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“¿Qué es lo que se quiere hacer con los recursos
del Fondo? Me preocupa que haya una especie
de crowding out de los actores financieros, donde
quien entra a comprar acciones entra a competir
con el Fondo que tiene un costo de capital más
bajo”, señaló el consultor Sergio Merino.
Se convino que era muy importante focalizar
los objetivos del Fondo de modo de adecuar la
estructura operativa y las facultades a lo que son
sus propósitos fundamentales. En este sentido, hay
coincidencia que el esfuerzo debiera centrarse
en la capitalización de proyectos y en garantías,
que permitan que iniciativas con riesgos no
diversificables en el mercado puedan financiarse
adecuadamente a través del sistema financiero
tradicional.
Otro aspecto debatido fue la institucionalidad
en la que se enmarca el Fondo y las posibles
relaciones de éste con otras instituciones ya
existentes. De acuerdo al proyecto legislativo, el
Fondo debe recurrir a la Ley de Concesiones para
hacer efectivo el valor económico de los bienes
que se le tranfieren. Eso puede superponerse
a las facultades que tienen actualmente el
MOP y la nueva Dirección General de Obras
Concesionadas, cuya creación se discute en el
Congreso.
También hubo debate en torno a la cartera de
proyectos que debiesen ser financiados por el
Fondo de Infraestructura. “Este tiene que tener
una orientación hacia determinados proyectos y
con ciertas condiciones, más bien asociado a la
denominada infraestructura productiva, aquella
que permite vincular un pago por su utilización”,
dijo el consejero del CPI y ex ministro de gobierno,
Sergio Bitar. Luego agregó que “(el Fondo) no
debe competir con el presupuesto de inversiones
asignado al MOP. Eso debe quedar muy claro en
su formulación”.
Asimismo, una visión unánime generó la necesidad de
constituir un gobierno corporativo independiente del
gobierno de turno y enfocarse en el largo plazo para
poder llevar adelante los proyectos de infraestructura
que Chile necesita. No obstante, hay que validar
el hecho de que el Fondo es un instrumento de la
política pública y por lo tanto, no puede abstraerse
del mandato político que al respecto reciben los
sucesivos gobiernos.
La conclusión final fue que será tarea del CPI hacer
propuestas a los parlamentarios y un adecuado
seguimiento del proyecto de ley, de tal manera de
contribuir, con criterios y respuestas, a las preguntas
que surjan de la discusión en el proceso de creación
del Fondo de Infraestructura, asegurando que ésta
sea profunda, seria y pueda alcanzar el mayor
consenso posible.
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Uno de los temas clave
del Fondo de Infraestructura
será focalizar sus objetivos, de
modo de adecuar la estructura
operativa y las facultades
a lo que son sus propósitos
fundamentales.