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A continuación se abordan los temas considerados prioritarios por el CPI para dotar a
Chile de una infraestructura que le permita alcanzar los objetivos de calidad de vida
y productividad deseados, en un horizonte de quince a veinte años. Cada una de las
áreas observadas representa un problema real, un cuello de botella o un desafío a
resolver; es necesario que las políticas públicas se hagan cargo de cada uno de ellos,
aunque no necesariamente al mismo tiempo y con la misma urgencia.
El país no dispone de la institucionalidad, los proyectos ni los recursos humanos y
financieros para asumir todos estos desafíos en forma simultánea. Cuáles se aborden
primero y el orden en que se ejecute cada uno de ellos dependerá de las evaluaciones
sociales realizadas y de las prioridades y urgencias identificadas por cada gobierno.
Lo importante es que exista un compromiso a no desatender ninguno de ellos, y que
se cuente con la determinación de seguir aplicando las políticas adoptadas -con las
correcciones que la experiencia indique-, hasta alcanzar las metas propuestas. Postergar
o abandonar iniciativas en curso, paralizando obras o dejándolas inconclusas, aumenta
el costo de los proyectos y programas de inversión, con la consecuente pérdida de
recursos escasos.
Finalmente, no podemos olvidar que la infraestructura requiere de mantenimiento. En el
caso de Chile, este requisito tiene al menos dos dimensiones: reponer lo desgastado y
protegerla de desastres naturales. La mantención y la protección tienen un alto costo.
Sin embargo, el costo de realizar las debidas mantenciones oportunamente y de invertir
en resiliencia es significativamente menor que el costo de reponer estructuras dañadas.
Aún así, hay ocasiones en que los daños a la infraestructura son inevitables o el costo de
hacer todo a prueba de desastres naturales es excesivo. No obstante, el margen para
invertir en protección y mecanismos financieros para la reconstrucción es importante.
Según un estudio de la ONU el costo de los desastres naturales para nuestro país es del
orden de US$ 2.900 millones al año. Por lo tanto, nuestra opinión es que el Estado debe
explorar formas de reducir los costos financieros de reconstruir y reponer infraestructura.