Jueves, Marzo 28, 2024

Gobierno estudia rebaja de la tarifa del transporte para población vulnerable

LA TERCERA – Tras el estallido social de octubre pasado, diversas políticas se analizan al interior del gobierno para aliviar a las familias de menores ingresos. De hecho, el tema fue tocado en la última sesión del Panel de Expertos del Transporte Público, entidad que, precisamente, determinó un mes antes subir la tarifa de Metro en $ 30 pesos, desatando la crisis.
El tema se abordó en la sesión del 28 de noviembre pasado, tal como consta en el acta a la que tuvo acceso La Tercera.
El presidente del panel y académico de la UC, Juan Enrique Coeymans, abrió el debate al plantear “si pudiera existir un financiamiento distinto del transporte público, en el caso de que este fuera gratuito”.
En esa línea, otro miembro de la instancia, el doctor en Economía Juan Pablo Montero, añadió “no estar de acuerdo con un transporte gratuito”, sino que “sería preferible ayudar a las personas de menores ingresos, pero no una baja masiva (de la tarifa)”.
El tercer miembro del panel, el economista Claudio Agostini, añadió que existen datos para “hacer una correlación geográfica en cuanto a bajar las tarifas en aquellas zonas en que existe seguridad de que el mayor porcentaje de personas es de bajos ingresos”.
Y sobre este punto, el acta indica que Michael Stefanic, coordinador de estudios financieros del Directorio del Transporte Metropolitano, anunció que “el ministerio se encuentra haciendo estudios en relación a determinar los lugares donde las personas efectivamente duermen, para efectos de definir bajas de tarifas u otorgar tarjetas especiales”.
Ayer, Fernando Saka, director del Transporte Público Metropolitano, precisó que la gerencia de finanzas y control está haciendo estudios sobre “la rebaja de la tarifa al adulto mayor, cómo incentivar la disminución de la evasión (del pago del pasaje) y una rebaja tarifaria a aquellas personas de las comunas más vulnerables”. Saka añadió que se trata de análisis “preliminares”, que también deben ser evaluados por el Ministerio de Hacienda.
Tarifas congeladas
La primera reunión que celebró el panel tras el estallido fue el 25 de octubre pasado, una semana después de la crisis, precedida de evasiones masivas y ataques a las estaciones. A esa sesión asistió la ministra de Transportes, Gloria Hutt.
Según el documento, Hutt expuso los alcances de la ley aprobada el 20 de octubre, que facultó al Presidente de la República para dejar sin efecto el alza de las tarifas y manifestó que se trata de una “facultad especial que se otorga solo al Presidente para que, por razones fundadas y con autorización del Ministerio de Hacienda, revierta las decisiones del panel”. Además, añadió la ministra que la ley aprobada “no afecta la independencia ni el mecanismo (…) mediante el cual el panel toma sus decisiones de determinar sus tarifas”.
En las reuniones, los expertos debatieron respecto de cómo se financia el sistema. Sobre esto, Coeymans propuso a la ministra Hutt que se evalúe “modificar la política de financiamiento de las inversiones de la empresa Metro, que obliga a pagar un tercio de dichas inversiones a través del subsidio al transporte público (…), ya que no son subsidios de tipo social que correspondan a Transportes”.
En tanto, Agostini consultó a la secretaria de Estado sobre cómo se solventaría el transporte público en caso de que el Presidente deje sin efecto el alza de tarifas, ya que “es obligación legal del panel velar porque el sistema no tenga déficit (…). Si se revierte el alza de tarifas y no se entrega financiamiento adicional, aumentaría el déficit, lo cual obligaría al panel a determinar una nueva alza para reducir déficit y cumplir con su obligación legal”.
A esto, la ministra respondió que en “caso de que el Presidente deje sin efecto o limite un alza de tarifas, la decisión debe ir acompañada de una inyección de recursos que compense completamente la medida”.
Mientras, Montero sugirió a Hutt que a futuro “podría analizarse si las tarifas del transporte quedaran fijas, pero con un IPC asociado cada cierto tiempo”. Ante ello, Hutt indicó que “se evaluarán las iniciativas planteadas, junto a las estructuras de financiamiento actuales, con el fin de efectuar cambios legales a futuro”.


Fuente: La Tercera, Jueves 16 de Enero de 2020

LA TERCERA – Tras el estallido social de octubre pasado, diversas políticas se analizan al interior del gobierno para aliviar a las familias de menores ingresos. De hecho, el tema fue tocado en la última sesión del Panel de Expertos del Transporte Público, entidad que, precisamente, determinó un mes antes subir la tarifa de Metro en $ 30 pesos, desatando la crisis.
El tema se abordó en la sesión del 28 de noviembre pasado, tal como consta en el acta a la que tuvo acceso La Tercera.
El presidente del panel y académico de la UC, Juan Enrique Coeymans, abrió el debate al plantear “si pudiera existir un financiamiento distinto del transporte público, en el caso de que este fuera gratuito”.
En esa línea, otro miembro de la instancia, el doctor en Economía Juan Pablo Montero, añadió “no estar de acuerdo con un transporte gratuito”, sino que “sería preferible ayudar a las personas de menores ingresos, pero no una baja masiva (de la tarifa)”.
El tercer miembro del panel, el economista Claudio Agostini, añadió que existen datos para “hacer una correlación geográfica en cuanto a bajar las tarifas en aquellas zonas en que existe seguridad de que el mayor porcentaje de personas es de bajos ingresos”.
Y sobre este punto, el acta indica que Michael Stefanic, coordinador de estudios financieros del Directorio del Transporte Metropolitano, anunció que “el ministerio se encuentra haciendo estudios en relación a determinar los lugares donde las personas efectivamente duermen, para efectos de definir bajas de tarifas u otorgar tarjetas especiales”.
Ayer, Fernando Saka, director del Transporte Público Metropolitano, precisó que la gerencia de finanzas y control está haciendo estudios sobre “la rebaja de la tarifa al adulto mayor, cómo incentivar la disminución de la evasión (del pago del pasaje) y una rebaja tarifaria a aquellas personas de las comunas más vulnerables”. Saka añadió que se trata de análisis “preliminares”, que también deben ser evaluados por el Ministerio de Hacienda.
Tarifas congeladas
La primera reunión que celebró el panel tras el estallido fue el 25 de octubre pasado, una semana después de la crisis, precedida de evasiones masivas y ataques a las estaciones. A esa sesión asistió la ministra de Transportes, Gloria Hutt.
Según el documento, Hutt expuso los alcances de la ley aprobada el 20 de octubre, que facultó al Presidente de la República para dejar sin efecto el alza de las tarifas y manifestó que se trata de una “facultad especial que se otorga solo al Presidente para que, por razones fundadas y con autorización del Ministerio de Hacienda, revierta las decisiones del panel”. Además, añadió la ministra que la ley aprobada “no afecta la independencia ni el mecanismo (…) mediante el cual el panel toma sus decisiones de determinar sus tarifas”.
En las reuniones, los expertos debatieron respecto de cómo se financia el sistema. Sobre esto, Coeymans propuso a la ministra Hutt que se evalúe “modificar la política de financiamiento de las inversiones de la empresa Metro, que obliga a pagar un tercio de dichas inversiones a través del subsidio al transporte público (…), ya que no son subsidios de tipo social que correspondan a Transportes”.
En tanto, Agostini consultó a la secretaria de Estado sobre cómo se solventaría el transporte público en caso de que el Presidente deje sin efecto el alza de tarifas, ya que “es obligación legal del panel velar porque el sistema no tenga déficit (…). Si se revierte el alza de tarifas y no se entrega financiamiento adicional, aumentaría el déficit, lo cual obligaría al panel a determinar una nueva alza para reducir déficit y cumplir con su obligación legal”.
A esto, la ministra respondió que en “caso de que el Presidente deje sin efecto o limite un alza de tarifas, la decisión debe ir acompañada de una inyección de recursos que compense completamente la medida”.
Mientras, Montero sugirió a Hutt que a futuro “podría analizarse si las tarifas del transporte quedaran fijas, pero con un IPC asociado cada cierto tiempo”. Ante ello, Hutt indicó que “se evaluarán las iniciativas planteadas, junto a las estructuras de financiamiento actuales, con el fin de efectuar cambios legales a futuro”.


Fuente: La Tercera, Jueves 16 de Enero de 2020

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