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C O N S E J O D E
P O L Í T I C A S D E
I N F R A E S T R U C T U R A
de estos aspectos por parte del Estado, así como del aporte de importantes
gremios de empresarios y de profesionales y del resultado de la experiencia
de nuestros integrantes, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI),
concluyó en el informe
“Bases para una Propuesta”
que el país debe
no sólo proyectar la inversión en el largo plazo, sino también invertir
el equivalente al 3,5% del PIB en infraestructura, además de lo que se
invierta en telecomunicaciones, energía, agua potable, recolección de
aguas servidas y su tratamiento.
Esta misma iniciativa fue planteada por la Presidenta Michelle Bachelet,
al presentar el programa de inversiones del MOP en el documento
“Chile
30.30”
. Habló entonces de elevar la inversión pública en infraestructura,
excluyendo energía y los demás sectores regulados, en un punto
porcentual, para llegar a 3,5% del PIB anual en los próximos ocho años.
Como se puede ver, poco a poco se ha ido alcanzando un cierto consenso
acerca de la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura. Si
bien aún puede persistir la idea a nivel de la comunidad de que este asunto
no es prioritario, como lo revelan las encuestas de opinión donde no
aparece el tema, la coincidencia de miradas desde diferentes instancias,
progresivamente ha logrado hacer ver la necesidad de comenzar a
ocuparse de estas materias. En la medida en que la ciudadanía conozca
el valor y la importancia de los proyectos de infraestructura, se logrará
la legitimización social de éstos, allanando por lo tanto el camino para su
adecuada y oportuna ejecución.
Hay situaciones coyunturales que motivan a otros actores a prestar
atención a los temas de infraestructura. Por ejemplo, en 2014 la economía
chilena entró en una fase de desaceleración donde se proyectó que la
expansión del PIB sería inferior al 2% y que en 2015 se obtendría una
tasa algo mayor a 2,5%. Bien se sabe, desde que John M. Keynes publicó
su
“Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero”
(1936), que frente
a situaciones recesivas el Estado puede jugar un papel reactivador,
acelerando las inversiones.
Estudios empíricos de organismos internacionales indican que bajo
condiciones bastante generales, un aumento de la inversión pública tiene
un efecto “multiplicador”, es decir, más que proporcional, que ayuda