneficio del sistema de concesiones es que
aumenta el patrimonio público cuyo potencial es generar ingresos para el Fisco, como
ha ocurrido recientemente con el aeropuerto internacional de Santiago.
En consecuencia, para alcanzar y mantener las metas de inversión que se establez-
can -tanto para recuperar los rezagos como para incursionar en proyectos que abran
nuevas oportunidades-, será necesario usar fuentes de financiamiento de largo plazo,
estables y de costos que reflejen las ventajas que ofrece nuestro país.
En este sentido, proponemos:
Asegurar la estabilidad de los flujos de inversión en el presupuesto público,
evitando paralizar proyectos de inversión ya iniciados o que forman parte de
un programa de inversiones debidamente evaluado. Cabe recordar que en los
últimos diez años el Estado ha invertido en infraestructura pública un promedio
de 2,3% del PIB anual (CPI, 2014a). Esta no es una cifra satisfactoria si se aspira
a desarrollar una infraestructura pública similar a la de países desarrollados, pero
sería un gran avance si los gobiernos pudieran mantener ese nivel de inversión a lo
largo de la próxima década. Este monto excluye las inversiones en los sectores de
aguas sanitarias, energía y telecomunicaciones que en Chile son operados desde
el sector privado.