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LOS DIÁLOGOS
DEL CPI
nuevo recintos carcelarios que permitan contar con el espacio suficiente para una reclusión
digna y con posibilidades ciertas de rehabilitación.
En el Diálogo se generó una interesante discusión sobre los tipos de recintos penales requeridos,
por un lado la propuesta de menos recintos y con más reclusos versus más recintos y menos
reclusos.
Para el director de BESALCO, Florencio Correa, no hay grandes diferencias de estándar entre los
servicios prestados en las cárceles públicas y las concesionadas. Asimismo, los costos asociados
a la construcción de recintos penales se encuentran en un rango de eficiencia razonable.
“El sistema concesionado -dijo- ha demostrado ser exitoso y, en términos generales, ha cumplido
con las expectativas que de él se esperaba en los inicios. En consecuencia, siendo éste un
modelo ya conocido por el mercado, parece recomendable continuar por esta vía, adecuando
los contratos a las nuevas exigencias que señala la experiencia. Lo que no sería recomendable
es desechar esta posibilidad. Una alternativa a explorar puede ser la ampliación de los recintos
existentes, iniciativa que había comenzado a perfeccionarse en el MINJU pero que postergó por
falta de presupuesto”.
Las conclusiones del XVI Diálogo del CPI apuntaron a que es fundamental definir políticas de
Estado para el tema social que regula el sistema carcelario actual, teniendo presente que el
sector público no dispone de los recursos para asegurar las inversiones necesarias para reducir
las brechas existentes y que la APP puede ser una buena solución para esto.
En ese contexto, es conveniente recurrir a sistemas alternativos de financiamiento, en el que
participen empresas que sí cuenten con esos recursos para hacerlo. Aunque hay experiencias de
asociaciones del tipo público privada en el sector carcelario que han sido muy cuestionadas, hay
otras que si han funcionado. En consecuencia, se debe buscar entre las distintas experiencias de
APP un sistema que permita desarrollar la infraestructura requerida, dando seguridad al Estado
que se utilizarán los recursos de manera eficiente y de acuerdo a las normas que éste defina.
Al finalizar el encuentro, la directora nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas,
Jocelyn Fernández, aseguró haber recogido lo expuesto en la actividad y dijo que es una tarea
pendiente “generar nuevas versiones que aumenten los estándares éticos y morales que deben
tener las personas privadas de libertad y que tienen una estrecha relación con la infraestructura
y la instalación de una visión de largo plazo”.
A partir de ello, sostuvo, será posible construir una alternativa que dé origen a una mirada de
largo plazo para enfrentar el desafío que representan las cárceles para Chile. Este deberá
incorporar una mejora en las condiciones de reclusión, en un marco de mayor dignidad de
quienes han sido privados de libertad, de modo que se les permita aumentar sus posibilidades
de rehabilitación.