96 / 122
96
C O N S E J O D E
P O L Í T I C A S D E
I N F R A E S T R U C T U R A
¿Cómo evaluar un proyecto específico si no hay un objetivo concreto
que se trate de alcanzar? ¿Por su rentabilidad económica privada? Es
decir, ¿por la mayor diferencia entre costos y beneficios monetarios?
¿Qué se hace si ese proyecto no mejora la equidad?
¿Qué se hace si un proyecto de infraestructura aumenta la
contaminación o destruye un paisaje, pero eleva el ingreso per
cápita?
¿Cuál de los dos elementos contribuye más a la “calidad de vida”? y
¿cómo se comparan?
También es posible que haya proyectos que mejoren la competitividad
económica, pero que de no cambiarse los parámetros de evaluación,
puede que no pasen la revisión del Sistema de Inversión Nacional. Bien
podría ser el caso de los pasos y túneles transandinos o el puerto de gran
escala, como lo fue anteriormente el caso del Puente Chacao. De ahí la
importancia de evaluar “programas de inversión” y no sólo proyectos
individuales.
Las preguntas anteriores no tienen respuestas obvias pero no por ello
pueden dejar de debatirse. Ciertamente, lo más costoso para el país es
que sean las comunidades o los “activistas” los que pongan los límites,
una vez que los proyectos estén definidos, en proceso de construcción o
ya construidos y que se hayan gastado fuertes sumas en su formulación
preliminar, como fue el caso de HidroAysén
59
.
La forma actual de determinar qué proyectos de infraestructura pública se
construyen le impide al país tomar decisiones que cambien “el estado del
mundo” en temas de infraestructura. Hay quienes piensan que el sistema
actual es el más razonable, pero contrariamente a esta opinión, hay
quienes consideran que precisamente por hacer ahorros mal concebidos
en la inversión en infraestructura y pensar que “la carga se arregla en el
camino”, de forma incremental, es que el Transantiago fue un desastre en
sus inicios.
59 Otra cosa, desde luego, es que las Cortes ordenen paralizar actividades, por no cumplir con las
normas, como ha ocurrido con algunos proyectos mineros y energéticos.