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El promedio de la sobrepoblación de las

cárceles en algunas regiones en Chile llega al

80%, pero si se considera el porcentaje por recinto,

esa tasa se eleva a 200% en zonas como la

Metropolitana.

el presupuesto, pero siguen existiendo muchas dificultades para implementar políticas públicas y

un plan estratégico de largo plazo en el sector.

“Chile necesita menos cárceles, pero de mayor tamaño y con buena infraestructura y prestación

de servicios” aseveró el profesional.

El promedio de la sobrepoblación de las cárceles en algunas regiones en Chile llega al 80%, pero

si se considera el porcentaje por recinto, ese número se eleva hasta el 200% en algunos lugares

como la Región Metropolitana. Esta situación afecta negativamente las condiciones de vida

de los reclusos e impide una correcta aplicación de las normas de seguridad y de manejo de

los recintos penitenciarios. De esta forma se restringen las posibilidades de rehabilitación de los

reclusos y su posterior reinserción en la sociedad.

Según el documento “¿Cómo avanzar en infraestructura penitenciaria? Propuesta de Política

Pública”, elaborado por Miguel Ángel Cornejo, el sistema carcelario necesita la definición de un

Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria de largo plazo. El libro, publicado recientemente por

el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y utilizado como material de apoyo

en el Diálogo, manifiesta que este Plan debe considerar una segunda generación de servicios,

requerimientos e indicadores que agreguen valor a las personas privadas de libertad.

La realidad actual dificulta que exista espacio para separar a quienes están procesados o

imputados, de quienes están cumpliendo condena, lo que disminuye considerablemente las

posibilidades de rehabilitación. Consciente del hacinamiento, en 2012 se aprobó la Ley 20.588,

la cual disminuye los requisitos para optar a la libertad condicional. Sin embargo, lo ocurrido

recientemente en relación a los 1.600 reos puestos en libertad, como consecuencia de esta

normativa, tiende un manto de dudas acerca del camino por el que se ha optado.

La decisión de mantener a una persona privada de libertad o no, no debiera estar influenciada

por la disponibilidad de espacios. Para evitar que situaciones de este tipo puedan ocurrir, la

discusión central debe enfocarse en cómo reducir el gran déficit en capacidad física de nuestras

cárceles. La única forma de enfrentar este tema es a través de la construcción y operación de