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Revitalizar el sistema de concesiones y desarrollar nuevos mecanismos de
asociación público privada (APP) que permitan elevar la inversión en infraestructura
pública,
más allá de los esfuerzos que pueda realizar el Estado, para alcanzar las
metas de inversión que se establezcan. En los últimos quince años se ha registrado
una inversión privada en infraestructura pública de entre 0,1% y 1,2% del PIB, aunque
en los últimos cinco años ha fluctuado en la parte baja de ese rango. Por tanto,
es ambicioso pero no desmedido proponerse desarrollar políticas y proyectos que
permitan que el sector privado vuelva a invertir, al cabo de los próximos seis años,
algo más de 1% del PIB anual, llegando así a la meta de inversión propuesta.
Con este propósito, el CPI estima fundamental contar con un Fondo de Inversiones
en Infraestructura,
para proveer garantías, y eventualmente cofinanciamiento
para nuevos proyectos de infraestructura financiados por el sector privado.
Asimismo, el Fondo debería contribuir a identificar, diseñar y evaluar una cartera
de proyectos estratégicos que puedan ser ejecutados en el mediano y largo plazo.
Esta combinación de identificación y financiamiento de proyectos puede constituir
un poderoso aliciente para las inversiones privadas en infraestructura pública.
Definir criterios para una política tarifaria por sector económico
para los servicios
asociados a la infraestructura pública de modo de reconocer su escasez, develar
los costos reales de las prestaciones y posibilitar una adecuada gestión de recursos.
De igual forma, diseñar mecanismos de subsidios transparentes, asociados a las
políticas públicas de desarrollo, terminando con los subsidios encubiertos que
muchas veces dan lugar a incomprensiones políticas.